El debate sobre la utilidad de informar sobre la nacionalidad de las personas detenidas ha adquirido relevancia, destacándose preocupaciones por la posible estigmatización o el uso de esta información para alimentar discursos xenófobos. Tal como reportó Europa Press, representantes de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado apoyo a la reciente decisión del Gobierno Vasco de que la Ertzaintza incluya este dato en sus informes, aunque insisten en que no debe convertirse en el componente central de la información pública sobre delitos.
Europa Press detalló que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización mayoritaria del Consejo de la Guardia Civil, considera la iniciativa vasca como «un paso valiente» que podría marcar tendencia en la transparencia policial y favorecer el debate público sobre datos objetivos. No obstante, AUGC advierte que enfocar la comunicación oficial únicamente en la nacionalidad puede desviar la atención de aspectos más relevantes para la seguridad ciudadana y generar interpretaciones erróneas. “La nacionalidad puede ser un dato útil en términos estadísticos o de análisis criminológico, pero no debe convertirse en el elemento central de la información, porque lo importante es siempre el delito, su gravedad y su impacto en la seguridad ciudadana”, precisó la asociación según recogió Europa Press.
Desde el punto de vista de la AUGC, apuntar principalmente al origen de los arrestados contribuye a lecturas parciales y simplificadas que no abordan las causas profundas de la delincuencia ni facilitan soluciones efectivas. “Desviar el foco hacia el origen de la persona detenida solo genera lecturas simplificadas que no aportan soluciones reales”, señalaron voceros de la AUGC, citados por Europa Press, al ser consultados sobre esta medida. Igualmente, expresaron la importancia de evitar interpretaciones interesadas al compartir este tipo de información.
En un sentido similar se expresó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El titular de la cartera expresó reservas sobre la decisión, asegurando: “No voy a criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito”. Además, subrayó que la criminalidad se relaciona más con parámetros como la vulnerabilidad social, y no tanto con la procedencia individual, abogando por que los responsables de la comunicación policial velen por la dignidad y la no estigmatización de las personas. “La criminalidad no depende en gran medida de factores como la nacionalidad, el origen o la procedencia, sino de parámetros como la vulnerabilidad”, afirmó el ministro según consignó Europa Press.
En línea con estas advertencias, la AUGC destacó que otros problemas estructurales afectan el desempeño de la policía y la Guardia Civil, como la escasez de recursos, el aumento de la violencia contra los agentes, la falta de reconocimiento de su profesión como de riesgo y la necesidad de reforzar plantillas. Para la AUGC, abordar estos retos resulta fundamental, y centrar el debate mediático en la nacionalidad oscurece la comprensión real del fenómeno delictivo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la asociación también sostuvo que comunicar exclusivamente el dato de la nacionalidad, sin complementarlo con porcentajes globales, tasas de reincidencia o tipologías delictivas, puede distorsionar la realidad y contribuir a la propagación de discursos de confrontación. “La información debe ser completa, no piezas sueltas que se presten a interpretaciones interesadas”, puntualizó AUGC.
En el ámbito de la Policía Nacional, el sindicato Jupol valoró de forma favorable la iniciativa de la Ertzaintza, que por primera vez presentó un informe estadístico donde se incluye el origen geográfico de los autores de delitos cometidos en el País Vasco. Este sindicato consideró que la medida representa un avance en términos de transparencia institucional y rendición de cuentas ante la ciudadanía, siempre que se maneje con rigor y respeto a los derechos fundamentales. Jupol argumentó a Europa Press que “informar con datos objetivos sobre la realidad de la delincuencia es un paso valiente que contribuye a un debate público más maduro y basado en hechos, y no en percepciones o rumores”.
Jupol opinó que la divulgación responsable de estas estadísticas puede convertirse en una referencia de madurez institucional para las fuerzas de seguridad y estimular el debate sobre la mejor manera de comunicar datos policiales a la sociedad. El sindicato animó, según publicó Europa Press, a que este modelo se expanda a todos los cuerpos policiales del país, pero subrayando la necesidad de mantener altos estándares de rigor, proporcionalidad y respeto.
El análisis de los diversos actores entrevistados por Europa Press revela cierto consenso sobre la importancia de fortalecer la transparencia en la comunicación policial, al mismo tiempo que crece la advertencia sobre los riesgos de priorizar la nacionalidad frente a otros factores delictivos. Para las entidades que representan a los agentes, el debate debe centrarse en mejorar los recursos de los cuerpos de seguridad y enfrentar los desafíos internos, más que en centrar la atención mediática sobre el origen de los acusados.
En definitiva, la decisión del Gobierno Vasco ha abierto un debate entre las fuerzas de seguridad, el Gobierno central y las asociaciones profesionales sobre la necesidad de informar de manera rigurosa y completa, evitando favorecer interpretaciones parciales. La transparencia en las estadísticas policiales y la protección de los derechos individuales aparecen como los principales puntos de convergencia y discordia, de acuerdo con la cobertura de Europa Press.
