Contrario a lo que prometió el presidente Javier Milei en su discurso, el proyecto de presupuesto 2026 no contiene aumentos en las pensiones por invalidez para las personas con discapacidad y otorga una suba, aunque leve, en las transferencias a las universidades nacionales, la cual fue considera insuficiente por los rectores de las casas de altos estudios.
En la presentación del proyecto, el jefe del Estado prometió anoche abrir el grifo del gasto público en distintas partidas sociales que hasta ahora sufrieron el rigor del ajuste. Una de ellas es la de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), encargada de administrar las pensiones por invalidez. En las planillas del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso se detalla que este organismo tendrá un presupuesto global de $5,21 billones, apenas un 8,3% mayor que la asignación actual ($4,8 billones) que figura en el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.
En lo que se refiere puntualmente al monto de las pensiones, se observa que para el año próximo se prevé un gasto de $4,038 billones, una cifra menor a la asignación actual para este concepto: $4,059 billones, tal como figura en el sitio del Ministerio de Economía.
Estas cifras ponen en tela de juicio una de las promesas del presidente Milei, quien aseveró, en su discurso, que el monto recibido por cada pensionado por discapacidad “aumentará en un 5% por encima de la inflación para el 2026″.
Asimismo, el proyecto de presupuesto 2026 establece una reducción en la cantidad de pensiones a entregar a las personas con discapacidad. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se detalla que en la actualidad el Andis administra 1.133.549 pensiones; para el año próximo la cifra se reducirá a 977.943 pensiones. Esto significa que las auditorías continuarán su curso con las respectivas suspensiones y derogaciones.
En lo que respecta al presupuesto para las universidades, el presidente Milei prometió una partida global –que incluye salarios y gastos de funcionamiento, entre otros conceptos- de $4,8 billones, lo que implica una suba del 14,2% respecto de la asignación vigente ($4,2 billones).
Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que esta suba presupuestaria no solo es insuficiente, sino que agravará el desfinanciamiento de las casas de altos estudios.
“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, explicaron en una declaración pública.
En otro orden, el texto del proyecto propone derogar el artículo 9 de la ley de Educación Nacional que establece el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB).
