El Poder Judicial ordena a Rutas de Lima ha ordenado suspender los peajes de Villa y Punta Negra. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac resolvió declrarar fundad, en parte, la demanda de habeas corpus impuesta por la Municipalidad Distrital de Santa maría del Mar contra la compañía por vulneración del derecho a la libertad de tránsito. En caso no se cumpla, podrían imponerse sanciones de multa consecutiva, indica el texto del documento, según Canal N
El 9 de enero de 2013 se celebró el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima, SAC, por un plazo de 30 años. Este contrato habría sido el resultado del pago de millonarias coimas a la exalcaldesa de la capital, Susana Villarán,
Los tramos de concesión que son el que corresponde al kilómetro 31.5 de la Panamericana Norte, el intercambio vial a desnivel Habich y el intercambio vial de acceso a Ancón.
Rutas de Lima había anunciado disolución
Un mes atrás, en septiembre, Rutas de Lima había informado que iniciará un proceso de disolución y liquidación. La compañía atribuyó esta decisión al hostigamiento y presiones por parte de la Municipalidad de Lima, situación que definió como insostenible para mantener sus operaciones.
Según el comunicado emitido por la empresa, el clima generado por las autoridades municipales ha afectado su capacidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la concesión. La relación se deterioró, mencionan, luego de múltiples desencuentros y decisiones administrativas unilaterales por parte del municipio, que incluyeron la restricción de cobro de peajes y otros mecanismos de recaudación.
El grupo resaltó que, tras analizar sus alternativas, concluyó que continuar operando bajo estas condiciones no resultaba viable. Además, destacó que el contrato suscrito originalmente buscaba garantizar la modernización y mantenimiento de la infraestructura vial, función que considera obstaculizada por las medidas recientes del gobierno local.
Señalaron, además, que la liquidación implicará la terminación de todos sus compromisos laborales y comerciales, así como la entrega de la concesión a las autoridades correspondientes. Añadió que respetará los procedimientos legales establecidos para este tipo de procesos y que comunicará oportunamente a los usuarios cualquier cambio relevante en la administración de las vías.
Por su parte, El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que exigirá al fondo canadiense Brookfield el pago de una indemnización al Estado peruano por un monto superior a los S/ 3 mil millones, luego de que la concesionaria Rutas de Lima fuera liquidada.
Es en este escenario que el exburgomaestre solicitó al Concejo Metropolitano presentar una moción para iniciar acciones civiles contra la firma canadiense. “Que nos devuelvan todo el dinero que se ha tirado acá partiendo de un contrato corrupto, es muy simple”, dijo.
“Vamos a pedir, y apunten bonito, que Brookfield le pague al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de solares, que nos compensen todo el daño que nos han hecho”, declaró en una actividad pública en el distrito de San Martín de Porres.
