Tras rechazar la apelación oficial, la Justicia ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno a recomponer salarios docentes y becas estudiantiles de forma inmediata.
En un fallo que marca un precedente fundamental para la autonomía universitaria y la división de poderes, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial desestima los recursos presentados por el Poder Ejecutivo y ordena el cumplimiento efectivo de la norma aprobada por el Congreso en agosto de 2025.
El voto de los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar los artículos 5º y 6º de la Ley 27.795. Dichos apartados son el núcleo del conflicto, ya que establecen la actualización obligatoria de los salarios de docentes y no docentes, además de la recomposición de los montos destinados a las becas estudiantiles.
El IPC como piso salarial
La resolución judicial es taxativa respecto a la forma en que deben actualizarse los haberes. El artículo 5º de la legislación establece que el Poder Ejecutivo debe ajustar los salarios considerando un porcentaje que «no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)» informado por el INDEC, tomando como base el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley.
Del mismo modo, el artículo 6º extiende esta lógica de actualización a los programas de becas, buscando evitar la licuación de los beneficios frente al proceso inflacionario. El fallo declara inaplicable el decreto 795/23, al cual el Gobierno intentaba aferrarse para dilatar los pagos, y exige la adecuación presupuestaria de forma inmediata.
Defensa del sistema republicano
Uno de los puntos más destacados de la sentencia radica en el análisis constitucional del conflicto. La Cámara Federal entiende que, dado que el Congreso de la Nación confirmó el proyecto con dos tercios de los votos tras el veto presidencial original (octubre de 2025), el proceso legislativo quedó concluido por «insistencia».
En este sentido, los jueces señalaron que cualquier intento de suspender la aplicación de la ley mediante normas de jerarquía inferior afecta directamente el «principio de división de poderes». La Justicia interpretó que la postura oficial de no ejecutar los fondos atentaba contra el sistema republicano al desconocer una ley ratificada por mayorías especiales en ambas cámaras.
Antecedentes y actores
La medida cautelar ahora confirmada había sido dictada originalmente en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick. La acción judicial fue el resultado de un amparo impulsado de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades gremiales del sistema universitario, quienes denunciaron el estado de emergencia financiera de las casas de altos estudios en todo el país.
Con este fallo, el sistema universitario nacional obtiene una herramienta legal clave para garantizar el funcionamiento de las cátedras y la permanencia de los estudiantes en un contexto económico complejo.
El fallo completo
