Por una deuda de miles de millones de pesos, una de las empresas de seguridad que trabaja para la Secretaría de Cultura presta desde varios días servicios limitados en varios museos nacionales, que estuvieron funcionando sin la dotación de personal necesaria o, directamente, sin apertura al público, como fue el caso de ayer en el Museo de Arte Decorativo. Entre otras instituciones afectadas figuran, además, la Manzana de las Luces, el Museo Yrurtia y el Malvinas. Este mes, una de estas empresas, Solucionar, tuvo inconvenientes para pagar los sueldos de los vigiladores y algunos no pudieron trasladarse a sus puestos de trabajo porque, como confió el director de un museo a LA NACION, “no pueden cargar la SUBE”.
El rumor circuló en las vísperas del fin de semana largo pasado, momento en que los museos esperan recibir a más visitantes (el próximo fin de semana también es de tres días). Las empresas de vigilancia que trabajan para el Estado son Alesa, Solucionar y Tech Security, esta última de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero esta no es la empresa perjudicada por la demora en los pagos.
La Secretaría de Cultura confirmó que, efectivamente, existe un retraso en los pagos, pero que se estaban realizando. No obstante, representantes de una de las empresas negaron esa información; en abril, le habrían comunicado al Gobierno que a partir de julio no podrían continuar con normalidad en los servicios si la situación no se regulariza. Varios museos abren con “guardias mínimas”, como llaman a las que se utilizan cuando las instituciones están cerradas.
En desmentida de la información que circuló la semana pasada, fuentes del organismo que encabeza Leonardo Cifelli, bajo el ala de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, indicaron que los museos permanecerían abiertos y que no existía peligro de cierre. Pero no fue posible en todos los casos. Consultadas sobre si este conflicto ponía en riesgo el patrimonio cultural, las mismas fuentes oficiales afirmaron que el patrimonio “está y estuvo garantizado”.
LA NACION tuvo acceso a correos de directores de museos nacionales que advirtieron a las autoridades -a Cifelli y a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, entre otros- que “debido a inconvenientes en los pagos de los vigiladores” una de las prestatarias no podía ofrecer el servicio de seguridad. Y solicitaban “intervención urgente”.
“Si bien hay deudas, ninguna empresa abandona los lugares porque quiere cobrar lo que le deben; estamos detrás de esa negociación”, dijo Barela, que además ratificó que todos los directores de museos nacionales le habían confirmado que abrirían las puertas durante el fin de semana largo. No obstante, algunos no pudieron hacerlo porque los vigiladores no habían concurrido, como en los casos del Decorativo, el Roca y el Yrurtia. Un vigilador en estas instituciones cobra $5500 por hora.
Al parecer, el conflicto se extiende ya hace más de un año. Trascendió que, en 2024, cuando el presidente Javier Milei viajó a la Casa Histórica de Tucumán para firmar el Pacto de Mayo con algunos gobernadores, el Gobierno debió pagar antes la deuda que mantenía con la empresa de seguridad del Museo Nacional de la Independencia para asegurarse de que una protesta empañara el evento.
Para mensurar el conflicto, una firma de seguridad contratada explicó a LA NACION que para abrir al público el Museo Malvinas necesita once vigiladores; el de Arte Decorativo, dieciséis; la Manzana de las Luces, el Yrurtia y el Sarmiento, diez cada uno; el Museo Histórico Nacional, veintisiete; el Cabildo Histórico, veinte, la Casa Museo Ricardo Rojas, cinco; el Museo Roca, cuatro, y el Mitre, ocho. En ocasiones especiales, como son los fines de semana largos o los feriados, Cultura solicita adicionales. En suma, son más de doscientos los vigiladores que trabajan para esta empresa acreedora del Estado.
