El costo que implicaría poner fin anticipadamente a las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 supera los 1.000 millones de euros, una cifra que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera inviable asumir en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias y las prioridades existentes para la inversión en infraestructuras. Así lo informó La Nueva España, que explicó que el Ejecutivo central se decantó por ampliar los descuentos temporales para los usuarios frecuentes como respuesta al alto coste de cancelar estos contratos y la actual disputa legal en la justicia europea acerca de las prórrogas concedidas en el año 2000. De acuerdo al citado medio, la prórroga firmada entonces bajo el gobierno de José María Aznar extendió la explotación de ambas autopistas hasta 2048, imposibilitando una supresión unilateral de los peajes sin compensar a las empresas concesionarias.
Según detalló La Nueva España, en este escenario el Ejecutivo dirige su política hacia incentivos temporales, aplicables únicamente a conductores que utilizan de manera frecuente estas infraestructuras. El sistema de bonificaciones alcanza hasta un 75% de los importes, siendo evaluado periódicamente para una posible ampliación según avance el litigio en curso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Administración General del Estado fundamenta esta estrategia en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, dadas las obligaciones con la red ferroviaria de alta velocidad y la conservación del entramado vial estatal, y en las limitaciones legales impuestas por las actuales concesiones.
El debate sobre una posible supresión total de los peajes en la AP-9 y la AP-66 reaparece de forma habitual, al calor de las demandas formuladas por partidos y asociaciones de Galicia y Asturias, regiones directamente afectadas por ambas autopistas, que consideran insuficientes las medidas de bonificación adoptadas. Las reclamaciones apuntan a la eliminación definitiva de peajes y responsabilizan al Gobierno central de no contemplar los intereses de los territorios periféricos. Según publicó La Nueva España, el ministro Óscar Puente atribuyó a la Xunta de Galicia y al Partido Popular la responsabilidad de los contratos suscritos en 2000 y sostuvo: “me sorprende el morro que le echa la Xunta de Galicia y el PP en este tema”, recalcando la vigencia de las condiciones pactadas bajo el mandato anterior.
El conflicto legal que enfrenta al Gobierno español y la Comisión Europea parte de la denuncia de que las prórrogas de concesión realizadas hace más de dos décadas no se sometieron a licitación pública, contraviniendo exigencias comunitarias. En julio, la Comisión Europea declaró en un dictamen que los contratos debían haber sido objeto de un concurso abierto, de acuerdo a las reglas de contratación vigentes en la Unión Europea. Europa Press reportó que los contratos firmados actualmente no pueden considerarse ilegales ni anulables en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dicte una sentencia definitiva.
Tal como consignó La Nueva España, el Ministerio de Transportes argumenta ante la Comisión Europea la corrección del proceso seguido en el ámbito español y mantiene que, sin un fallo en contra por parte de la justicia europea, no procede modificar las condiciones estipuladas en la prórroga de 2000. El ministro Puente expuso: “Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está facultado para emitir un fallo definitivo sobre la adecuación de las concesiones al marco normativo europeo”, refiriéndose al papel central del tribunal comunitario en la continuidad o no del actual régimen de explotación.
El Ejecutivo reitera que únicamente una sentencia del Tribunal de Justicia europeo podría permitir la rescisión anticipada de los contratos de concesión o su liberalización, y que cualquier cambio en este sentido requeriría indemnizaciones cuyo monto superaría la capacidad financiera actual del Estado. Por ello, reportó Europa Press, la política de bonificaciones para usuarios recurrentes sigue siendo la principal medida de alivio aplicada, y su mantenimiento o eventual incremento depende directamente del desarrollo del procedimiento judicial y de las posibilidades presupuestarias.
El Ministerio mantiene un seguimiento constante del proceso europeo y revisa las opciones para ampliar los descuentos disponibles. Al mismo tiempo, se descarta por ahora la supresión íntegra de tarifas y se rechazan modificaciones fiscales con efectos estructurales sobre los ingresos estatales o las obligaciones contraídas con las compañías concesionarias. Esta política permite sostener el régimen actual, mientras se aguarda una resolución europea.
Las circunstancias judiciales y presupuestarias se presentan como elementos clave para entender la gestión actual de las autopistas AP-9 y AP-66. Las presiones desde Bruselas y las reivindicaciones territoriales se mantienen en un escenario de incertidumbre legal, en el que el futuro del sistema concesional depende de un veredicto pendiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras tanto, el Gobierno optó por los descuentos dirigidos a quienes utilizan de forma habitual las autopistas, en lugar de medidas estructurales cuya viabilidad financiera y jurídica no resulta asegurada, según el seguimiento realizado por La Nueva España y Europa Press.
