El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump, representa una acción excepcional en la historia reciente de Estados Unidos. La medida se adoptó sin la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom, ni de la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, en el contexto de las protestas originadas por redadas migratorias. A continuación, los principales puntos que explican el alcance de esta decisión:
¿Qué ocurrió y por qué se desplegó la Guardia Nacional?
El presidente Trump ordenó el envío de más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles con el argumento de contener las manifestaciones derivadas de recientes redadas migratorias. La medida se tomó pese a que autoridades locales informaron que las protestas, aunque masivas, se desarrollaban en su mayoría de manera pacífica.
El despliegue fue anunciado el sábado, y el lunes el gobernador Newsom informó que la Casa Blanca enviará otros 2.000 efectivos adicionales a la ciudad.
¿Qué leyes utilizó Trump para justificar la medida?
Trump no invocó la Ley de Insurrección de 1807, como hicieron otros presidentes en situaciones similares, sino que recurrió al Título 10 del Código de Estados Unidos, que le permite movilizar tropas federales en caso de invasión, rebelión o si considera que no se puede garantizar la ley mediante las fuerzas del orden convencionales. Al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección, respondió que eso dependerá de “si hay o no una insurrección”.
¿Por qué la medida es inusual?
Normalmente, los despliegues de la Guardia Nacional para enfrentar protestas requieren una solicitud expresa de los gobiernos estatales.
El despliegue en Los Ángeles es el primero desde 1965 en realizarse sin el consentimiento del gobernador local. En esa ocasión, el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger a los manifestantes por los derechos civiles, desafiando al gobernador George Wallace.
¿Qué antecedentes existen de despliegues similares?
El último despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ocurrió en 1992, durante los disturbios tras la absolución de los policías involucrados en la golpiza a Rodney King. Entonces, tanto el gobernador Peter Wilson como el alcalde Tom Bradley solicitaron el apoyo federal, y el presidente George H. W. Bush invocó la Ley de Insurrección. Aquellos disturbios dejaron más de 60 muertos y 2.000 heridos. En contraste, el actual despliegue ocurre sin solicitud estatal y en un contexto de menor violencia, según fuentes oficiales.
¿Qué acciones tomó California ante la decisión federal?
El estado de California presentó el lunes una demanda judicial contra el presidente Trump, argumentando que el despliegue es inconstitucional y viola la Décima Enmienda, que garantiza la soberanía de los estados frente a la autoridad federal. Newsom afirmó que Trump está “creando una crisis” y publicó imágenes denunciando las condiciones precarias en que se encuentran los soldados, que duermen hacinados en instalaciones improvisadas.
¿Cuál es el impacto político y legal de esta medida?
El envío de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal abre un precedente legal de gran peso en la relación entre el Gobierno federal y los estados. Se reactiva el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de tropas dentro del país, especialmente cuando no hay un conflicto armado interno declarado ni una solicitud oficial por parte de autoridades estatales o locales.
También alimenta el enfrentamiento entre la Casa Blanca y gobiernos locales en materia de inmigración, seguridad y autonomía estatal.
¿Qué es la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección, de 1807, autoriza al presidente a usar al ejército estadounidense para restablecer el orden civil cuando hay disturbios que impiden la aplicación de las leyes federales. Se considera uno de los poderes de emergencia más controvertidos en Estados Unidos. Ha sido invocada en ocasiones puntuales, como en 1965 en Alabama o en 1992 en Los Ángeles, pero no fue utilizada por Trump en este caso, al menos hasta ahora.
¿Qué sigue?
Mientras las tropas continúan llegando a Los Ángeles, organizaciones de derechos civiles y autoridades estatales mantienen presión legal y política contra el despliegue. El curso de la demanda interpuesta por California definirá si el envío de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal puede considerarse válido bajo el marco constitucional actual. En paralelo, el Gobierno federal evalúa el uso de otras herramientas legales si las protestas se amplían o escalan.
(Con información de EFE)
