Las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año y prometen ampliar las vacantes en el Poder Judicial, que pasarán del 33% actual al 38% ciento en el primer trimestre de 2026. La situación genera máxima preocupación en la Corte Suprema de Justicia, mientras el Gobierno sigue prometiendo que tras las elecciones enviara al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Consejo de la Magistratura.

La situación es grave porque no hay listas de conjueces para subrogar cuando no se pueden conformar mayorías y las causas quedan trabadas. Los conjueces son abogados de la matrícula, que se eligen por fuero, para suplir a los jueces titulares, pero deben tener acuerdo del Senado y hay fueros donde esas listas no existen.

La Corte no tuvo tanta receptividad del Gobierno en este asunto como en el económico, del financiamiento del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se sentó mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo, y acordaron las partidas para mantener el nivel salarial, al menos a la par de la inflación. Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, estaba sentado a la mesa y fue testigo del acuerdo.

El presupuesto elevado por el Gobierno al Congreso contempló estas partidas, excepto en un renglón: el de los bienes de uso del Consejo de la Magistratura, referido a infraestructura, tecnología y obras de mantenimiento.

Estaba presupuestada en la Justicia una partida de 29.000 millones de pesos y en el proyecto que llegó al Congreso quedaron 7.600 millones, un 73%. Tarea para el consejero de la magistratura y diputado Álvaro González, vicepresidente de la Comisión de Administración, cuando se debata el presupuesto en el Congreso.

Jubilaciones en puerta

Las renuncias y jubilaciones de jueces se aceleraron este año porque la mayoría de los magistrados que llegan a la edad de jubilarse, o que les falta poco, prefieren adelantar la decisión por temor a que cambie la ley jubilatoria.

Hoy, los jueces se jubilan con un régimen especial que les garantiza el cobro del 82% móvil (es decir, que se ajusta junto con los sueldos en actividad). El cálculo ya no es sobre el último sueldo, sino sobre el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones (10 años), siempre que esas remuneraciones hayan estado sujetas a aportes. Esto redujo significativamente los haberes iniciales respecto al sistema anterior.

Además, los jueces en actividad designados después del 1° de enero de 2017 pagan el impuesto a las ganancias y al jubilarse, si estuvieron alcanzados, sus haberes también tributan. El haber promedio de un juez jubilado en 2025 era de unos 5.663.069 de pesos, según un relevamiento de Chequeado.

El Gobierno ya anunció que después de las elecciones avanzarán con una reforma al sistema previsional que incluye estos regímenes especiales. Los jueces aportan más que el resto de los próximos jubilados (18 por ciento contra un 11 por ciento) pero sus jubilaciones no tienen un tope como la del resto de los contribuyentes.

Antes que perder estos beneficios, muchos magistrados optaron en 2025 por jubilarse. Un estudio realizado por los propios magistrados sobre la base del Boletín Oficial, al que accedió LA NACION, revela que en este año renunciaron 28 jueces. Además, hay 10 jueces que tendrán 75 años o más, que es la edad tope para que puedan seguir en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.

Este total de 38 jueces que podrían dejar el cargo a fin del primer semestre de 2026 (excepto los que tengan una medida cautelar que les asegure seguir en el cargo) llevarán las vacantes en el Poder Judicial nacional del 33 por ciento al 38 por ciento en 2026, dijeron fuentes judiciales.

De las 28 renuncias de 2025, la mayoría fue del fuero laboral, con siete casos, y de los tribunales orales en lo criminal federal, con cuatro casos.

Entre los que tendrán 75 años en 2026 hay dos jueces de la Cámara de Casación Penal (Carlos Mahiques y Gustavo Hornos) y otros dos de la Cámara del Trabajo (Graciela Craig y Víctor Pesino).

Estos números están encima de los escritorios de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ven con preocupación este vaciamiento del Poder Judicial por las vacantes que se suman entre los jueces y también entre los fiscales nacionales y federales. El asunto es más preocupante cuando el 11 de enero próximo se pone en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py. El próximo lunes se suma Bahía Blanca a los distritos donde ya funciona como Salta, Jujuy, Santa Fe, Mar del Plata y Mendoza, entre otros.

Actualmente están en manos del presidente Javier Milei 184 pliegos de jueces para cubrir otras tantas vacantes en juzgados, tribunales orales y cámaras nacionales y federales de todo el país. Otras 155 vacantes están en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 77 concursos en trámite para cubrirlas.

Los cargos vacantes son en los tribunales civiles, comerciales, penal económico, en los tribunales orales y cámaras del interior del país. No son necesariamente vacantes políticamente sensibles, pero sí generan atrasos en la tramitación de los procesos. Solo en los tribunales orales federales porteños faltan la mitad de los jueces, lo que retrasa los juicios. En la Cámara en lo Penal Económico, que tiene seis jueces, solo hay dos en funciones. Además, falta el 50 por ciento de los jueces del fuero comercial y la mitad de los jueces civiles de familia.

Los pliegos en manos del Gobierno no incluyen los estratégicos candidatos de los juzgados federales de Comodoro Py (cuatro vacantes), de la Cámara Federal (dos cargos), de la Cámara de Casación Penal (tres vacantes). Esos concursos están en trámite en el Consejo de la Magistratura.

Para cubrir cada cargo, el Consejo de la Magistratura hizo concursos, tomó exámenes escritos, hizo entrevistas personales y votó el envío de tres nombres al Poder Ejecutivo para cada vacante. El presidente Javier Milei debe elegir uno de los nombres de cada terna y enviarlo al Senado, donde el nombre del juez propuesto obtendrá acuerdo por mayoría o no.

El proceso es en general producto de una negociación política, donde el oficialismo y los partidos de oposición acuerdan dar apoyo a determinados candidatos según los deseos de cada bloque, y de los gobernadores. Sin diálogo político, los avances no se concretaron.

La semana pasada, el viceministro de Justicia Amerio se reunió con el presidente de la Cámara Civil, Omar Luis Díaz Solimine; la jueza y consejera de la magistratura Agustina Díaz Cordero y otros magistrados del fuero: les prometió que luego de las elecciones nacionales del 26 de octubre el Gobierno iba a enviar al Senado los pliegos de los candidatos que tuviera en su poder.

Esta misma promesa fue hecha por el Gobierno en anteriores ocasiones y nunca fue cumplida. El 6 de noviembre de 2024, hace casi un año, el vocero presidencial Manuel Adorni y Amerio se pararon en la sala de conferencias de la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: “El Gobierno elevará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuiteó: “La casta dejó una justicia vacía, sin jueces ni fiscales. Como consecuencia, los criminales no van presos y los corruptos no son condenados. Para solucionar la crisis que heredamos, en esta primera etapa enviaremos 150 pliegos al Senado para cubrir las vacantes”. No enviaron ninguna. Hoy, las ternas de candidatos a jueces que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo ya no son 150, como hace seis meses, sino 184.