La entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales en Colombia marca un periodo de incertidumbre para más de 220.000 trabajadores estatales, quienes enfrentan el riesgo de interrupción en la renovación o inicio de sus contratos y ven amenazada su estabilidad laboral en los meses previos a las elecciones de 2026.
Y es que dicha normativa, vigente desde 2005, impone restricciones estrictas a la contratación pública y a la modificación de nóminas en el sector estatal, con el objetivo de asegurar la transparencia y la equidad en los procesos electorales, según reportó la Misión de Observación Electoral (MOE).
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Esta se consolidó como el principal instrumento jurídico para evitar el uso indebido de recursos públicos en campañas presidenciales y legislativas. De acuerdo con el órgano, la norma regula seis aspectos fundamentales:
- Contratación estatal
- Gestión de la nómina,
- Conducta del personal a cargo,
- Uso de bienes y recursos públicos,
- Control sobre los medios de comunicación
- Supervisión de encuestas electorales.
Las restricciones buscan impedir que el aparato estatal se utilice con fines proselitistas y garantizar que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones.
Entre las limitaciones más relevantes, la ley prohíbe la firma de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones legislativas y hasta la celebración de las presidenciales. Por supuesto, la medida afecta a gobernadores, alcaldes, secretarios y directivos de entidades descentralizadas en todos los niveles.
De esta manera, el periodo de restricción comenzará el 8 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio si se hace una segunda vuelta presidencial. La MOE resaltó que “no existen excepciones a esta prohibición” para los convenios interadministrativos.
Contratación directa
En cuanto a la contratación directa, la ley impide a todas las entidades estatales recurrir a esta modalidad durante los cuatro meses previos a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta. Sin embargo, existen excepciones para situaciones relacionadas con:
- Defensa y seguridad del Estado
- Contratos de crédito público
- Emergencias educativas, sanitarias y desastres,
- Reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o desastres naturales.
- Contrataciones indispensables para el funcionamiento de entidades sanitarias y hospitalarias.
La MOE aclara que la ley no restringe las prórrogas, modificaciones, adiciones ni la cesión de contratos ya suscritos.
El control sobre la nómina estatal constituye otro pilar de la ley. Durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas, se suspende cualquier modificación de la nómina en la Rama Ejecutiva a nivel territorial, y esta restricción se amplía al nivel nacional en los meses previos a las presidenciales. No se pueden crear ni suprimir empleos, ni incorporar o desvincular personal, salvo en casos de vacancia definitiva por muerte o renuncia irrevocable, o para cumplir normas de carrera administrativa.
Excepciones de la Ley de Garantías
Se debe tener en cuenta que en el periodo previo a las presidenciales se permiten excepciones para cubrir vacantes en áreas críticas como defensa, emergencias y salud, siempre que la provisión sea indispensable para el funcionamiento de la administración pública y esté respaldada por un acto administrativo motivado.
Las restricciones también alcanzan la conducta de los empleados estatales con personal a cargo. La ley prohíbe ejercer cualquier tipo de presión, acoso o determinación para influir en la voluntad electoral de los subalternos, así como favorecer con promociones o ascensos indebidos a quienes compartan una causa política. El despido de funcionarios de carrera por razones de “buen servicio” fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Las sanciones por incumplimiento varían según la gravedad del hecho y pueden incluir medidas disciplinarias.
Otro punto que se aclara es que el uso de bienes y recursos públicos está estrictamente regulado. Es así que los servidores públicos no pueden:
- Ofrecer beneficios directos, personales o indebidos a ciudadanos o comunidades por medio de obras o acciones de la administración con el fin de influir en la intención de voto.
- Difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos utilizando medios oficiales, ni aumentar los recursos destinados a la publicidad estatal durante la campaña presidencial para favorecer a alguna candidatura.
- Participar o asignar recursos para eventos proselitistas, inaugurar obras públicas en presencia de candidatos o autorizar el uso de bienes públicos para actividades políticas.
Impacto en los medios de comunicación
En el ámbito de los medios de comunicación, la ley exige a los concesionarios de noticieros y espacios de opinión en televisión garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad durante la campaña. El RTVC Sistema de Medios Públicos debe asegurar el acceso equitativo a sus espacios para movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, en igualdad de condiciones con los partidos políticos.
Además, está obligado a organizar tres debates de hasta 60 minutos entre los candidatos presidenciales y a permitir intervenciones de cada candidato al inicio y al final de la campaña. Las empresas de televisión por suscripción no pueden transmitir propaganda electoral sobre la campaña presidencial en canales extranjeros. Los operadores privados de radio y televisión deben remitir cada semana al Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe sobre los tiempos o espacios otorgados a cada campaña presidencial, y el CNE puede ordenar ajustes si detecta trato inequitativo.
Las encuestas electorales también están sujetas a controles estrictos. Toda encuesta publicada debe informar quién la realizó, quién la encomendó, la fuente de financiación, el tipo y tamaño de la muestra, los temas y preguntas formuladas, los candidatos indagados, el área de realización, el periodo de recolección de datos y el margen de error.
Qué pasará con las encuestas
Las encuestas deben ser representativas y los entrevistados seleccionados de forma probabilística. Durante la semana previa a las elecciones presidenciales, está prohibido efectuar, publicar o divulgar encuestas o sondeos en medios nacionales e internacionales. Las empresas que realicen encuestas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Encuestadores administrado por el CNE.
Si un medio realiza sondeos sin diseño técnico de muestreo, debe advertir que no se trata de una encuesta técnicamente diseñada. El incumplimiento de estas reglas puede acarrear multas de 15 ($21.352.500) a 200 ($284.700.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El impacto de la Ley de Garantías Electorales sobre los trabajadores estatales es considerable. Según cifras de El Tiempo, más de 220.000 personas vinculadas a contratos temporales y órdenes de prestación de servicios pueden ver interrumpida la renovación o inicio de sus contratos durante el periodo de restricción. La situación afecta, en especial, a empleados en áreas administrativas de gobernaciones, alcaldías, hospitales y universidades públicas, quienes dependen de la continuidad contractual para su sustento y estabilidad laboral.
Funcionamiento de la economía
La afectación no se limita al ámbito laboral. El funcionamiento de la economía y la prestación de servicios públicos también se ven comprometidos. De acuerdo con información de La República y la Federación Colombiana de Municipios, hasta el 30% de los proyectos públicos locales pueden quedar suspendidos o afectados durante el tiempo en que está vigente la ley.
Por supuesto, la parálisis impacta a proveedores, empresas del sector construcción y comunidades que dependen de la ejecución oportuna de programas estatales, generando un efecto dominó en la economía local y nacional.
Las sanciones para quienes incumplan las restricciones de la ley son severas. El Código Penal establece penas de prisión de 64 a 216 meses, multas de 66,66 ($94.890.510) a 300 ($427.050.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para ejercer funciones públicas de 80 a 216 meses. Además, los funcionarios que contraten en contravención a la norma pueden enfrentar sanciones disciplinarias. En el caso de las encuestas, las multas pueden alcanzar los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
