Con el objetivo de reforzar los criterios institucionales en el uso de la fuerza y garantizar una actuación policial alineada con los derechos humanos y los estándares internacionales, la Policía Nacional dio a conocer su nuevo “Manual para el Empleo de Armas, Municiones, Elementos y Dispositivos Menos Letales (AML) y su clasificación técnica”.
El documento fue formalizado mediante la Resolución 01840 de 2025, firmada por el Ministerio de Defensa y ya en vigor desde su publicación oficial.
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Esta resolución reemplaza a la Resolución 01716 del 31 de mayo de 2021 y representa un paso hacia la consolidación de criterios técnicos y operativos más rigurosos en el uso de recursos menos letales por parte del personal uniformado.
Este nuevo marco normativo fue construido de manera participativa, incluyendo en su elaboración a organizaciones de derechos humanos, la Oficina de la ONU en Colombia, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
El manual establece criterios de aplicación obligatoria para todos los agentes uniformados y busca asegurar que el uso de AML se dé bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad, constitucionalidad y diferenciación. En la práctica, esto implica que, antes de acudir al uso de dispositivos físicos, se privilegien las estrategias de diálogo, mediación y persuasión. Solo cuando estas resulten ineficaces, se contemplará el empleo de medios menos letales.
Según la normativa, los elementos contemplados como AML deben ser utilizados únicamente por personal capacitado, que haya recibido formación específica en los niveles de uso progresivo de la fuerza.
El documento también incorpora una clasificación técnica de los dispositivos autorizados, con el fin de estandarizar su uso y reducir riesgos tanto para la ciudadanía como para los miembros de la institución.
Con esta actualización, la Policía Nacional reafirma su intención de consolidar una doctrina operativa más transparente y ajustada a los derechos fundamentales, sin comprometer su capacidad de intervención.
El nuevo enfoque se suma a otras reformas orientadas a modernizar la gestión del servicio policial en Colombia, en un contexto en el que tanto la ciudadanía como los organismos internacionales han hecho llamados insistentes por mayor control, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en el accionar de las fuerzas del orden.
Este avance normativo, que incorpora recomendaciones de instancias multilaterales, también apunta a robustecer la seguridad jurídica de los agentes frente a situaciones de uso de la fuerza.
Así mismo, pretende brindar mayores garantías a la ciudadanía sobre la legitimidad y transparencia en la actuación policial.
“Todo procedimiento policivo podrá ser grabado”: lo que debe saber para identificar un retén legal
Según lo estipula el Código Nacional de Tránsito, los retenes son definidos como “puestos de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”.
A pesar de su función preventiva, con frecuencia se han denunciado retenes ilegales organizados por personas ajenas a las autoridades. Estas intervenciones no autorizadas atentan contra el derecho a la libre circulación y pueden convertirse en escenarios propicios para robos o extorsiones. Por esta razón, es crucial saber identificar cuándo se está ante un procedimiento legítimo.
La normativa colombiana establece una serie de condiciones que deben cumplirse para que un retén sea considerado válido. Entre los principales referentes legales se encuentran la Constitución Política, la Ley 769 de 2002 —en particular el parágrafo 2 del artículo 4 y el artículo 7 parágrafo 2—, la Resolución 9960 del 13 de noviembre de 2002 y el reglamento de vigilancia urbana y suburbana de la Policía Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, uno de los primeros indicadores de legalidad en un retén es la presencia de señalización visible. El Manual de Señalización Vial regula el uso de conos, señales reflectivas y otros elementos que deben alertar al conductor con antelación sobre el control en la vía.
Además, “se deben ubicar en un lugar visible y cumplir como mínimo con un vehículo de la especialidad, chalecos reflectivos que utilizaran cada policía en el puesto y un radar de velocidad, mediante orden de servicio, anotaciones y registro en los libros minuta de servicio y libro de población”.
