CORRIENTES. – Allanamientos, detenciones y videos de menores llevando fajos de dinero convulsionaron Chaco. Todo surge de las investigaciones llevadas adelante por la justicia federal y local a partir de una serie de denuncias de corrupción. El escándalo, conocido como la “megacausa de los piqueteros” podrían escalar en lo político y cercar a funcionarios cercanos al exgobernador Jorge Capitanich.

Sucede que los imputados, detenidos y procesados en lo que se conoce también como la “megacausa del IAFEP” responden a organizaciones que tuvieron vinculaciones directas con el anterior gobierno provincial.

Los imputado quedaron en evidencia cuando salieron a la luz varios videos en los que se los ve a niños de sus propias familias manipulando montañas de dinero de distinto valor, que sería el producido de varios hechos ilícitos en perjuicio del estado.

Uno de los primeros detenidos, en octubre de 2024, fue Mario Andión, extitular del IAFEP, quien con algunos de sus subordinados fue denunciado por defraudación, asunto que algunos investigadores creen que fue solo la punta del ovillo.

Una fuente del gobierno chaqueño le dijo a LA NACION que la justicia local y federal debería poner la lupa, en el caso del IAFEP, en sus inmediatos superiores, que eram los auditores y funcionarios del Ministerio de Economía provincial durante la gestión de Capitanich.

El entonces ministro de Economía Santiago Perez Pons, hasta ahora no fue requerido en la causa y además tiene fueros, porque en 2023 fue electo diputado provincial.

El sentido común indica que tiene que haber registros de los recursos, porque solo en 2023 salieron más de 16 mil millones de pesos de las arcas provinciales para financiar programas del Instituto de Agricultura. Y ese es solo uno de los organismos investigados. “El desfalco allí podría ascender a los 60 mil millones”, dijo una fuente.

Operadores políticos y judiciales chaqueños, que pidieron reserva de identidad, tienen dudas acerca de la rectitud con la que podría actuar la justicia provincial e incluso manifiestan reparos en relación con la investigación federal.

“No creo que lleguen a Capitanich”, dicen, con sigilo. En todo caso, eso se verá con el transcurso de la investigación, que parece mantener sus bríos. A nadie se les escapa que el Chaco transita un cronograma electoral en el que el propio Capitanich es protagonista. Es candidato a diputado por la principal lista kirchnerista de la oposición. Por eso, este viernes denunció que es víctima de una campaña en su contra.

Los apoderados del Partido Justicialista presentaron una denuncia ante la Justicia Federal por supuestas noticias falsas (fake news) para perjudicar a Capitanich y posible lavado de activos detrás de su financiamiento. La presentación se hizo ante la jueza federal con competencia electoral de Resistencia, Zunilda Niremperger, “por posibles delitos electorales, delitos contra el honor, lavado de activos y violación a la ley de financiamiento partidario”.

Los denunciantes piden que se identifique a los autores “por la comisión de delitos vinculados a la violación de la legislación electoral, difusión masiva de fake news, posible financiamiento ilegal de campañas, y atentado contra el normal desarrollo del proceso electoral; todo ello en perjuicio del candidato a diputado provincial Jorge Milton Capitanich, del Frente Chaco Merece Más, así como de la ciudadanía chaqueña”.

Por ahora está en veremos el impacto del escándalo. Las encuestas, hasta la semana pasada, mostraban un esquema de paridad con una leve ventaja para el candidato oficialista, Julio Ferro.

La Rosadita chaqueña

En las últimas 48 horas, la justicia de Chaco llevó adelante un operativo conjunto que resultó en la detención de los responsables de organizaciones piqueteras acusadas de lavado de dinero. Los fondos provinieron de millonarios subsidios entregados entre otras cosas para la construcción de viviendas que nunca se hicieron. Todas estas entidades recibieron financiamiento durante la gestión de Jorge Capitanich, lo que pone en el centro de la investigación su rol en el desfalco de fondos públicos.

Este viernes se entregó a la Justicia el contador Walter Pasko, quien habría construido uno de los esquemas de corrupción y facturas falsas que produjo la detención, seguida de allanamiento, del dirigente social Fernando Adrián Ayala. Para la prensa local, Pasko sería el contador de Ayala, supuesto testaferro del jefe piquetero “Tito” López.

