El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra la ciudad de El Cajón y acusó al departamento de policía local de compartir datos de las matrículas de los autos con las autoridades de más de una docena de estados. El alcalde de la localidad, Bill Wells, alegó que se ciñeron a la ley estatal.
Por qué California demandó a El Cajón por compartir información de matrículas de autos
El viernes 3 de octubre pasado, Bonta presentó la demanda contra la ciudad de El Cajón por presuntamente no cumplir la ley estatal que prohíbe compartir datos de matrículas vehiculares con agencias del orden público federales y de otros estados. La legislación de California establece que la información de ALPR (lectores automatizados de patentes) puede usarse únicamente en investigaciones criminales y no permite que se comparta con fines de inmigración.
En la demanda, el fiscal general solicitó al Tribunal Superior del Condado de San Diego que “declare ilegal la práctica actual del Departamento de Policía de El Cajón” y alegó que el organismo comparte los datos con diversas agencias del orden público de otros estados en EE.UU. Así, pidió que se ordene a la ciudad que cese “el intercambio ilegal de datos ALPR”.
Estos sistemas de cámaras registran de forma automática el número de matrícula, la hora, la fecha y la ubicación de los vehículos. La legislación de California determina que la información puede utilizarse en investigaciones criminales, pero no con motivos de inmigración o sin justificación.
En una publicación de X el 3 de octubre, Bonta expresó que la ciudad y el organismo policial “violó la ley de California”. “Cuando la información sobre los californianos sale del estado, ya no tenemos voz ni voto sobre ella. El Cajón y su Departamento de Policía serán responsables de poner en peligro la privacidad de las personas”, aseveró.
El fiscal de California apuntó contra las políticas migratorias de Trump
En medio de la incertidumbre de la población migrante, principalmente en regiones como California, ante las políticas de Donald Trump, Bonta apuntó que el mandatario republicano “continúa atacando” a esa comunidad.
Y concluyó: “Es importante que las fuerzas del orden estatales y locales no sean vistas como una herramienta para promover la agenda de deportación masiva del presidente”.
En mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) firmó un contrato de 30 millones de dólares con Palantir Technologies para desarrollar ImmigrationOS, un sistema destinado al rastreo de migrantes.
La reacción de El Cajón ante la demanda presentada por el fiscal de California
Wells reaccionó a la medida de Bonta y compartió un extracto de una normativa estatal en su perfil de Instagram. “La SB 34 lo deja claro: las agencias públicas pueden compartir información con otras agencias públicas y eso es exactamente lo que El Cajón ha hecho”, aseveró.
Y continuó: “El estado de California nos está demandando por seguir la ley y hacer nuestro trabajo para mantener a la gente a salvo. Esto no se trata de privacidad, sino de política. El Cajón es una de las pocas ciudades conservadoras que quedan en California”.
“No seremos intimidados por defender la seguridad pública y por negarse a inclinarnos ante su agenda política”, concluyó.
