Muchos de los dirigentes políticos que hoy se jactan de defender a los jubilados son los responsables de haber convertido el sistema previsional en una variable de ajuste para financiar el gigantesco gasto del Estado y el déficit fiscal. Nuestra historia política reciente está llena de paradojas. Nadie debería olvidar que fue la propia Cristina Kirchner quien, siendo presidenta de la Nación, allá por 2010, vetó una ley que sancionó el Congreso para equiparar la jubilación más baja al 82% del salario mínimo, vital y móvil y actualizar el resto de los haberes previsionales de acuerdo con varios fallos de la Corte Suprema de Justicia. Por entonces, Cristina Kirchner acusaba a los impulsores de aquella norma de pretender “hacer socialismo con plata ajena” y esgrimía que se trataba de “una ley de quiebra del Estado”. Hablamos, curiosamente, de la misma líder política que hasta hace poco percibía una jubilación y una pensión de privilegio obscenas, equivalentes a casi un centenar de haberes jubilatorios mínimos. Condenada ahora a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos tras la confirmación de la sentencia por la causa Vialidad, la expresidenta, el pseudoempresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios kirchneristas deberán devolver unos 685 mil millones de pesos como parte del recupero de activos por el daño generado al Estado. Se trata de una cifra equivalente a más de 1.550.000 jubilaciones mínimas, si se incluyen la reciente actualización del haber y el bono sancionada días atrás por el Senado.
Las soluciones a graves problemas crónicos como la informalidad laboral y la desfinanciación del sistema de seguridad social exigirán reformas revolucionarias
Si bien la crisis del sistema jubilatorio argentino viene de más lejos, los 16 años en que el kirchnerismo gobernó el país no hicieron más que profundizarla con remiendos demagógicos en lugar de buscar soluciones integrales. Desde 2003, se idearon sucesivas moratorias que incrementaron en más de cuatro millones el número de beneficiarios de jubilaciones; en su mayoría, personas que nunca habían realizado aportes o que los habían hecho de modo insuficiente. Así, según datos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, en 2023, último año de Alberto Fernández en el poder, el 81% de los beneficiarios de jubilaciones las obtuvieron a través de moratorias, con un costo fiscal del 7,3% del PBI. El jueves último, el Poder Legislativo extendió por dos años más la moratoria que el gobierno de Javier Milei había dejado caer en marzo.
La gestión del kirchnerismo también puso fin al régimen de capitalización de las AFJP y volvió a estatizar totalmente el sistema jubilatorio. Pudieron haberse remediado los defectos del sistema privado con retoques que incluyeran una disminución de las elevadas comisiones que percibían las AFJP; pero el kirchnerismo prefirió incautar todos los fondos para poder financiar el déficit fiscal con los excedentes de la seguridad social. Así, se terminó de fundir al sistema previsional.
Existe otro dato central detrás de la crisis del sistema jubilatorio: apenas hay 1,5 trabajadores activos aportantes por cada uno de los aproximadamente 7,5 millones de beneficios previsionales, cuando la proporción ideal no debería ser menor a 3,3 aportantes por beneficio. Esta situación tiene su origen en el elevado nivel de informalidad laboral, estimado en más del 40%, cuando en el promedio de los países de la OCDE es inferior al 5%.
De ahí que, en el gobierno de Milei, impere la idea de que una reforma laboral que incentive el empleo formal es una condición previa y necesaria para avanzar hacia la solución de la crisis del sistema previsional.
Transforman cada demanda laboral en un negocio financiero para quienes viven de la industria del juicio
Para cualquier empleador argentino, en especial en el universo de las pymes, contratar a un trabajador supone un alto riesgo. No solo implica pagar elevados impuestos al trabajo, sino arriesgarse a ser presa de la vieja industria del juicio laboral. Solo para tener una idea de la dimensión de este último problema, basta con señalar que la litigiosidad derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la Argentina es 15 veces mayor que la de España y 21 veces superior a la de Chile. De acuerdo con proyecciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), este año terminaría con 130 mil nuevas demandas por accidentes y enfermedades del trabajo, pese a que el número de muertes por razones laborales continúa en descenso. El detonante de la montaña de juicios no pasa por un incremento de los accidentes, ni por un deterioro del servicio médico. Reside, por el contrario, en peritajes judiciales burdamente inflados y en tasas de interés por indemnizaciones desproporcionadas, que transforman cada demanda laboral en un negocio financiero para quienes viven de la industria del juicio.
Algunos casos son insólitos.
- En Mendoza, por ejemplo, se detectaron al menos 34 pericias médicas firmadas por un perito que se hallaba en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente.
- En Chos Malal, un trabajador del sector petrolero presentó una demanda por dolencias cervicales, lumbosacras y en un hombro supuestamente originadas en tareas laborales que incluían levantar pesos. La pericia determinó un 34,2% de incapacidad física y un 20% de incapacidad psíquica. Durante el juicio, la ART detectó que el trabajador competía en motocross y corrió un triatlón, pero la Justicia ordenó que se le liquidara una indemnización de 72 millones de pesos.
- En 2014, un futbolista de Dock Sud sufrió un esguince de rodilla en un partido. Cuatro años después, un perito dictaminó que había quedado imposibilitado de seguir jugando y determinó una incapacidad del 100%. Pero increíblemente, después de la lesión y hasta 2019, continuó jugando en distintos clubes, sin registrar nuevas lesiones. El caso todavía está en juicio.
El 9 de julio de 2024, el gobierno nacional y 18 mandatarios provinciales firmaron el Pacto de Mayo con el fin de “reconstituir las bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad”. Dentro de los diez puntos de ese acuerdo, figuran “una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron” y “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Un año después, esos puntos continúan siendo meros enunciados, al margen de la reciente resolución que aprobó el seguro de cese laboral, que apunta a un régimen de adhesión voluntaria tendiente a reemplazar la tradicional indemnización por despido por un fondo de ahorro con aportes individuales del empleador y el trabajador, como el existente en el gremio de la construcción.
Las soluciones a graves problemas crónicos como la informalidad laboral y la consecuente desfinanciación del sistema de seguridad social exigirán reformas estructurales revolucionarias, alejadas de cualquier visión demagógica propia del populismo que ha signado durante décadas a la Argentina. Esas reformas, al igual que los cambios en el sistema de coparticipación federal y en el sistema tributario, requerirán de amplios consensos y también del diálogo entre la Nación y las provincias. La conjunción de la natural resistencia de no pocos gobernadores provinciales a ajustar gastos y la compulsión del presidente Milei al agravio personal hasta con quienes estarían dispuestos a ayudarlo plantea serios interrogantes sobre la viabilidad de transformar aquel Pacto de Mayo en hechos concretos.
