Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó su determinación de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños y nicaragüenses. Ahora, estos migrantes tienen una fecha que es clave para su permanencia en el país.
La fecha clave para los migrantes hondureños y nicaragüenses con TPS
El DHS señala que, según lo exige la ley, la terminación entrará en vigor 60 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal. Es así que la designación de Nicaragua y Honduras para el TPS queda terminada, a partir de las 23.59 hs (hora local), del lunes 8 de septiembre de 2025.
Esta fecha es clave debido a que esta protección no conduce a la residencia permanente ni confiere ningún otro estatus migratorio, por lo que los beneficiarios deben buscar la forma de permanecer en el país legalmente, o quedarán expuestos a la deportación.
El DHS también informo que junto con el periodo de transición de 60 días, se extiende automáticamente la validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) emitidos previamente bajo la designación para Nicaragua y Honduras hasta el 8 de septiembre de 2025.
TPS Nicaragua: antecedentes y cancelación
Nicaragua fue designada inicialmente para el TPS hace más de 25 años, debido a las condiciones del país provocadas por el huracán Mitch. Desde su designación, el 5 de enero de 1999, se extendió 13 veces consecutivas (por períodos de 12 o 18 meses cada vez) bajo la misma base legal de desastre ambiental.
El Registro Federal indica que, en general, ciertas condiciones para la designación de Nicaragua al TPS pueden continuar; sin embargo, hay mejoras notables que le permiten manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales.
«Nicaragua ha logrado avances significativos en su recuperación de la destrucción causada por el huracán con la ayuda de la comunidad internacional y ahora es un líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energías renovables“, señala.
TPS Honduras: motivos de la terminación
Honduras fue designada inicialmente el 5 de enero de 1999, debido al desastre ambiental que ocasionó el huracán Mitch y a la imposibilidad temporal del gobierno local de gestionar adecuadamente el retorno de sus ciudadanos, según indica el Registro Federal.
De acuerdo con el DHS, las condiciones resultantes del huracán ya no causan una “perturbación sustancial, pero temporal, en las condiciones de vida en la zona afectada”, y Honduras ya no es “incapaz, temporalmente, de gestionar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos”.
Agrega que como prueba de la disposición de la nación para dar la bienvenida a sus ciudadanos, en enero de 2025, el gobierno promulgó un plan llamado “Hermano, vuelve a casa”, para apoyar a los deportados desde Estados Unidos. La iniciativa incluye brindar apoyo monetario y alimentario, junto con acceso a programas de empleo.
La secretaria Kristi Noem comentó: “Es evidente que el gobierno de Honduras ha tomado todas las medidas necesarias para superar los efectos del huracán Mitch, ocurrido hace casi 27 años. Los ciudadanos hondureños pueden regresar a casa de forma segura, y el DHS está aquí para facilitar su retorno voluntario”.
Demandan al gobierno de EE.UU. por la terminación del estatus de protección temporal
La Alianza Nacional TPS (NTPSA) y otros afectados presentaron este lunes 7 de julio una demanda contra la administración Trump por la terminación del beneficio para personas originarias de Honduras, Nepal y Nicaragua, quienes han vivido legalmente en Estados Unidos durante muchos años.
La organización estima que unos 60.000 beneficiarios de TPS son afectados por la medida, ya que han vivido legalmente en EE.UU. por 26 años (en los casos de Honduras y Nicaragua) y 10 años (en el caso de Nepal).
“La demanda alega que estas terminaciones violan la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), al ignorar las condiciones actuales en los países y basarse, en cambio, en una decisión política preestablecida para desmantelar el programa”, indica la alianza en un comunicado.
También argumenta que las decisiones fueron motivadas por prejuicios raciales, lo cual va en contra de la Constitución de Estados Unidos, e impugna la negativa del gobierno a ofrecer un período de transición o “reducción gradual” más extenso para los beneficiarios que han vivido durante décadas en EE.UU.
“Ningún secretario anterior ha negado un período de transición ordenada de al menos seis meses cuando un país ha tenido TPS por tres años o más”, precisa la organización.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de UCLA, que también representa a los demandantes, señaló: “Esta administración está obligando a los beneficiarios de TPS—y a sus hijos ciudadanos estadounidenses—a tomar una decisión imposible. No pueden regresar de forma segura a su país de origen, dejando atrás a sus familias y comunidades, pero aun así se les quitará el derecho de vivir y trabajar en EE.UU.”
