Un operativo de la Policía Federal Argentina que desmanteló una red dedicada a incorporar armas al mercado ilegal en Santa Fe volvió a poner sobre la mesa una de las problemáticas más complejas del crimen organizado: el flujo permanente de armamento hacia estructuras narcocriminales que operan bajo métodos cada vez más sofisticados.
La investigación, que derivó en 17 allanamientos simultáneos en la capital santafesina y en localidades vecinas permitió desarticular un mecanismo que ejemplifica con claridad cómo la legalidad puede ser instrumentalizada para nutrir economías ilegales.
Los investigadores del Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detectaron un patrón sospechoso: ciudadanos sin antecedentes penales, pero con perfiles socioeconómicos incompatibles con compradores típicos de armamento, adquirían de manera legal pistolas, revólveres y escopetas de grueso calibre.
La profundización de estas anomalías reveló que al menos dos individuos vinculados con el comercio de estupefacientes, residentes en barrios precarios de Santa Fe, habían registrado más de veinte armas en los últimos dos años.
En la Fiscalía de Rosario se investigó hace dos años un caso similar, con el mismo patrón: en una armería de la zona sur de Rosario se adquirían armas nuevas con documentación en manos de testaferros, que figuraban como titulares de las pistolas.
El procedimiento en la capital santafesina permitió el secuestro de dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres, diez pistolas de distintos calibres, además de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y documentación clave como tarjetas y cédulas de tenencia de armas. Los doce detenidos −nueve hombres y tres mujeres− representan apenas un segmento de una cadena que conecta el mercado legal de armas con la violencia narcocriminal en la región.
Un vínculo evidente
Esta asociación entre armamento y estupefacientes no es casual. Las estructuras narcocriminales requieren capacidad de fuego para garantizar el control territorial de puntos de venta, proteger cargamentos en tránsito, ejecutar cobros por deudas y dirimir disputas con organizaciones rivales. Las armas de fuego se convierten, así, en herramientas esenciales para sostener economías ilegales que movilizan millones de dólares anuales.
Este esquema provocó que durante la última década y media la violencia se viralizara en Santa Fe, sobre todo en Rosario, donde en los últimos dos años las cifras de homicidios se desplomaron. Los crímenes bajaron más de 65% en 2024 y la tendencia es que en este año también se materialice un nuevo descenso.
Más que la cantidad de armas secuestradas lo que importa es el tipo de armas que aparecen en el mundo criminal. Por ejemplo, lo que ocurrió el mes pasado con el llamado clan Romero, que opera en la zona noroeste de Rosario. En un operativo que se originó por la toma de un terreno la policía terminó secuestrando un arsenal que incluía armas sofisticadas, entre ellas, fusiles AR15 de origen norteamericano.
Las estructuras narcocriminales requieren capacidad de fuego para garantizar el control territorial de puntos de venta, proteger cargamentos en tránsito, ejecutar cobros por deudas y dirimir disputas con organizaciones rivales
En noviembre pasado fueron detenidas seis personas, entre las que figuraban dos “soldaditos” del clan Romero, banda de un vasto y violento historial en las crónicas policiales y con varios integrantes condenados.
El 17 de noviembre, a instancias del fiscal Ignacio Hueso, personal de la Policía de Investigaciones realizó un operativo en Nuevo Alberdi, a raíz de una denuncia por la supuesta toma de un terreno. Los vecinos de esa zona denunciaron que hace un mes irrumpieron dos “soldaditos” de Los Romero, Uriel Mansilla, de 18 años, y Braian Kaliroff, de 34, quienes según la fiscalía actuaron por pedido de Maximiliano Romero, uno de los referentes de la banda.
Luego, la policía allanó una vivienda en Grandoli y pasaje Ortiz y se encontraron con un arsenal, entre los que figuraba un fusil AR-15 con 30 municiones calibre .223 que apareció entre una decena de pistolas, escopetas y revólveres.
