El inicio del juicio oral contra Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores directos concentró este martes el interés de los principales ámbitos del poder en Brasil.
La sesión inaugural en la Corte Suprema estuvo marcada por el tono férreo de la Fiscalía y del juez instructor, así como por una defensa enfocada en desacreditar las pruebas presentadas durante la investigación.
El procedimiento comenzó bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de figuras emblemáticas del sistema judicial brasileño, sellando desde el primer momento la relevancia institucional del caso.
La jornada se abrió con la lectura del informe judicial, la presentación de la acusación y las primeras intervenciones de las defensas.
Paulo Gonet, fiscal general, condujo la argumentación central de la Fiscalía, que reclamó la condena para los ocho imputados, sosteniendo que existen pruebas concluyentes y que los hechos representan un episodio excepcionalmente grave en la historia política reciente del país.
La acusación apuntó que el plan que realizó Bolsonaro, se corrobora con documentos, mensajes y registros digitales, así como borradores de decretos que muestran que no hubo solo retórica, sino pasos organizados y concretos.
El juez Alexandre de Moraes, responsable de la instrucción, replicó en su discurso inicial a las presiones recibidas desde el exterior, en particular del gobierno de Estados Unidos, que sancionó a jueces brasileños y aplicó aranceles a exportaciones brasileñas en protesta por lo que definió como una represalia contra Bolsonaro.
Además, enfatizó que el Poder Judicial brasileño “no admitirá injerencias extranjeras” y garantizó la transparencia y legalidad del proceso.
La defensa de los acusados presentó una postura combativa desde el inicio, negando la existencia de un plan orquestado para derrocar a Lula Da Silva y denunciando la supuesta insuficiencia probatoria.
El abogado de Mauro Cid, teniente coronel del Ejército y exedecán de Bolsonaro, defendió la colaboración de su cliente, quien aceptó atenuar su pena a cambio de ofrecer información relevante, argumentando que sus declaraciones fueron contrastadas y verificadas.
Por su parte, los abogados del resto de los acusados buscaron restar validez al testimonio de Cid al insinuar que su motivación sería individual y ligada a la expectativa de obtener beneficios procesales.
La defensa de Anderson Torres, exministro de Justicia, insistió en que el borrador del decreto usado como supuesto fundamento legal del hecho que realizó Bolsonaro, era en realidad un texto apócrifo, sin peso jurídico, que circulaba por internet y que nunca fue debatido ni respaldado por el entorno de Bolsonaro. Con este argumento procuraron neutralizar uno de los principales elementos de la acusación.
Bolsonaro permaneció en el centro de la escena política pese a no estar presente en la Corte, ya que presentó parte médico para justificar su ausencia. No obstante, el exmandatario se hizo visible ante la prensa apostada frente a su domicilio en Brasilia.
A nivel procesal, el tribunal estableció el cronograma: la continuación de las exposiciones de cuatro defensas, incluida la de Bolsonaro, a lo largo de la semana, antes del fallo final, que será precedido por el voto y la propuesta de penas del juez instructor. Cinco miembros de la Corte evaluarán y decidirán el destino judicial de los imputados.
La sesión cerró con el juicio posicionado como un punto central de debate jurídico y político, capaz de redefinir el panorama institucional del país.
La Fiscalía solicitó la condena de todos los acusados y el juez instructor anticipó una posible sanción severa por el intento de instaurar “una verdadera dictadura”
Acusan una alianza política y militar para evitar la llegada de Lula y desestabilizar el orden democrático
En lo sustancial, el juicio aborda la inculpación formal contra Jair Bolsonaro y siete excolaboradores y militares de alto rango por su presunta responsabilidad en la organización de un complot para impedir la asunción del presidente electo Lula da Silva.
Según la acusación, el plan incluyó campañas de desinformación para erosionar la legitimidad del proceso electoral, el uso de recursos estatales y la gestación de mecanismos dirigidos a crear un contexto de caos institucional.
La Fiscalía sostiene que hubo esfuerzos para sumar a los altos mandos militares, la elaboración de decretos para facilitar la ruptura democrática y un asalto coordinado a las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, perpetrado por miles de seguidores el 8 de enero de 2023.
Además, señala que existieron preparativos orientados a atentar contra la integridad física de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes. En esencia, se acusa a los imputados de tentativa de golpe de Estado y de conformar una organización criminal orientada a instaurar un régimen de excepción, con el objetivo de mantener a Bolsonaro en el poder pese al resultado electoral adverso, como remarcó la Fiscalía en la primera jornada del juicio.
(Con información de EFE)
