El intento del gobierno porteño por quitarle la protección patrimonial al puente Ciudad de la Paz fracasó este martes en su primera instancia. La reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), convocada para tratar el pedido de la empresa estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA), no llegó a una definición y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.
La presentación de nuevos informes y la falta de consenso
El debate en el seno del CAAP se interrumpió por un motivo central: los representantes de AUSA presentaron nuevos informes técnicos durante la reunión. Estos documentos buscaban fundamentar que el puente agotó su vida útil y presenta problemas estructurales que justifican su desmantelamiento.
La aparición de esta nueva documentación generó un contrapunto con otro informe que ya poseía el consejo. Ese análisis previo indicaba que la estructura sí podía soportar el paso de todo tipo de vehículos.
Ante esta situación, y a pesar de que los primeros cinco expositores se manifestaron en contra de la descatalogación, algunos miembros del consejo prefirieron no votar. Solicitaron tiempo para estudiar en profundidad los nuevos argumentos técnicos del gobierno.
Las instituciones que expusieron su rechazo al proyecto antes de la pausa fueron el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y la Comisión Nacional de Monumentos. También se solicitó a AUSA que presente alternativas que contemplen la conservación del puente con los refuerzos necesarios.
Cuál es el proyecto del Gobierno y por qué genera polémica
El gobierno de la Ciudad, a través de AUSA, impulsa su desmantelamiento para construir en su lugar un viaducto moderno. El objetivo es permitir la circulación de vehículos de mayor porte, ya que hoy solo transita tránsito liviano. El plan oficial busca habilitar el paso a camiones de basura, ambulancias, autobombas y fletes.
La polémica se intensificó porque AUSA lanzó una licitación pública para el reemplazo del puente antes de obtener la aprobación del CAAP. Organizaciones no gubernamentales y especialistas denuncian irregularidades en este proceso.
Desde AUSA informaron que el pedido para quitar la protección patrimonial se inició a principios de este año. La empresa estatal reitera que el viaducto original se construyó para el paso del tranvía. Sostienen que nunca se pensó para soportar el peso del asfalto ni las exigencias del tránsito urbano actual, como los choques.
“El puente tiene valores históricos, paisajísticos, económicos, sociales, identitarios, que fueron considerados por los funcionarios del gobierno porteño cuando decidieron sumarlo al catálogo de los bienes protegidos”, explicó Magadán. “A partir de esta situación, el puente tiene que ser rehabilitado, consolidado. En el campo de la conservación hay procedimientos, materiales y criterios para trabajar este tipo de situaciones”, agregó.
La oposición también tiene una voz en la Legislatura porteña. La legisladora Sol Méndez, de Confianza Pública, presentó el lunes un proyecto de pedido de informes. Busca que el Ejecutivo aclare los criterios técnicos, licitatorios, presupuestarios y de impacto patrimonial del proyecto. “Según hemos podido conversar con asociaciones y vecinos, han cuestionado y no han obtenido respuesta por parte del Ejecutivo”, se lee en los fundamentos de su iniciativa.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
