En su mensaje publicado en la red social X, Gustavo Petro puso énfasis en que tres años de indagaciones no han logrado probar la existencia de fondos ilícitos en los recursos utilizados durante su campaña presidencial. Según informó Europa Press, el presidente de Colombia respondió así a la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó económicamente a los responsables financieros de su campaña de 2022, acusándolos de sobrepasar los límites legales de financiación por una suma estimada de 5.300 millones de pesos colombianos, equivalente a 1,2 millones de euros, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral.
De acuerdo con Europa Press, Petro rechazó de manera tajante las acusaciones y las sanciones impuestas por el CNE. El mandatario sostuvo que no existe evidencia alguna de dinero procedente del narcotráfico en su campaña presidencial, afirmando: «No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no han encontrado un peso». El presidente atribuyó la sanción a razones políticas, explicando que la oposición controla el organismo electoral e influyó en la resolución tomada por el CNE.
El medio Europa Press detalló que en sus declaraciones Petro hizo referencias indirectas al magistrado Majer Nayi Abushihab. Aunque el nombre no se mencionó explícitamente, el presidente señaló que el conjuez actuó en favor de intereses contrarios a su proyecto político, resaltando sus vínculos con figuras del espectro conservador y del sistema judicial. En palabras de Petro, el conjuez es “el abogado de ‘Fico’”, apodo que hace referencia a Federico Gutiérrez, actual alcalde conservador de Medellín y adversario político del mandatario. Petro aseveró además que Abushihab “ya nos había demandado”, cuestionando la imparcialidad del funcionario.
Según publicó Europa Press, la postura del jefe de Estado incluyó críticas a otros actores vinculados al proceso de sanción. Petro señaló a Daniel Hernández, exabogado del expresidente Álvaro Uribe y actual fiscal, y a Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación. El mandatario los enmarcó dentro de un grupo de personas que, desde su punto de vista, integran una red con intereses opuestos a su administración.
Petro denunció una “doble moral” por parte del sector opositor, aseverando que el Consejo Nacional Electoral opera conforme a fines políticos y no a las pruebas recabadas. El presidente declaró que la sanción fue impuesta por la oposición y subrayó que la decisión del CNE no es aceptada por su equipo ni por la coalición que lo llevó a la presidencia.
Europa Press consignó que esta es la primera ocasión en que la máxima autoridad electoral de Colombia dictamina una sanción contra una campaña presidencial. Según reportó el medio, las multas afectaron directamente a tres cargos clave del equipo de Petro: Ricardo Roa, quien ejerció como gerente y actualmente lidera la petrolera estatal Ecopetrol; Lucy Aidee Mogollón, la tesorera de la campaña; y María Lucy Soto, auditora del proceso.
El fallo también incluyó medidas sancionatorias para los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, dos de los movimientos integrantes de la coalición “Pacto Histórico” que respaldó la candidatura de Gustavo Petro. De acuerdo con la información brindada por Europa Press, estas fuerzas políticas resultaron penalizadas por su papel en el financiamiento de la campaña electoral.
En sus intervenciones, el mandatario colombiano remarcó la naturaleza administrativa de la decisión del CNE e insistió en que la sanción se fundamenta en factores ajenos a la realidad financiera de la campaña. Petro reiteró su desacuerdo con la resolución y la calificó de extemporánea y parcial, dirigida por actores a los que vinculó con intereses particulares y con una trayectoria de cuestionamientos.
Según la cobertura de Europa Press, la polémica en torno a la sanción administrativa pone de manifiesto las tensiones políticas entre el gobierno y la oposición en Colombia, mientras el propio Petro asegura que su equipo legal continuará la defensa frente a las resoluciones adoptadas por las autoridades electorales.
