El cambio en la metodología del IPC y las proyecciones inflacionarias de enero profundizaron la tensión entre el ex titular del INDEC y el Gobierno, en un contexto donde la inflación se convirtió en el principal eje político y económico de la gestión.
La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC no puede interpretarse como un hecho aislado ni meramente administrativo. Detrás de la renuncia del ahora ex titular del organismo estadístico se evidencia un conflicto de fondo con el Poder Ejecutivo, estrechamente vinculado a la medición de la inflación, la variable económica más sensible y estratégica para el Gobierno de Javier Milei.
El detonante fue la decisión de Lavagna de avanzar con la implementación de una nueva metodología para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en una canasta de consumo más actualizada y representativa de los hábitos actuales de los hogares argentinos. Uno de los cambios centrales de la reformulación es el mayor peso del rubro servicios dentro del índice, en línea con su creciente participación en el gasto familiar.
Hasta ahora, el impacto de los aumentos tarifarios había quedado relativamente subestimado en la medición oficial, no por una decisión política explícita, sino porque la fórmula vigente otorgaba a los servicios una ponderación menor a la que efectivamente tienen en la economía cotidiana. Con la actualización propuesta por Lavagna, ese desfasaje comenzaba a corregirse.
En la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía la iniciativa encendió alarmas. El Gobierno apuesta a mostrar una desaceleración sostenida de la inflación como su principal logro de gestión, pero los números proyectados no acompañan ese objetivo. En ese contexto, lo que inicialmente fue presentado como una mejora técnica pasó a ser percibido como un problema político.
Según trascendió, desde el Ejecutivo se le habría solicitado a Lavagna postergar la puesta en marcha de la nueva medición. El motivo es claro: con los aumentos tarifarios ya anunciados —y otros previstos— y con un mayor peso de los servicios en el índice, la inflación difícilmente muestre una baja en el corto plazo. Por el contrario, el riesgo es que evidencie una aceleración.
Las proyecciones privadas refuerzan ese diagnóstico. Varias consultoras estiman que la inflación de enero, cuyo dato oficial se conocerá el próximo 10 de febrero, se ubicará en torno al 3%, e incluso algunas la proyectan en 3,1%, por encima del 2,8% registrado en diciembre.
En contraste, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó esta mañana que la inflación de enero “debería andar alrededor del 2,5%”. Un número que, de no confirmarse, lo dejaría en una posición incómoda. Si el IPC supera el registro de diciembre, el mensaje oficial de desaceleración quedaría seriamente cuestionado, y el escenario sería aún más adverso si el índice cruza la barrera del 3%.
En este marco, avanzar con la nueva fórmula del IPC en pleno proceso de reducción de subsidios y fuertes incrementos tarifarios —como el aumento del 17% en el gas ya anunciado— implicaría un impacto directo sobre el índice general. Con mayor peso de los servicios, la inflación podría “dispararse” en términos estadísticos, aun cuando el Gobierno intente presentarla como un fenómeno transitorio.
La renuncia de Lavagna aparece así como el desenlace de una disputa técnica con fuertes implicancias políticas, en un momento donde la credibilidad de los datos oficiales y el control de la inflación son piezas centrales del rumbo económico del país.
