La preocupación por las filtraciones que vienen registrándose en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue el eje de la reunión que sostuvo esta tarde la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, en la que también se analizó la información revelada por LA NACION acerca de los reportes que el organismo que conduce Sergio Neiffert viene realizando sobre las actividades de dirigentes políticos y sociales no libertarios.
Ese reporte revelado por este diario generó quejas en la Comisión ante el hecho de que la SIDE dedique tiempo y personal a hacer una tarea de este calibre, más cercano al seguimiento de medios de comunicación −ya que juzgaron que ninguna información contenida en el reporte es reservada o fue obtenida de manera ilegal− en vez de abocarse a la misión que por ley le corresponde llevar adelante al organismo.
Si bien existía la posibilidad de que se hiciera presente, en el encuentro celebrado esta tarde en la sede de la bicameral, ubicada en el edificio anexo de la Cámara alta, el jefe de los espías no fue de la partida. Sin Neiffert, hombre ligado al asesor presidencial Santiago Caputo, la comisión que preside el senador Martín Lousteau (UCR-Capital) se abocó a analizar las respuestas enviadas por la SIDE a diferentes requerimientos elevados por el cuerpo de control parlamentario.
En ese sentido, hubo casi unanimidad de los legisladores en considerar como preocupante el nivel de filtraciones que viene registrándose en la SIDE desde que la administración de Javier Milei se hizo cargo del organismo a cargo de realizar tareas de inteligencia.
La preocupación se entiende en el hecho de que siempre que ocurren este tipo de cuestiones en el mundo del espionaje argentino el trasfondo es la existencia de internas entre diferentes sectores de la SIDE, lo cual abre el interrogante sobre la profesionalidad del organismo que conduce Neiffert.
Tal como publicó LA NACION, el informe cuestionado se titula “Hechos previstos 09JUL25”, se fechó un día antes, el martes 8 de julio, y detalló cuáles eran las actividades políticas de peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, entre otros, para el feriado del Día de la Independencia. Ese día venció el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la SIDE, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros.
Precisó cuáles serían los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una, sin que el informe consignara si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional. Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia.
Según informó LA NACION, el reporte reflejó, sí, una orientación operativa. Es decir, buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales. Eso, según expertos consultados por LA NACION, podría configurar una violación de la legislación vigente.
En su artículo 4, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe obtener información o producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La revelación del informe generó críticas contra el Gobierno de casi todo el arco opositor. Uno de los mencionados en el reporte, el diputado nacional Facundo Manes, llevó el tema a la Justicia y amplió una denuncia previa contra Santiago Caputo en los tribunales federales de Comodoro Py. Pidió que se investigue lo informado por LA NACION.
La preocupación por las filtraciones se explica, además, en el hecho de que este diario también expuso detalles del polémico contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), cuya redacción podría dar lugar a que la SIDE pueda hacer seguimiento de dirigentes políticos y economistas ante la eventualidad de que sus análisis y declaraciones puedan afectar el mercado financiero y la marcha del plan económico del Gobierno.
El tema fue abordado esta tarde por la Comisión Bicameral a partir de analizar las respuestas enviadas por el equipo de Neiffert. En este caso, la idea de los legisladores es corregir del PIN cualquier tipo de redacción ambigua que pudiera dar lugar a actividades de espionaje interno sobre actores políticos o sociales.
