No hay dudas de que el gobierno de Javier Milei ha emprendido con éxito y no poco reconocimiento una importante y necesaria tarea para dejar atrás vicios que durante décadas han signado la economía argentina, tales como el enorme gasto improductivo del Estado, el crónico déficit fiscal y los elevadísimos niveles de inflación. Es también incuestionable que ni la líder del kirchnerismo ni muchos de sus dirigentes carecen de autoridad moral para reclamar a las actuales autoridades nacionales por la transparencia que ellos no exhibieron en su prolongada gestión gubernamental. Nada de eso debe impedir que la sociedad exija de sus gobernantes las indispensables explicaciones frente a las sospechas que, en los últimos días, abundan tras las presuntas revelaciones de un exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre el cobro de coimas a proveedores de medicamentos, ni que la Justicia actúe con la debida celeridad para esclarecer este episodio.
Como lo ha señalado LA NACION desde un principio, las sospechas han surgido ante la difusión de grabaciones clandestinas, seguramente obtenidas de manera ilegal y luego editadas, en las cuales quien estaba al frente de la Andis, Diego Spagnuolo, se quejaría de la existencia de coimas a droguerías que proveen al Estado de medicamentos para personas con discapacidad y mencionaría como presuntos destinatarios de esos pagos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario, Eduardo “Lule” Menem.
Ni bien trascendieron esos audios, el presidente de la Nación dispuso echar “de manera preventiva” a Spagnuolo y al director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, señalado en esas grabaciones como posible encargado de organizar la ruta de los sobornos. Al mismo tiempo, la Justicia, a través del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, dispuso diversos allanamientos, en los cuales secuestró teléfonos celulares y otros potenciales elementos probatorios de aquellos exfuncionarios y de empresarios vinculados a la Droguería Suizo Argentina, mencionada en una de las grabaciones en las que se da cuenta del presunto pago de sobornos.
De acuerdo con una investigación de este diario, la citada empresa multiplicó sus negocios con el Estado, pasando de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025, según surge de las cifras de licitaciones públicas y privadas y de las contrataciones directas que obtuvo la compañía. La Justicia allanó en los últimos días domicilios y oficinas de los dueños de la Droguería Suizo Argentina. A uno de ellos, Emmanuel Kovalivker, se le secuestraron unos 266 mil dólares distribuidos en sobres papel madera que se hallaban en su automóvil.
Frente a un caso de posibles sobreprecios y coimas en la adquisición de medicamentos por el Estado, sí habría un despilfarro de recursos públicos
No puede desecharse la posibilidad de que la súbita aparición de las grabaciones, a solo semanas de la concurrencia a las urnas en la provincia de Buenos Aires, forme parte de una operación política, como acaban de afirmar funcionarios del Gobierno. Sin embargo, no puede eso impedir que se procure conocer toda la verdad acerca de una cuestión tan grave como la presunta existencia de coimas y sobreprecios en la venta de medicamentos al Estado.
No se trata de hacerle el juego al kirchnerismo, sino de bregar para que el gobierno de Milei no caiga en algunos de los vicios propios de la vieja casta política que asegura combatir y para que, justamente, no se parezca en nada al kirchnerismo.
El actual titular del Poder Ejecutivo ha construido su capital político y ha sido beneficiado con el voto de la mayoría del electorado no solo a partir de una narrativa crítica del gigantismo del Estado y de los viles negocios de la política, sino también de un discurso anticasta.
La confirmación de un episodio como el de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad podría terminar asociando al gobierno de Milei con un típico negociado de la casta. Se trataría de un escándalo de proporciones, probablemente más grave que el llamado “criptogate”, por cuanto frente a este último el primer mandatario podía esgrimir que no había dinero del Estado afectado; por el contrario, frente a un caso de posibles sobreprecios y coimas en la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad por el Estado, sí habría un despilfarro de recursos públicos.
Se impone, por esas razones, que al tiempo que la Justicia esclarezca sin dilaciones el caso, el Gobierno ofrezca toda la colaboración necesaria y se deshaga rápidamente de cualquier funcionario que pueda haber estado implicado en el incumplimiento de sus funciones.
