El Gobierno nacional reemplazará los subsidios directos por un sistema de vouchers de capacitación; advierten que la medida afecta a 900 mil beneficiarios y tendrá un fuerte impacto en la economía barrial.
Una jornada de alta tensión atraviesa las principales rutas y accesos del país. Unas 85 organizaciones sociales iniciaron este martes un «plan de lucha progresivo» en rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de finalizar el programa Volver al Trabajo (VAT). La medida oficial implica la interrupción de las transferencias monetarias de $78.000 mensuales para dar paso a un esquema de formación profesional basado en vouchers.
Las protestas, lideradas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), incluyen cortes estratégicos en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y el Puente Pueyrredón. En el interior bonaerense, las manifestaciones se replican en la Ruta 2 (a la altura de Mar del Plata), San Nicolás, Pergamino, Bahía Blanca y los accesos a la ciudad de La Plata, donde se contabilizan unos 38 mil beneficiarios afectados.
De la transferencia directa a la capacitación
El eje del conflicto radica en el cambio de paradigma que impulsa el Ministerio de Capital Humano. El programa VAT, que no fue prorrogado, será sustituido por un sistema orientado exclusivamente a la inserción laboral. Según la planificación oficial, los beneficiarios ya no recibirán dinero de forma permanente, sino que accederán a herramientas de formación con títulos avalados por el sector productivo.
La intención del Ejecutivo es federalizar esta oferta educativa según las necesidades de cada provincia, tomando como base una prueba piloto iniciada en enero con desocupados en un centro de formación de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es que los titulares mejoren su empleabilidad mediante una red federal de instituciones de capacitación.
«Masacre social y económica»
Desde las organizaciones sociales, la lectura es diametralmente opuesta. Denuncian que la eliminación del cobro directo desarticula la red de contención en los barrios populares en un contexto de alta vulnerabilidad. «No podemos permitir esta masacre social y económica sin luchar», expresaron desde la CCC a través de un comunicado, calificando la medida como un «ataque» a la red comunitaria.
Los referentes de las agrupaciones advierten que el fin del programa dejará a cientos de miles de familias sin un ingreso básico de subsistencia antes de que el nuevo sistema de inserción laboral pueda garantizar puestos de trabajo genuinos. Se espera que, de no mediar una mesa de diálogo, las medidas de fuerza se intensifiquen durante la semana en todo el territorio nacional.
