La Cámara Federal de Corrientes ratificó la prisión preventiva de Guillermo Boscán Bracho, conocido como “El Yiyi”, y otras doce personas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tras haber sido señaladas por su presunta vinculación con la organización transnacional del Tren de Aragua.
Esta decisión, que refuerza los embargos sobre bienes por más de un millón de pesos para cada imputado, marcó un punto clave en la estrategia judicial contra una estructura criminal con actividades en diversos países y una operatoria compleja detectada en la Argentina desde al menos 2019.
De esta manera, nueve personas quedaron procesadas tanto por lavado de activos como por financiamiento del terrorismo, entre ellas “El Yiyi”, junto a otros ocho miembros identificados por sus iniciales: E. D. U. B., A. J. B. P., D. A. B. C., E. Y. C. S., J. A. L. G., M. A. B. C., A. M. D. C. y M. C. D. C.
En el caso de los otros cuatro involucrados, identificados como M. D. V. C., M. T. D. C., F. J. D. C. y D. E. A., confirmaron que continuarán procesados solo por lavado de activos.
El relato del modo de operar reconstruyó el papel de Boscán Bracho como presunto dirigente de dos células operativas articuladas, con base en Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata), y capaces de mantener la coordinación de las maniobras incluso después de su detención bajo el régimen de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
El tribunal, integrado por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, destacó en su resolución que la investigación permitió identificar un circuito económico estructurado y estable, con movimientos superiores a 120 millones de pesos, cuya finalidad era sustentar a la organización criminal fuera del territorio argentino.
Según consta en la resolución publicada en el sitio Fiscales, la magnitud y permanencia de las maniobras llevó a que la agrupación quedara registrada en febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Entre los elementos que fundamentaron el procesamiento, se incluyeron informes del FBI, la Oficina de Investigaciones Criminales, la PROCELAC, la Policía Federal Argentina (PFA) y documentación recolectada tras allanamientos simultáneos el 28 de mayo de 2025.
En esos operativos, realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata, y Corrientes, las fuerzas de seguridad secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y un pasaporte falso, como parte de la evidencia que compromete a la banda.
El fallo de la Cámara consideró acreditado el funcionamiento de una red con relevante capacidad económica y logística, evidenciada en operaciones como la adquisición de bienes de alto valor sin justificación patrimonial legítima, blanqueo de capitales a través de diversos métodos y un esquema de transferencias circulares. Además, señalaron que parte de estos recursos habrían sostenido actividades del Tren de Aragua en el exterior.
También se documentó el uso del sistema de transferencias informales conocido como hawala, operando en el barrio porteño de Colegiales bajo el nombre comercial “Giro Activo”, ingresos de divisas mediante “correos humanos”, fraccionamiento de remesas y constitución de sociedades pantalla para explotar locales comerciales.
La investigación, iniciada tras la detención de Boscán Bracho en octubre de 2023 — quien ingresó al país desde Colombia con identidad falsa y residía en un barrio cerrado de Corrientes — se desarrolló con la intervención del fiscal general subrogante Carlos Schaefer, el auxiliar de la PROCELAC Alberto Barbuto y el fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la UFECO.
El origen del expediente se encuentra en un pedido de extradición internacional contra el líder de la banda, solicitado por la Justicia venezolana, que lo acusa de extorsión, asociación para delinquir, homicidio calificado, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios.
A pesar de que inicialmente la imputación incluyó la figura de asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, la Cámara de Apelaciones declaró su nulidad parcial respecto de ese cargo. En su resolución, subrayaron que el juez de grado había hecho referencia a la verificación de un circuito económico organizado destinado a sostener una estructura criminal transnacional.
Por esto, los jueces destacaron la existencia de riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, tras confirmarse también el arresto domiciliario para tres de las imputadas por razones familiares. Frente a esto, los fiscales solicitaron la confirmación de estas medidas para asegurar la eficacia de la acción judicial y el avance hacia el juicio oral.
