La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exaltos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señalados de posibles omisiones administrativas que habrían ocasionado un detrimento superior a los 44.000 millones de pesos en recursos públicos.
Según el órgano de control, el caso involucra a exdirectivos que no habrían cumplido con el traslado oportuno de un recurso interpuesto por la petrolera Petrobras, acción que terminó beneficiando a la compañía y afectando las finanzas del Estado.
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Los funcionarios bajo indagación son Andrés Fernando Pardo, quien se desempeñó como director operativo de grandes contribuyentes entre 2021 y 2024; Christian Junot Quiñónez, exsubdirector operativo de fiscalización y liquidación en el periodo 2023-2024; y Gustavo Adolfo Mosquera, quien ocupó el mismo cargo en 2024.
De acuerdo con el informe preliminar de la Procuraduría, los investigados habrían omitido trasladar a la dependencia competente un recurso de reconsideración presentado por Petrobras frente a una liquidación de 47.000 millones de pesos. Esa falta de gestión habría generado un “silencio administrativo positivo”, figura que implica la aceptación tácita de los reclamos de un contribuyente ante la falta de respuesta de la autoridad tributaria dentro de los plazos legales.
Como resultado, la empresa habría obtenido un beneficio económico considerable, mientras que la DIAN habría perdido la posibilidad de cobrar la suma objetada, situación que constituye un potencial detrimento al erario. El organismo de control busca establecer si esta omisión se produjo por negligencia, falta de diligencia o desconocimiento de los procedimientos internos.
En su comunicado, el Ministerio Público señaló que “la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de responsabilidad”. El proceso incluirá la recolección de pruebas documentales y testimoniales para determinar el grado de responsabilidad de los exfuncionarios.
Fuentes del organismo confirmaron que la investigación está en fase inicial, por lo que aún no se han formulado cargos ni adoptado medidas preventivas. Sin embargo, se destacó que el caso tiene especial relevancia debido a la magnitud del monto presuntamente comprometido y al impacto que tendría sobre la confianza institucional en los procesos de fiscalización tributaria.
El Ministerio Público también revisará la trazabilidad de los documentos que sustentan el expediente tributario de Petrobras y verificará si existieron comunicaciones internas que advirtieran sobre los plazos para el traslado del recurso. La meta de esta revisión es determinar si hubo advertencias que fueron ignoradas o si la falta de respuesta obedeció a fallas estructurales dentro de la entidad.
La DIAN, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de la indagación. No obstante, funcionarios activos del área jurídica manifestaron a la W Radio que la entidad ha venido implementando medidas para mejorar el control sobre los plazos procesales y evitar que se repitan casos similares. Entre esas acciones se encuentran el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento interno y la creación de alertas automáticas para recursos pendientes de traslado o resolución.
La investigación ocurre en un momento en el que la Procuraduría ha intensificado la vigilancia sobre las entidades encargadas de la administración de recursos públicos. Durante el último año, el organismo ha abierto varias actuaciones disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de impuestos, aduanas y contratos públicos.
El caso de Petrobras, según lo indicado por el ente de control, representa un precedente importante en materia de responsabilidad administrativa, ya que busca esclarecer hasta qué punto los servidores públicos pueden ser sancionados por la omisión de actos administrativos que derivan en perjuicio económico para el Estado.
La Procuraduría enfatizó que, de confirmarse los hechos, se podrían imponer sanciones que incluyen la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, conforme a lo establecido en el Código General Disciplinario. Además, los resultados de la investigación podrían ser remitidos a la Fiscalía General de la Nación si se evidencian posibles conductas con relevancia penal.
El proceso continuará con la etapa de recolección de información y análisis de las pruebas presentadas por las partes involucradas. Los tres exfuncionarios serán llamados a rendir versión libre en las próximas semanas, mientras el ente de control determina si procede a la formulación de cargos formales.
