Luego de conocerse el lunes 21 de julio la dura advertencia del juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, al expresidente Jair Bolsonaro sobre la posibilidad de decretar su detención preventiva si incumple las medidas cautelares que le impiden utilizar redes sociales en su nombre o a través de terceros, una de las reacciones provino del presidente colombiano Gustavo Petro, que celebró la decisión.
Moraes emitió la advertencia tras detectar que Bolsonaro publicó enlaces a entrevistas recientes en sus perfiles digitales y, del mismo modo, lo obligó a usar la tobillera electrónica para cerciorarse de que cumpla con las medidas dispuestas en su sitio de detención domiciliaria. Siendo esta la determinación que más ha indignado al controversial político, como se lo ha hecho saber a los medios de comunicación.
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La restricción prohíbe tanto transmisiones, como retransmisiones o la publicación de audios, vídeos o transcripciones de declaraciones, ya sea de manera personal o mediante otras personas, en cualquier red social. “El investigado no se puede valer de esos medios para burlar la medida so pena de inmediata revocación y decreto de prisión”, señaló Moraes en la resolución emitida por su despacho.
En ese sentido, Petro se pronunció en sus redes sociales y, por lo visto en su mensaje, se mostró complacido por la forma en que está actuando la justicia del país vecino. No era de extrañarse su publicación, emitida desde Santiago de Chile, en donde participa junto a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, del encuentro Democracia Siempre: del que también hace parte el local Gabriel Boric, y el español Pedro Sánchez.
“Se hace justicia en Brasil con un fascista. El fascismo no es ideología, es crimen“, expresó el primer mandatario en su publicación, que acompañó de un video en el que se ve a Bolsonaro con el artilugio electrónico en su pierna izquierda, en un encuentro con periodistas. Con este mensaje, reafirmó no solo su animadversión con el exjefe de Estado brasileño, sino su apoyo a su homólogo y amigo, Lula.
Precisamente estas imágenes son de la visita de Bolsonaro el lunes 21 de julio en Brasilia, cuando desafió al Supremo de Justicia al presentarse en la Cámara de Diputados: en donde exhibió la tobillera y estuvo a punto de incumplir las restricciones al dar declaraciones a la prensa, lo cual tiene expresamente prohibido.
¿Por qué Jair Bolsonaro está bajo control de la justicia de Brasil?
El origen de estas cautelares se relaciona con la investigación contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, señalado de una supuesta colaboración con el Gobierno de Estados Unidos para promover represalias contra el Ejecutivo brasileño y por obstaculizar las pesquisas sobre el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, en contra de Da Silva, que generó caos.
Dentro de las medidas se destacan, además del uso de tobillera electrónica, la reclusión domiciliaria nocturna entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., de lunes a viernes, además de confinamiento completo durante los fines de semana y días festivos. Las restricciones, en ese sentido, incluyen la prohibición de acercarse o acceder a embajadas y consulados extranjeros, pues le fueron cancelados sus derechos políticos.
A su vez, el veterano expresidente, que gobernó entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2023, tiene restricción absoluta en el uso de redes sociales. “El juicio por el golpe es político”, declaró Bolsonaro a los periodistas al salir de la sede de la Policía Federal, en donde le fue puesta el viernes 18 de julio la tobillera electrónica por orden de la Corte Suprema, que abrió un nuevo proceso vinculado al juicio en su contra.
En sus declaraciones negó que su intención fuera dejar el país. “Las sospechas son una exageración… ¡Maldita sea! Soy un expresidente, tengo 70 años”, declaró el extitular del jecutivo en Brasil, que no ha ocultado su enojo de llevar en sus piernas el dispositivo, activo día y noche. “Esto aquí es un símbolo de máxima humillación”, dijo el político, que en caso de ser culpable enfrentaría una pena de hasta cuatro décadas.
