Los Procesos Preventivos de Crisis (PPC) –un “convenio de emergencia” para evitar despidos o suspensiones en una empresa- suman 143 a octubre de este año. Ese número no sólo supera todos los registrados durante 2024, sino que implica la cifra más alta desde 2018 y 2019, cuando el macrismo cerró dos años de corrida cambiaria y recesión.
Los datos oficiales surgen de un pedido de información pública que hizo LA NACION en el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. El año pasado se registraron 131 casos iniciados, por lo que en lo que va de 2025 ya hay un aumento de más de 9%. Frente a 2023, el primer año de la gestión del presidente Javier Milei mostró un incremento de 211,9%.
En 2018 y 2019, dos años que cerraron con caída del PBI, los PPC habían llegado a 158 y 184, respectivamente. Durante el cuarto kirchnerismo cayeron a entre 20 y algo más de 40 casos iniciados por año, aunque vale una aclaración: frente a los cierres de empresas, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner impulsó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para hacer frente a la clausura de la economía en cuarentena.
El año pasado, el producto bruto interno (PBI) mostró una caída de 1,7%, sobre todo por el fuerte ajuste que impulsó el Gobierno a comienzos de su gestión. La actividad comenzó a mejorar –de manera muy heterogénea- a fines de 2024, pero este año ese impulso se ralentizó. Hoy se conoció que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que mostró un avance de 0,5% mensual en septiembre y un salto interanual de 5%. Es el mejor nivel desde junio de 2022, cuando hubo un pico de recuperación tras la pandemia.
El modelo mileísta instaló desde el comienzo de la gestión una estabilización macro, una desregulación y una fuerte apertura comercial, que provocó tres fenómenos: que los importados ganaran market share en competencia con la industria nacional en medio de una recuperación lenta; en segundo lugar, que varios sectores –sobre todo los vinculados al consumo masivo- tuvieran que competir además con otros productos que llegaron a la góndola gracias a la reaparición del crédito (bienes durables o créditos hipotecarios, por caso). Y un tercer fenómeno tuvo que ver con el impasse que tuvo la recuperación del consumo masivo gracias a que el ingreso disponible en los hogares, el “puchito” de dinero que queda para consumir después de pagar los gastos fijos (luz, gas, agua, expensas, entre otros, que ganaron en peso con el cambio de precios relativos) sigue por debajo de noviembre de 2023.
Por citar un caso que respondió de manera negativa a la política oficial, la capacidad instalada de la industria manufacturera estaba en septiembre (61,1%) apenas por debajo del registrado en ese mes de 2020, en plena pandemia (60,8%), según el Indec.
Las manufacturas y la construcción, aún se mantienen entre 9% y 22% por debajo del promedio de 2023, respectivamente. En el primer sector hay empresas autopartistas y de electrodomésticos con problemas.
La metalurgia, por ejemplo, cayó 4,6% interanual en septiembre y mejoró 0,3% mensual. Ese sector está un 17,7% por debajo de sus niveles máximos recientes. El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió: “La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”.
El último informe de la Secretaría de Trabajo que lidera Julio Cordero incorporó un cuadro pormenorizado sobre la evolución de la demografía empresarial en la Argentina. En el mismo se afirma que en el primer trimestre de este año abrieron 16.902 empresas y cerraron 19.199, o sea, que la desaparición neta fue de 2297 compañías.
Sin embargo, en ese proceso, la variación del empleo fue positiva: se sumaron 2492 trabajadores. Se trata del primer trimestre con esos números. Vale aclarar que los cuatro trimestres del año pasado tuvieron caídas netas de empresas y también destrucción del empleo en ese proceso.
Qué es un PPC
Con el pedido de información pública que hizo LA NACION, llegaron además algunas precisiones oficiales sobre los PPC. “Si analizamos el año 2024, de los 131 pedidos iniciados, 27 lograron acuerdos entre las partes como resultado de las gestiones conjuntas del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, detallaron en el Ministerio de Capital Humano.
“Un total de 96 trámites se encuentran en guarda temporal y/o cerrados por diversas causas (falta de documentación, la empresa desiste del trámite, etc.) y 8 continúan en trámite”, indicaron en esa cartera. En la nota firmada por Mara Agata Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulación del Trabajo en Capital Humano, completaron: “En lo que refiere a los registros de presentaciones en 2025, es necesario tener en cuenta que el corte de análisis llega hasta el 16 de octubre y que muchos casos se encuentran aún ‘en trámite’, por lo que no puede afirmarse que deriven en una crisis efectiva. Hasta ahora, se registraron 143 de los cuales 13 ya han llegado a un acuerdo homologado y 39 se han cerrado o enviado a guarda temporal por diversas causas, no prosperando el trámite solicitado”.
LA NACION consultó a ese ministerio y la Secretaría de Trabajo, que depende de Capital Humano, por mayores datos. “La idea de los PPC es evitar desvinculaciones, objetivo que se logró en todos los casos. Se incorporó al mercado de trabajo a más de 950.000 beneficiarios de Volver al Trabajo, que cuando estaban en el Potenciar no buscaban empleo para no perder el plan”, señalaron desde Trabajo.
El PPC funciona como una especie de “colchón” administrativo para evitar un ajuste en la plantilla laboral, generalmente de las grandes empresas. Las pymes evitan ingresar a este tipo de procesos en los que deben negociar con sindicatos y apuntan a achicar su estructura por goteo. El PPC es un proceso administrativo que debe presentarse en Capital Humano, y debe ser aceptado por esa cartera. Requiere de la empresa que quiere hacer un ajuste la presentación de balances y otras documentaciones que acrediten la crisis económica de toda la compañía o de alguna de sus unidades. Si el procedimiento es aceptado por la autoridad, comienzan las negociaciones entre la firma, el sindicato y los representantes oficiales de la cartera laboral. En la misma se abre un abanico de opciones para mejorar la situación estructural de la empresa.
No cualquier compañía puede presentarse. Sólo aquellas que piensan despedir o suspender a un determinado porcentaje de su dotación. La idea es encontrar un espacio de negociación para evitar despidos masivos en las empresas. La apertura de un PPC abre las posibilidades para hacer un convenio colectivo de crisis en el que se negocian condiciones laborales que sirvan para paliar la situación. ¿Permite el PPC despidos pagando el 50% de la indemnización? No automáticamente.
