Escuelas privadas nucleadas en AIEPBA advierten por desequilibrios financieros a pocos días del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.
A días del comienzo de las clases en la provincia de Buenos Aires, las escuelas privadas encendieron una señal de alerta por la situación financiera del sector. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) solicitó al gobierno bonaerense la autorización para actualizar las cuotas mensuales, luego del reciente aumento salarial retroactivo otorgado a los docentes en el marco de las paritarias.
Desde la entidad aseguran que las instituciones educativas atraviesan un “fuerte desequilibrio económico”, ya que los nuevos costos laborales comenzaron a regir de manera inmediata, mientras que las cuotas permanecen congeladas al menos hasta marzo, mes en el que tradicionalmente se habilita la primera actualización arancelaria del año.
“Los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, al detallar el impacto que tiene el desfasaje entre ingresos y gastos en la estructura financiera de las escuelas.
El gobierno provincial acordó con los gremios docentes un incremento salarial del 4,5%, que se aplica de forma retroactiva, lo que —según el sector— puso en jaque las cuentas de las instituciones privadas. Desde AIEPBA señalan que, al sumar la suba del 1,5% correspondiente a diciembre, el aguinaldo, y los aumentos de enero y febrero, el costo salarial acumulado supera el 8%.
“Todo esto ocurre sin modificar el monto de las cuotas e incluso sin poder cobrar aranceles durante los meses de receso de la actividad académica”, advirtieron desde la entidad, remarcando que el impacto es mayor en los establecimientos de menor escala.
En la provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados con subvención estatal, que cubre parte de los salarios docentes. Estas instituciones representan más del 70% del total de los establecimientos de gestión privada y están obligadas a respetar los topes arancelarios fijados por el gobierno provincial.
Si bien desde AIEPBA reconocen la importancia de sostener el poder adquisitivo de los docentes, también alertan que el sector atraviesa “un momento de cambios” y enfrenta “desafíos severos” para garantizar su funcionamiento.
A este escenario se suma otro factor de preocupación: la morosidad. Según la entidad, muchas escuelas registran niveles de atraso en el pago de cuotas por encima del promedio histórico, como consecuencia de las dificultades económicas que enfrentan las familias.
En este contexto, las instituciones privadas reclaman una revisión urgente del esquema de actualización de cuotas, con el objetivo de evitar un mayor deterioro financiero que pueda afectar la continuidad del servicio educativo en el inicio del ciclo lectivo.
