Javier y Karina Milei hacen bien en intentar que las leyes más importantes para el gobierno se sancionen en los próximos tres meses. El Presidente y su hermana parecen haber aprendido en estos dos años a calibrar la capacidad de tolerancia de la opinión pública para esperar por resultados vinculados a sus demandas. Pero también a calcular el tiempo que podría insumir a la oposición salir de su desconcierto. Más cautos, algunos gobernadores hablan de un plazo de seis meses para que el idilio de la sociedad con el oficialismo desnude algún eventual síntoma de desencanto.
Como siempre en estos casos, resulta difícil establecer cuánto incide en este diagnóstico precoz el sesgo de deseo, promovido por la necesidad y la urgencia de cada uno. El dato objetivo es que a fines de junio de 2026 comenzará a delinearse la política de alianzas para las elecciones presidenciales de 2027. De cómo llegue cada espacio a esa fecha, dependerá el margen con el que cuente para negociar su lugar en una alianza con el oficialismo u otra para enfrentarlo. Esa perspectiva se proyecta sobre la posición que los bloques especulan adoptar con las iniciativas del oficialismo.
De todas, la prioridad es el Presupuesto. El Presidente y su hermana precisan sancionarlo para dar una señal de garantía a la seguridad jurídica y de que se regularizará la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Sobre todo con Victoria Villarruel. Patricia Bullrich aludió a la vicepresidente con sobriedad desacostumbrada tras visitarla en el Senado. Esa necesidad, sin embargo, se superpondría con la de cubrir vacantes en la Corte, la Procuración General y la Justicia Federal. Para quienes razonan con malicia, una urgencia ligada a las causas que involucran a Karina Milei. Particularmente la del pago de supuestas coimas en el Andis. El éxito de las dos depende del que tenga Bullrich para organizar una nueva mayoría simple de 37 senadores alrededor de La Libertad Avanza y con la intención de aislar al kirchnerismo. O, más puntualmente, a Cristina Kirchner. Una meta que podría sobre cumplirse con la suma de los 20 de la bancada que liderará Bullrich con los diez de la UCR, cinco del Pro y cuatro aportados por las provincias de Santa Cruz y Misiones.
Pero ese optimismo se diluye por la dificultad de compatibilizar los intereses de cada sector para ratificar esa aritmética. Bullrich ya habría tomado nota de esas exigencias. La resiliencia de Crisitina con el éxodo de Fuerza Patria que los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gerardo Zamora ordenarían a sus delegados, contrasta con la belicosidad del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Pero mucho más que Luis Juez oficie de abanderado de Rodolfo Tailhade.
El senador del Pro dijo que “no podía estar más de acuerdo ni haberlo expresado mejor” lo que Tailhade pidió. Avanzar con las denuncias contra las juezas federales Sandra Arroyo Salgado y María Eugenia Capuchetti. No está del todo claro que la ofensiva sobre las magistradas se vincule a la negociación por las vacantes en la Corte. Ni si Juez se pliega a esa estrategia por lo endeble que quedó su candidatura a gobernador en Córdoba luego de la victoria obtenida por La Libertad Avanza con Gonzalo Roca. El candidato propuesto por el jefe de bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni.
La acusación contra Arroyo Salgado es por haber detenido a Alesia Abaigar, la funcionaria de Axel Kicillof que arrojó estiércol en la casa de José Luis Espert. Tailhade quiere que Abaigar declare en la comisión de Acusación pese a estar imputada en esa causa. Capuchetti está denunciada por su investigación del presunto asesinato de Cristina. Tailhade pretende escuchar el alegato de Martin Mena, a quien Capuchetti denunció por falso testimonio en esa causa.