La presencia de esta arma en manos de “soldaditos” no es común, pero en los últimos meses algunos procedimientos encendieron alarmas. Según reseñó Rosario3, entre ellos había tres fusiles M4 que secuestró la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un departamento céntrico de Rodríguez al 1034, alquilado por el prófugo Andrés “Plin” Acosta, sindicado hombre del narco detenido Francisco Riquelme. O un par de armas automáticas Colt calibre 7,62 x 51 mm, con sus respectivos cargadores, incautadas junto a 464 kilos de cocaína a integrantes de la banda del narco mayorista de Ibarlucea Fabián Calavera Pelozo, en un operativo realizado en julio de 2024 en San Justo, Santa Fe.
En los últimos allanamientos los policías buscaron sin éxito a Maximiliano Romero, integrante del clan que cobró notoriedad por un despliegue de violencia en Nuevo Alberdi, con rubros que incluyen acopio de armas, narcomenudeo, delitos contra la propiedad y usurpaciones.
El referente de la banda es su hermano Hernán “Lichi” Romero, detenido y condenado a 29 años de prisión por asociación ilícita y por un secuestro narco. Maximiliano, alias Melli, estuvo tras las rejas por el homicidio en ocasión de robo del almacenero Edgardo Picatti, que recibió un balazo en su local de Beppo Levi 3130 en mayo de 2017. La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvo en un motel sobre la ruta 34 en marzo de 2018. Hoy parece haber vuelto a las andanzas y ya tiene pedido de captura por haber mandado a usurpar un terreno.
A este fenómeno creciente de la aparición de armas en manos de bandas narco se suma otro tema vinculado al supuesto comercio de armas provenientes de las Fuerzas Armadas, como la historia de la sustracción de fusiles FAL del Batallón 603, de Fray Luis Beltrán, ubicado a 20 kilómetros de Rosario.
Hace dos semanas, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó el rechazo del planteo de prescripción de esta causa que se originó en 2011, y confirmó el procesamiento de siete militares que se desempeñaban en el Batallón de Arsenales 603 por la sustracción de 43 fusiles FAL completos y 2500 partes de estos fusiles calibre 7,62 mm. La defensa de los imputados había argumentado que los hechos, ocurridos en 2011, estaban prescriptos, pero el tribunal federal determinó que la causa sigue vigente.
La investigación se inició en febrero de 2011, cuando el coronel Enrique Antonio Battezzatti, jefe del batallón, denunció el faltante del fusil FAL N°15214. El mismo día que se detectó la desaparición, el sargento Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento, se suicidó con un disparo en la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Los militares implicados cargaron toda la responsabilidad sobre Solís, quien no pudo defenderse.
El caso salió a la luz por un hallazgo externo: el 11 de febrero de 2011, la Policía Federal de Brasil secuestró en Aracatuba, San Pablo, un fusil FAL con numeraciones diferentes en distintas piezas, pero con el grabado del escudo argentino y la inscripción “Ejército Argentino”.
A partir de ese momento, Interpol alertó a la Justicia argentina y comenzaron a aparecer más fusiles FAL del Ejército Argentino en manos de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC), y también en Paraguay.
El expediente permaneció paralizado durante años en el juzgado federal del juez Bailaque, quien fue investigado por el Consejo de la Magistratura por favorecer al narco Esteban Alvarado y fue imputado con prisión preventiva en otros tres casos. Esta parálisis alimentó los argumentos de la defensa sobre la prescripción.
En julio de ese año, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo encontró la causa “encerrada en cajones que nadie abría” y la reactivó.
La investigación reveló un patrón sistemático de robos que se remonta a décadas. Hace treinta años, la policía de Río de Janeiro secuestró el primer fusil FAL con escudo del Ejército Argentino en una favela. Fue el primero de más de 300 fusiles y subametralladoras de Fabricaciones Militares incautados en operativos contra el crimen organizado entre 1993 y 2001.
