Un informe de la firma estadounidense Culper Research ha generado controversia en el sector empresarial colombiano al señalar a Tecnoglass, una de las compañías más destacadas del país en el sector de la construcción, y a la familia Char por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y supuestas irregularidades financieras.
La investigación, conocida por la revista Cambio, cuestiona la reputación de la empresa barranquillera, cuyas operaciones en Estados Unidos han reportado ingresos millonarios y la han posicionado como líder en la fabricación de ventanales para grandes proyectos inmobiliarios, especialmente en Florida.
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De hecho, la investigación fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro cuestionara a la justicia colombiana por no adelantar averiguaciones del caso, a pesar de las pruebas que tendría en su poder el país norteamericano
“¿No debería ser investigado esto por la justicia?“, fue el escueto mensaje que publicó el jefe de Estado en su cuenta de X.
El documento, publicado el 21 de agosto, expone una serie de acusaciones que involucrarían a los principales ejecutivos de Tecnoglass y a miembros destacados de la familia Char.
En su informe de 35 páginas, la firma retoma y amplía los señalamientos sobre presuntos nexos entre la empresa, la familia Daes —propietaria de Tecnoglass— y el Cartel de Sinaloa, así como operaciones empresariales que, según el reporte, presentan inconsistencias y movimientos financieros poco claros.
Uno de los ejes centrales del informe es la supuesta utilización de Serfinanza, el banco de la familia Char, por parte del Cartel de Sinaloa y Los Chapitos para mover grandes sumas de dinero.
Esta acusación se basaría en información filtrada en 2023 a través del hackeo masivo conocido como los Guacamaya Leaks, que incluyó documentos de la Agregaduría Militar de la embajada de México en Bogotá. Según ese informe confidencial, Serfinanza habría servido como canal para operaciones financieras ilícitas, y se menciona la participación de un ciudadano mexicano identificado como Abel Díaz Ruiz, presunto miembro del Cartel de Sinaloa, quien habría viajado en varias ocasiones a Barranquilla y Cartagena para coordinar rutas marítimas de tráfico de drogas y movimientos de dinero. El informe también hace referencia a reuniones en un inmueble denominado ‘La Casa Blanca’.
A diferencia de investigaciones periodísticas previas, el reporte de Culper Research revelaría los nombres de otros empresarios barranquilleros presuntamente implicados en estas operaciones. La firma investigadora rastreó los vínculos comerciales y empresariales entre los Char, Serfinanza, los Daes y Tecnoglass, y expresó su preocupación por “las innumerables conexiones entre los miembros de Tecnoglass, la familia Daes y Serfinanza”, según consta en el informe citado por CAMBIO.
El informe de Culper Research no se limita a los presuntos vínculos con el narcotráfico. También señala supuestas irregularidades en la adquisición de la empresa ES Metals. Tecnoglass compró el 70% de ES Metals a finales de 2019, sin que se conociera el valor de la operación ni la identidad de los vendedores.
Posteriormente, en noviembre de 2023, la compañía adquirió el 30% restante a Incantesimo SAS, una empresa colombiana constituida en diciembre de 2022 como filial de Iremia SAS, de Medellín. La transacción se realizó por 5,5 millones de dólares, pero, según Culper Research, ni Incantesimo ni Iremia declararon activos que reflejaran el ingreso de esos fondos. Ambas empresas reportaron cero ingresos y activos mínimos, y en diciembre de 2023 y febrero de 2024, respectivamente, votaron por su disolución y cancelaron sus registros, lo que plantearía interrogantes sobre el destino de los pagos realizados por Tecnoglass.
Culper Research también advierte sobre una posible sobrevaloración de las acciones de Tecnoglass en Estados Unidos. El informe conodico por la revista Cambio señala que, mientras en 2022 la empresa reportó una cartera de pedidos fuera de Florida de aproximadamente 167 millones de dólares y en 2023 la cifra ascendió a 191 millones, en 2024 solo declaró ingresos por fuera de ese estado por 93 millones de dólares, la mitad de lo inicialmente informado.
Para la firma investigadora, esto “sugiere que, o bien una parte significativa de la cartera de pedidos fuera de Florida de la empresa es propensa a cancelarse, o la empresa está simplemente exagerando su cartera de pedidos fuera de Florida”, según el documento conocido por Cambio.
El caso de Tecnoglass no es nuevo en el radar de las firmas investigadoras estadounidenses. En diciembre de 2021, Hindenburg publicó un informe en el que también cuestionaba a la empresa por presuntos vínculos con organizaciones criminales, aunque en ese caso se hacía referencia al extinto Cartel de Cali. Hindenburg aseguró que, en 1996, los hermanos José y Christian Daes formaron parte de un grupo acusado por fiscales estadounidenses de traficar más de 200 toneladas de cocaína, contrabandear armas y lavar dinero para el Cartel de Cali.
Además, el informe establecía conexiones entre los Daes y la familia Álvarez Iragorri, señalada como testaferro de la banda de narcotraficantes Los Mellizos, y cuestionaba la transparencia de Tecnoglass en sus relaciones con empresas supuestamente independientes pero vinculadas a la familia Daes. Hindenburg también puso en duda la adquisición de ES Metals, sugiriendo que los verdaderos dueños eran los hijos de los Daes.
Frente a las acusaciones, Tecnoglass ha respondido en ambas ocasiones con comunicados oficiales. La empresa ha señalado que los informes de Culper Research y Hindenburg forman parte de un modelo de negocio basado en posiciones cortas, una estrategia financiera en la que los inversionistas apuestan a la caída del valor de las acciones para obtener ganancias.
En su respuesta más reciente, Tecnoglass calificó las acusaciones de Culper Research como “falsas, engañosas e infundadas”, y afirmó que el informe constituye “un claro intento de manipular el mercado y perjudicar a los accionistas de la compañía”.
La empresa explicó que las denuncias principales ya fueron revisadas y abordadas en 2022 por un comité especial de miembros independientes del Consejo de Administración, con el apoyo de asesores legales y contables externos, sin que se encontrara evidencia de irregularidades, fraude o inexactitudes financieras.
