La Sala I del Tribunal de Juicio de Salta reprogramó para el próximo miércoles el inicio del segundo juicio contra Leonardo Cositorto, que será juzgado junto a otras cuatro personas por presuntas estafas a 118 inversionistas. El debate debía comenzar hoy, pero se difirió una semana porque el principal acusado cambió subrepticiamente de defensor.
El fundador de Generación Zoe, que en febrero de este año fue condenado en Corrientes a 12 años de prisión, se encuentra desde hace varios días en la Alcaldía General de Salta, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Según informó el Poder Judicial de Salta, esta mañana los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans resolvieron diferir el inicio de las audiencias a instancias de una presentación realizada por Cositorto en la que revocó el poder de la defensora oficial que se le había designado y solicitando la designación de un abogado particular, Franco Rodolfo Tolaba.
Con la acusación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, en representación del Ministerio Público Fiscal, Cositorto es señalado en esta causa como el líder de una organización que captaba inversores bajo promesas de rentabilidad insostenibles. Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz están acusados de ser coautores del hecho.
Generación Zoe comercializaba un fideicomiso que ofrecía retornos en dólares, sin ningún tipo de relación con otras inversiones disponibles, y una criptomoneda llamada Zoe Cash, que supuestamente estaba respaldada en oro. A la vez ofrecían cursos educativos de coaching ontológico, entre otros supuestos emprendimientos.
A los imputados se los señala por prometer retornos de entre 7,5% y 10% mensual, alcanzando un hipotético 120% anual, con la adhesión de una membresía a la que se ingresaba con sumas de US$500 a US$1000. Pero, en rigor, la ganancia no era producto de las actividades financieras y comerciales promocionadas por Generación Zoe, sino por los fondos que inyectaban los nuevos inversores, “referidos” por los anteriores, un esquema piramidal que cae por su propio peso cuando no hay más aportantes o los que ya están dentro del sistema exigen retirar sus ganancias.
En la investigación de la causa se lograron registrar 118 casos de inversionistas que aportaron dinero para la organización y resultaron engañados. Por esos hechos, Cositorto es juzgado como autor de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real. Por su parte, los Vilardel y Albornoz están señalados como coautores de estafas reiteradas y partícipes de la asociación ilícita.
Los miembros de la organización enfrentan causas similares en distintas zonas del país. En febrero de este año, el juez Ricardo Carbajal, presidente del tribunal de Goya que declaró a Cositorto culpable, sostuvo, en su veredicto: “Nunca se ha comprobado el esquema de inversiones que ofrecían, las minas de oro de las que hablaba Cositorto, no presentaron estados contables para verificar que existía el trading y si existía la ganancia no hay avales presentados respecto a los cursos educativos que brindaban».
