La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá decidió avanzar en el juicio disciplinario contra Carlos Julián Caicedo Cano, luego de analizar los indicios sobre su contratación con entidades estatales.
La decisión fue emitida el 4 de junio de 2025, y tiene como base publicaciones periodísticas y documentos oficiales que evidenciarían un presunto uso indebido de vínculos políticos para obtener contratos públicos, como reveló W Radio.
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Según el pliego de cargos, Caicedo Cano, de 31 años, fue nombrado asesor en el Instituto Nacional de Vías (Invías) apenas el mismo día en que se anunciaron varios nombramientos de alto perfil en la entidad.
La investigación se originó tras una publicación de La Silla Vacía del 7 de junio de 2023, titulada Los contratos con el Estado de la pareja de Roa, presidente de Ecopetrol, en la que se alertó sobre los posibles conflictos de interés detrás de la contratación.
El documento, que se conoció en redes sociales, señala que, aunque Caicedo no tenía experiencia directa en el sector, fue vinculado como asesor y celebró contratos en medio de denuncias sobre viajes personales y aparentes ausencias en sus labores.
Además, se cuestiona la legalidad de su participación en contratos estatales pese a haber sido declarado inhabilitado para ciertos procesos licitatorios.
Los detalles de la investigación
Según el Ministerio Público, que abrió la investigación dos años atrás, Caicedo Cano pudo haber violado el régimen de inhabilidades al firmar un contrato con la Universidad Pascual Bravo mientras se desempeñaba como asesor del director general de Invías.
Además, la entidad indicó que el funcionario habría incumplido con sus responsabilidades al evidenciarse que, durante el tiempo que debía ejercer sus funciones, publicó en redes sociales imágenes de viajes nacionales e internacionales.
“Presunto incumplimiento de las funciones misionales a cargo del señor Carlos Julián Caicedo Cano, como asesor 1020 grado 08, asignado al Invías, al observarse que paralelamente al tiempo en que debía cumplir con estas, aparecen fotos de múltiples viajes nacionales e internacionales en la plataforma social Instagram”, señaló el auto.
La investigación también incluye una solicitud de copias del contrato firmado con la Universidad Pascual Bravo, y se compulsaron documentos a la Procuraduría regional de Antioquia para investigar a Liliana Restrepo, que suscribió el contrato con Caicedo Cano. Asimismo, se ofició a la oficina de control disciplinario del Invías.
Ricardo Roa y su pareja, entre ambos, enfrentan cinco investigaciones disciplinarias en la Procuraduría
La Procuraduría General adelanta cinco investigaciones disciplinarias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y su pareja, Julián Caicedo Cano.
Las pesquisas, de acuerdo con un reporte periodístico de Semana, abarcan desde su papel en la campaña presidencial de Gustavo Petro hasta presuntas irregularidades administrativas y contractuales.
El primer expediente contra Roa se abrió el 13 de diciembre de 2023. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción indaga su rol como gerente de la campaña Petro Presidente, en la que habría incurrido en violación de topes de financiación y omisión de reportes de gastos. A finales de mayo de 2025, ese mismo órgano remitió un concepto al Consejo Nacional Electoral solicitando una sanción formal.
Otra línea investigativa comenzó el 18 de febrero de este año, por presuntos daños a la economía nacional generados desde su cargo en Ecopetrol. Según el ente de control, el impacto negativo en los resultados financieros de la empresa y los escándalos públicos motivaron la apertura del caso.
Una tercera investigación surgió cuando Roa no asistió a varias citaciones de la Comisión Constitucional del Congreso. Posteriormente, el 3 de junio de 2025, se inició un cuarto proceso relacionado con la compra de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá.
La Procuraduría indicó que “el señor Ricardo Roa Barragán (…) pudo estar incurso en un conflicto de intereses”.
El quinto proceso es el que involucra a Julián Caicedo, pareja de Roa. El caso sigue en etapa probatoria y podría prescribir en agosto de 2027.
Por último, otro expediente apunta a posibles interceptaciones y monitoreos ordenados desde Ecopetrol para rastrear filtraciones internas. La Procuraduría investiga si hubo faltas disciplinarias al ordenar la conservación de comunicaciones de al menos 70 funcionarios, hecho revelado por Semana.
