El proyecto de Régimen Penal Juvenil avanzó en comisiones con apoyo de bloques aliados y será debatido este jueves en el recinto de la Cámara baja.
La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada clave en el marco de las sesiones extraordinarias, luego de que el oficialismo, junto a bloques aliados, lograra el dictamen de mayoría del proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa será debatida y votada este jueves en el recinto y, de aprobarse, pasará al Senado.
El tratamiento se dio en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, que comenzó a las 10:30 en el segundo piso del Anexo “C”. La coordinación del debate estuvo a cargo de la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.
El dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y los bloques provinciales Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones). Desde el PRO y la UCR anticiparon que acompañarán la iniciativa también durante la sesión de este jueves.
Durante el cierre del debate, el diputado Luis Petri defendió la propuesta y sostuvo que “la inmensa mayoría de los jóvenes en la Argentina estudian, trabajan y quieren progresar”, pero remarcó que existe “una minoría muy pequeña de menores en conflicto con la ley penal” vinculada a causas estructurales como el narcotráfico, las adicciones y la deserción escolar. En ese sentido, afirmó que “tiene que haber consecuencias penales para aquel que entendió lo que estaba haciendo y aceptó matar o violar”.
Petri destacó que el proyecto fija una pena máxima de 15 años y aseguró que la iniciativa se impulsa “por las víctimas”, subrayando que busca poner fin a una “situación irregular e indeseada” en el sistema penal juvenil.
La discusión legislativa se reactivó luego de que el Poder Ejecutivo enviara, el lunes, un nuevo proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, acompañado de una partida presupuestaria específica. Sin embargo, ante la falta de consensos, esa iniciativa fue retirada y se retomó el dictamen de 2025, que establece la reducción a 14 años y cuenta con mayor respaldo transversal.
El texto contempla un esquema de sanciones progresivas y prioriza medidas alternativas a la privación de la libertad, como programas educativos, laborales y recreativos, para delitos de menor gravedad. En los casos en que la detención resulte inevitable, prevé el cumplimiento de penas en domicilios, institutos abiertos o espacios especializados, siempre separados de la población adulta.
Uno de los puntos más debatidos fue el financiamiento del régimen. Sectores de la oposición dialoguista reclamaron que se garantice la firma de convenios entre la Nación y las provincias para asegurar los recursos necesarios, advirtiendo que sin ese respaldo económico el nuevo sistema podría resultar inaplicable.
En paralelo, el oficialismo también busca avanzar con el dictamen del proyecto para aprobar el Acuerdo Mercosur–Unión Europea, en una estrategia legislativa que apunta a llegar a la sesión del jueves con una agenda cargada y mostrar capacidad de articulación en un Congreso fragmentado.
