El pasado 18 de julio, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática inició el procedimiento para que la comisaría de Via Laietana en Barcelona sea declarada Lugar de Memoria Democrática, comenzando así el proceso formal para resignificar este edificio emblemático. En este contexto y según informó Europa Press, el Partido Popular (PP) presenta este miércoles ante la Comisión de Interior del Congreso una proposición no de ley destinada a que la Cámara inste al Ejecutivo central a mantener en ese mismo inmueble la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Cataluña. Concretamente, el PP argumenta que el mantenimiento de la comisaría en Via Laietana debe suponer un “símbolo de reconocimiento a la lucha por el Estado de Derecho de los agentes”.
El medio Europa Press detalló que esta iniciativa del PP busca que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fije su posición frente a las peticiones de partidos independentistas, colectivos memorialistas y la formación Sumar, que reclaman la cesión del inmueble a la Generalitat catalana para convertirlo en un centro dedicado exclusivamente a la Memoria Democrática, sin presencia policial en sus instalaciones. Los populares registraron esta propuesta en abril, justo cuando el Ministerio del Interior, encabezado por representantes del PSOE, ya había iniciado conversaciones con la Generalitat sobre el futuro del edificio policial de Via Laietana.
Según publicó Europa Press, el Govern presidido por Salvador Illa plantea dotar a la Policía Nacional de una nueva sede más moderna y funcional, pero ha descartado desplazar a los agentes de su actual ubicación hasta que exista un consenso a tres bandas entre la administración central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, todos ellos bajo gestión socialista. A pesar de esta postura, ya se han dado los primeros pasos destinados a resignificar el espacio que actualmente ocupa la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cataluña.
En el texto de la proposición presentada al Congreso, el PP solicita explícitamente que “la sede central del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Autónoma de Cataluña permanezca en el número 43 de Via Laietana”, calificando esta permanencia como un acto de reconocimiento tanto a la labor diaria de los agentes encargados de velar por el orden público y la seguridad, como por la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos catalanes. Europa Press informó que en la exposición de motivos de la iniciativa, el PP incluye declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, donde este señala que Via Laietana es “un lugar donde hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para la seguridad de todos los ciudadanos de acuerdo con la Constitución y los valores democráticos”.
De acuerdo con la información difundida, los populares enfatizan que el edificio también representa el trabajo y sacrificio de funcionarios públicos encargados del orden constitucional, especialmente en una coyuntura donde señalan un incremento de la inseguridad en Cataluña. Respaldan su planteamiento mencionando que, en la actualidad, seis de los diez municipios con mayores tasas de criminalidad de España se encuentran en territorio catalán, incluyendo Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Badalona.
En la argumentación presentada en la comisión, el PP alerta sobre lo que describe como el objetivo final de los partidos y asociaciones independentistas: la salida de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña. Según lo recogido por Europa Press, el PP sostiene que la cesión de Via Laietana implicaría “una nueva claudicación” que, según esta formación, traería graves consecuencias a largo plazo y afectaría la autoridad estatal ejercida democráticamente. Añaden que la entrega del edificio supondría una “humillación” para los agentes caídos en servicio y tendría un “efecto deslegitimador”.
El medio consignó que el Partido Popular advierte de que la expulsión de fuerzas policiales estatales de Cataluña significaría “la peor claudicación posible”, abriendo la puerta a escenarios de confrontación y afectando la integridad territorial del Estado. Según el texto presentado, la permanencia de la Policía Nacional en este enclave debe interpretarse como una muestra de rechazo frente a lo que consideran una rendición del Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, ante exigencias de actores independentistas.
La propuesta del principal partido de la oposición también contempla una defensa explícita de las competencias exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en áreas como el control fronterizo y la gestión de los flujos migratorios. El PP aboga por que el Congreso exija al Gobierno central el respeto a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña y la garantía de que estas funciones no volverán a estar en cuestión, tanto en lo que refiere al control de fronteras como a la vigilancia de los movimientos migratorios, regulares e irregulares.
De acuerdo con el informe de Europa Press, la decisión sobre el futuro de la sede policial se enmarca en un escenario de negociaciones políticas, donde la coincidencia de la gobernanza socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central podría poner en relieve nuevas dinámicas de entendimiento o conflicto respecto a la gestión de espacios de memoria vinculados al pasado franquista y el actual despliegue de los cuerpos de seguridad estatales.
En el trasfondo de este debate subyace la reivindicación histórica del edificio, que fue sede de la Brigada Político-Social franquista en Barcelona y que, desde hace años, se encuentra en el centro de la controversia sobre su resignificación. Colectivos memorialistas y formaciones políticas han insistido en su conversión en un espacio dedicado exclusivamente al recuerdo de la represión franquista y la promoción de valores democráticos, reclamando el desalojo completo de los cuerpos policiales del edificio.
Finalmente, Europa Press recoge que, hasta el momento, el Gobierno central no ha aceptado el cierre de la comisaría, tal como manifestó el propio ministro Félix Bolaños. Esta postura ha sido utilizada por el PP como uno de los ejes para argumentar la relevancia simbólica y práctica de la permanencia policial en Via Laietana, en medio de las presiones políticas y sociales por resignificar el edificio.
