El reciente contrato de 12,3 millones de euros adjudicado a Huawei para la modernización de los servidores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil generó un intenso debate político sobre la suficiencia de los controles existentes en el ámbito de la contratación pública tecnológica en España. Según El País, la decisión se tomó pese a las advertencias previas sobre los riesgos de depender de empresas sometidas a normativas extranjeras, en particular las que afectan al sector tecnológico y están sujetas a las obligaciones de cooperación con los servicios de inteligencia de sus respectivos Estados. Este escenario llevó a varios partidos políticos a impulsar propuestas legislativas para reforzar la vigilancia y el control sobre la participación de proveedores considerados de alto riesgo en los sectores estratégicos nacionales.
De acuerdo con la información publicada por El País, tanto el Partido Popular (PP) como Vox presentaron iniciativas en las Cortes para imponer restricciones a los contratos públicos con proveedores chinos como Huawei. Estas propuestas se fundamentan en la preocupación por la legislación china, que exige a compañías y ciudadanos colaborar con las autoridades de inteligencia del país asiático. El foco del debate se ubicó en la posible vulnerabilidad de las infraestructuras críticas españolas ante potenciales amenazas externas a través de proveedores extranjeros.
El País detalló que el PP solicitó en el Senado la elaboración de un informe exhaustivo que identifique y analice todos los contratos vigentes en sectores estratégicos con empresas catalogadas como de alto riesgo. El objetivo de este informe es evaluar la efectividad de los mecanismos actuales de control estatal en un contexto donde la transformación tecnológica y la globalización de las cadenas de suministro presentan nuevos desafíos para la protección de los intereses nacionales.
La reciente adjudicación a Huawei por parte del Centro Nacional de Inteligencia, que incluyó el suministro de sistemas para interceptación de comunicaciones, fue reportada por El País como otro detonante del debate sobre la robustez de los sistemas de protección de datos sensibles y la posibilidad de accesos o interferencias externas. Los portavoces del PP y Vox señalaron que la normativa china podría facilitar situaciones en las que datos o sistemas clave del Estado quedaran expuestos a requerimientos del gobierno chino.
En las próximas sesiones de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, según consignó El País, se discutirán las propuestas impulsadas por ambas formaciones políticas. En el caso del Partido Popular, entre las recomendaciones figura la creación de una agencia nacional dedicada en exclusiva a la ciberseguridad, así como la adaptación acelerada de la directiva europea NIS2 al derecho español y el fortalecimiento de la colaboración con los diferentes niveles de administración y el sector privado encargados de responder ante incidentes digitales.
Por su parte, Vox llevó al Congreso una moción orientada a prohibir de forma explícita los contratos públicos con proveedores extranjeros clasificados como riesgosos, basándose en la Comunicación C(2023) 4049 de la Comisión Europea, según relató El País. Este documento recomienda limitar la presencia de proveedores foráneos en ámbitos tecnológicos clave vinculados a la administración pública y a infraestructuras esenciales. Vox también solicitó el refuerzo del Centro Criptológico Nacional y de organismos de seguridad digital para responder con mayor solvencia a situaciones en que proveedores internacionales deban cooperar con los gobiernos de sus países de origen debido a regulaciones nacionales.
El País contextualizó que estas iniciativas no surgen de manera aislada, sino que se alinean con estrategias desplegadas en otros países occidentales, donde se adoptaron leyes restrictivas destinadas a reducir la influencia de empresas extranjeras en sectores identificados como críticos para la seguridad nacional. Tanto PP como Vox han subrayado la necesidad de que la legislación española se adapte a los estándares europeos y fortalezca el registro y la transparencia sobre todas las compañías extranjeras con contratos en vigor con el sector público.
Ambas formaciones remarcaron la importancia de revisar los criterios actuales en los procesos de licitación pública, anticipando cambios regulatorios y tecnológicos que modifiquen el panorama de amenazas. El objetivo es dotar al Estado de mayores capacidades institucionales para evaluar y salvaguardar redes e infraestructuras esenciales.
En el Parlamento, el análisis de El País incluye las recomendaciones planteadas por organismos supranacionales y la integración de estas en el debate sobre compras públicas tecnológicas. Las diferentes posturas parlamentarias marcan una tendencia hacia el endurecimiento de los mecanismos de control, con miras a blindar la resiliencia de los servicios fundamentales del Estado ante los desafíos planteados por la digitalización avanzada y la intervención de proveedores extranjeros.
La Comisión Mixta de Seguridad Nacional, según avanzó El País, se prepara para debates donde se abordarán en profundidad las distintas propuestas y el posible rediseño de las políticas de adquisición y defensa nacional ante riesgos tecnológicos y digitales. El común denominador de las iniciativas radica en la prioridad otorgada a la prevención de riesgos mediante la actualización legal, la supervisión rigurosa de proveedores internacionales y la consolidación de capacidades nacionales para responder a incidentes de seguridad que puedan incidir en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
