La decisión judicial que envió a la cárcel a Teresita Alcocer Puentes y a su hija Arlin Winneth Cuello Alcocer ha vuelto a poner sobre la mesa el tema en Colombia, al tratarse de un caso en el que ambas mujeres fueron halladas culpables de torturar y asesinar a un perro pastor alemán durante un ritual satánico.
La sentencia, considerada ejemplar, responde a la gravedad de los hechos y a la conmoción social que provocó el crimen.
El proceso judicial reveló que las acusadas, madre e hija, participaron activamente en la tortura y posterior muerte del animal, el 8 de octubre, en una vivienda del barrio Santa Catalina de Sincelejo, departamento de Sucre, un acto que justificaron ante las autoridades alegando que el perro estaba poseído por un demonio.
Esta defensa no fue aceptada por el tribunal, que valoró la brutalidad del acto y la falta de justificación racional para el sufrimiento infligido al animal.
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La identidad de las responsables, Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer, fue confirmada por las autoridades, quienes detallaron que la investigación permitió establecer la premeditación y la naturaleza ritualista del crimen.
En medio de la diligencia de imputación de cargos, la Fiscalía habría dado detalles de la prácticas que las procesadas ejecutaron con Rommy: “rociaron un líquido inflamable sobre su mascota, un perro de raza pastor alemán, al cual luego le habrían prendido fuego. Esto provocó la muerte del animal”.
El caso adquirió notoriedad pública no solo por la violencia ejercida contra el animal, sino también por el contexto en el que se produjo, vinculado a prácticas esotéricas.
La condena impuesta a las dos mujeres marca un precedente en la aplicación de la ley frente a delitos de maltrato animal en Colombia. El fallo judicial subraya la importancia de proteger a los animales y sancionar con severidad los actos de crueldad, especialmente cuando estos se cometen bajo pretextos infundados o creencias personales.
La sentencia de prisión para Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer ha sido interpretada por diversos sectores como un mensaje claro de las autoridades sobre la intolerancia hacia el maltrato animal.
El caso ha impulsado discusiones sobre la necesidad de fortalecer la legislación y los mecanismos de prevención para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