Ni Ariel Lijo ni Julián Ercolini avanzaron en la denuncia de la magistrada contra el ministro de Justicia de Axel Kicillof. Capuchetti tiene otras dos causas sensibles para el kirchnerismo. Investiga a Francisco Hauque por presunto lavado de dinero. Hauque le reclama a Elías Piccirillo una deuda por seis millones de dólares. La jueza intenta determinar el origen de esa suma. El informe confidencial enviado a Capuchetti por la UIF alimentó la paranoia de quienes se descuentan incluidos en el documento pese a desconocer su contenido. Igual que la titular del juzgado Penal y Económico N°11, Verónica Straccia, Capuchetti investiga por el mismo delito a Ariel Vallejos. El titular de Sur Finanzas denunciado por la Procelac. No hay indicios de que Capuchetti tenga previsto apartarse de la causa. Menos aún si fuese cierto que permaneció inactivo durante los tres años que estuvo en poder del fiscal federal Jorge Taiano. Hay quienes especulan que una investigación seria terminaría por hallar una conexión entre Hauque, Piccirillo y Vallejos.
La ansiedad de Tailhade y Juez para que Mena declare contra Capuchetti se debería a que el ministro de Justicia es el candidato de Cristina a ocupar una de las cuatro vacantes en la Corte bonaerense. Aunque no lo descalificaría, la imputación que le efectuó Capuchetti echaría sombras sobre sus antecedentes. Kicillof consiguió postergar esa discusión hasta marzo. Cuando los hechos desmientan que Hilda Kogan pensaba renunciar ese mes. La versión de la salida de la presidente de la Corte se le atribuye a su colega Sergio Torres con real malicia. Tal vez con la intención de aprovechar la supuesta zozobra que le provocó el juicio político que destituyó a Julieta Makintach del cargo de jueza. Hay quienes insisten en que la exmagistrada le enviaba por whatsapp capturas de momentos relevantes del jury en su contra. Condenada por filmar sin autorización un documental sobre Diego Maradona valiéndose de imágenes captadas en el juicio por la muerte del exfutbolista, Makintach le habría asegurado a su entorno que contaba con autorización de la Corte para hacerlo.
A Kogan le interesaría saber cuánto de verdad contiene esa murmuración. Igual que otra que le atribuye a Torres haber negociado a través de su relator, Ezequiel Corteletti, un acuerdo con Sebastián Pareja para cubrir las vacantes en la Corte y acelerar el retiro de Kogan y de Daniel Soria. Aunque ganó 90 días y eludió la presión de Cristina, Sergio Massa y Martín Insaurralde para quedarse con tres de las cuatro vacantes en la Corte, Kicillof no tendrá otro remedio que ceder una a La Libertad Avanza cuando se discuta la composición de ese cuerpo.
A partir de diciembre, los libertarios conformarán la primera minoría en la Legislatura. Esa nueva situación obliga a Fuerza Patria a mantener la unidad. La peor de las condenas que podría pesar sobre esa alianza. Pero también el factor para que el 26 de noviembre pueda sancionarse el Presupuesto, la ley Tarifaria y un endeudamiento por casi cuatro mil millones de dólares. Un trámite que requiere de los dos tercios de cada cámara.
El Pro y la UCR amenazan con no colaborar con esa mayoría especial si no se constituye un fondo de 600 mil millones de pesos para distribuir entre todos los municipios. Acusan a Kicillof de perjudicarlos con la coparticipación en beneficio de sus aliados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La reunión de Johnny Depp con Julio Alak podría ser un argumento a favor de los supuestos damnificados por el desigual reparto de fondos.
Jorge “Corcho” Rodríguez gestionó la visita del artista al municipio de La Plata. Un agradecimiento al intendente por su intervención para que Kicillof actualice las tarifas de las empresas del grupo Edesa (Edelap, Eden, Edesa) que proveen energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Músico aficionado, un intendente del MDF se preguntó si Depp aportará las nuevas melodías que Kicillof no tiene quien le componga. Una broma de mal gusto. Alak perdió en La Plata por casi seis puntos contra La Libertad Avanza. El 6 de septiembre se había impuesto por una diferencia superior a 14.
