Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y Devolución del IVA experimentarán transformaciones significativas en los próximos años, conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional.
Las modificaciones propuestas no solo buscan optimizar el aspecto social de estos programas, sino que también apuntan a que las familias beneficiarias puedan avanzar hacia la consolidación de una economía popular, reduciendo su dependencia permanente de los subsidios estatales.
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Además, la iniciativa contempla mejorar los mecanismos y la experiencia en la entrega de las ayudas, facilitando así el acceso y la gestión de los recursos por parte de los hogares.
Cambios en los pagos de subsidios en Colombia
En los últimos meses, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), como responsable de estos programas, ha dado a conocer una serie de proyectos normativos que buscan actualizar las condiciones para que los colombianos accedan a estas ayudas estatales y modernizar la gestión y el pago de los beneficios.
En primera instancia, se publicó un proyecto de resolución destinado a actualizar los requisitos y lineamientos que deberán cumplir las personas para ser beneficiarias de los diferentes subsidios gubernamentales.
Posteriormente, se difundió una nueva propuesta que tiene como fin reglamentar el sistema de transferencias y el sistema de pagos de transferencias monetarias. Ambos documentos hacen parte de una reforma integral que pretende hacer más eficiente, transparente y equitativo el acceso a los apoyos económicos entregados por el Estado.
Uno de los cambios más relevantes planteados es la exigencia para los beneficiarios de contar con productos bancarios activos, como cuentas de ahorro u otros productos digitales, a través de los cuales se efectuarán la dispersión de recursos.
El DPS explicó en estos borradores que la entrega de ayudas se realizará “mediante depósitos en productos a la vista”, lo que implica que los ciudadanos tendrán que informar qué cuenta usarán para recibir los pagos. Si no disponen de una, deberán gestionarla dentro de un plazo que no superará los cinco años.
Esta nueva exigencia representa una apuesta por aumentar la bancarización del país. Así, la inclusión financiera dejará de ser un aspecto opcional para convertirse en un requisito obligatorio para el acceso a los subsidios después del periodo de transición.
Al respecto, Prosperidad Social detalló que, una vez vencido el plazo de cinco años, los pagos que usualmente se hacían a través de giros no bancarios dejarán de estar disponibles, restringiendo el acceso exclusivamente a aquellos que tengan cuentas habilitadas en el sistema financiero.
Si bien durante esos cinco años la modalidad de giro seguirá vigente como alternativa para quienes no logren la bancarización en el corto plazo, pasada esa fecha “las entidades que operen programas de transferencias monetarias no podrán realizar el pago de transferencias monetarias a productos no bancarizados”, advirtió la entidad.
Lo anterior responde a que, actualmente, las personas que reciben el dinero a través de Efecty y SuperGiros están expuestas a perder la ayuda cuando dejan de reclamarla por más de dos meses, situación que no ocurre con los beneficiarios bancarizados.
En la exposición de motivos de la resolución publicada en octubre de 2025, el DPS señala la necesidad de reglamentar el Sistema de Transferencias y el Sistema de Pagos con el propósito de articular e integrar “las políticas, planes, programas y proyectos de transferencias, de nivel nacional, existentes; se cuente con principios, definiciones y enfoques propios que soporten y fortalezcan su respectiva implementación”.
El objetivo es consolidar un sistema coordinado, transparente y más eficiente, capaz no solo de transferir recursos sino de complementar las estrategias de inclusión social a través de otros bienes y servicios públicos gestionados por las entidades estatales.
El Sistema de Transferencias propuesto estará conformado por varias instituciones públicas:
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Departamento Nacional de Planeación
- Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
- Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas
- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd)
- Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
La nueva normativa precisa que los pagos no se definirán únicamente como subsidios, ya que serán considerados una acción complementaria al portafolio de bienes y servicios que ofrece cada sector administrativo, en función de sus competencias.
Con esto se busca fortalecer la atención a la población vulnerable y en pobreza, articulando recursos y acciones de distintas entidades bajo una visión integral.
Los beneficiarios podrán escoger el banco
En la actualidad, los colombianos y extranjeros priorizados según su clasificación en el Sisbén reciben los recursos a través del Banco Agrario, ya sea mediante cuenta de ahorros con tarjeta débito, directamente en las cajas, o por la billetera virtual Bico. Esta modalidad, sin embargo, cambiará debido a los recientes desarrollos en la oferta de servicios financieros de otras entidades.
Los beneficiarios tendrán la libertad de elegir el producto de depósito a la vista digital que prefieran y deberán comunicar su elección a la entidad responsable en sus municipios y ciudades.
El Gobierno nacional espera que la transformación estimule el uso de servicios financieros formales y la inclusión digital, facilitando la administración, trazabilidad y seguridad en la entrega de recursos oficiales. La decisión apunta también a reducir los costos operativos y los riesgos vinculados al manejo de dinero en efectivo en procesos de pagos masivos.
Como parte del proceso de expedición de la nueva normativa, el DPS abrió un espacio de consulta para que la ciudadanía realice comentarios y sugerencias sobre el proyecto de resolución, el cual estará disponible hasta el 31 de octubre en la plataforma Sucop. Después de ese periodo, la entidad evaluará las intervenciones recibidas y ajustará el texto final que fijará las nuevas condiciones de acceso y los requisitos operativos para los millones de beneficiarios en Colombia.
