Dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron sentenciados a prisión efectiva por exigir el pago de una coima a dos adolescentes durante una intervención en la ciudad de Huaura, provincia del norte chico limeño. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura acreditó ante el Poder Judicial que los agentes Jefferson Piscoya y Jesús Montenegro cometieron cohecho pasivo propio al solicitar S/ 300 a los menores a cambio de evitar su detención.
El caso se originó en una intervención ocurrida de madrugada, cuando los efectivos detuvieron a dos menores de 15 años que circulaban en motocicleta sin portar cascos de seguridad por las calles de Huaura. Los agentes obligaron a los adolescentes a descender del vehículo y procedieron a quitarles diversas pertenencias: teléfonos celulares, billeteras con dinero en efectivo, cargador, llaves y documentos nacionales de identidad.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Huaura, los suboficiales esposaron a los jóvenes, los subieron a una patrulla oficial y les informaron verbalmente que debían entregar S/ 300 para “solucionar el problema” y evitar ser llevados al calabozo.
Frente a la presión y las amenazas, uno de los menores hizo el pago por medio de una transferencia digital. Posteriormente, los adolescentes fueron liberados en la vía pública sin entregarles constancia escrita de su intervención y sin devolverles los objetos personales que les habían sido incautados.
Las pruebas clave aportadas por la Fiscalía incluyeron el acta de denuncia verbal, capturas de pantalla de la transacción y registros de servicio, así como las hojas de ruta del patrullero asignado a la comisaría de Huaura. Las autoridades judiciales concluyeron que existían suficientes elementos de convicción para establecer la responsabilidad penal de los dos suboficiales.
La sentencia impuesta fue de nueve años, diez meses y quince días de prisión efectiva para cada uno por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. El proceso fue conducido por el fiscal provincial Cristian Manrique Mendoza, integrante del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura. En la audiencia se valoraron las capturas de la billetera digital, así como la verificación de los turnos de los agentes y las rutas seguidas por los patrulleros la noche de la intervención.
Dentro de la investigación, el fiscal solicitó también el levantamiento del secreto de las comunicaciones de uno de los acusados, Jefferson Piscoya, para comprobar el contacto telefónico entre el agente y los menores, medida que contribuyó a profundizar las pesquisas sobre el accionar policial.
El escándalo tuvo repercusión en la comisaría de Huaura, donde se efectuaron varias diligencias para ubicar pruebas relacionadas con la presunta concusión y el cohecho. El proceso judicial continuará con la ejecución de la sentencia y la evaluación de eventuales apelaciones. El caso ha puesto bajo escrutinio las prácticas de algunos agentes de la PNP y la respuesta institucional en la región de Huaura, mientras se espera la implementación de sanciones y posibles reformas en la supervisión de intervenciones policiales a menores de edad.