Pasko, junto a su padre, hermanos y allegados, según la hipótesis del fiscal que investiga el caso, Patricio Sabadini, engañó a por lo menos seis de sus clientes y desplegó una red de empresas inexistentes para evadir impuestos y lavar dinero.

“Se trata de un muchacho de perfil bajo en lo político, pero de perfil muy alto en redes sociales donde exhibía viajes que son la envidia de los más pudientes”, graficó ante LA NACION una fuente cercana a la investigación. Cuando se entregó a la justicia, de hecho, entregó también dos camionetas de alta gama marca Toyota que se sumaron a otra que la Justicia encontró por su cuenta.

El jueves, en tanto, la justicia federal detuvo a Fernando Ayala, titular de decenas de cooperativas, acusado de haber lavado dinero generado mediante el uso de facturas apócrifas.

Ayala utilizaba cooperativas para inventar gastos inexistentes, cobraba y luego era grabado por sus propias cámaras de seguridad contando grandes cantidades de dinero en efectivo en el living de su casa. Los investigadores creen que esos videos hallados en su teléfono eran la forma que Ayala tenía de reportarse con alguien más. A un puntero o referente político, por ejemplo.

Ayala es un dirigente social chaqueño vinculado a cooperativas y organizaciones sociales, actualmente detenido e imputado en una causa federal por asociación ilícita y fraude tributario. Es señalado como uno de los organizadores de una asociación ilícita y tiene lazos con Ramón “Tito” Lopez, el piquetero sucesor de Emerenciano Sena (preso por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski).

“Tito” López tenía relaciones con el Estado provincial durante la gestión de Capitanich y que se encuentra detenido por causas varias, también relacionadas con el presunto lavado de dinero.

Ayala es, además, pareja de María José Reinau, quien fue funcionaria de Capitanich en el propio Instituto de Agricultura y que este jueves, durante el allanamiento en su casa y detención de su pareja, lucía una remera negra con la inscripción “Coqui Gobernador”, bajo un corazón rojo.

Ya en diciembre de 2023 se realizaron múltiples allanamientos en Resistencia y en otras localidades, incluyendo domicilios vinculados a Ayala y las peluquerías “Brilla Mujer”, relacionadas con su pareja. Estos procedimientos permitieron secuestrar documentación y sellos oficiales falsificados, evidenciando la estructura organizada de la red delictiva.

El costo de la corrupción

Aunque en el Chaco descreen que la red de relaciones impacte de lleno en Capitanich, la investigación federal, liderada por el fiscal Sabadini reveló que esta organización utilizaba cooperativas y fundaciones como “usinas de facturación apócrifa” para generar crédito fiscal espurio y justificar gastos ante organismos públicos, especialmente el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) en la época del exgobernador y ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular fue creado por ley el 11 de febrero de 2021, y su objetivo fue impulsar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar, y a la organización, y consolidación de las diversas ramas y actividades de la economía popular.

La gestión del IAFEP, disuelta tres años después, en julio de 2024 y calificada por la administración actual como una “usina de corrupción”, refleja un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos. La interventora Clelia Ávila, que abrió una investigación interna a días de asumir el nuevo gobierno, en diciembre de 2024, denunció que en 2023 el IAFEP manejó un presupuesto de 16 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones fueron absorbidos por organizaciones sociales, muchas de las cuales no cumplieron con los deberes de construcción de viviendas y otros proyectos asignados.

Estos programas de Soluciones Habitacionales, Infraestructura Social Básica, y el programa ReciTodos, que en conjunto absorbieron el 93% del presupuesto total del IAFEP, son focos principales de malversación de fondos públicos, afectando directamente a los beneficiarios legítimos y a la transparencia en la administración provincial, dice el trabajo.

Irregularidades en el manejo de fondos

Una auditoría llevada adelante por Avila, a la que accedió LA NACION, concluye que en la gestión anterior del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular se han detectado numerosas irregularidades que evidencian un manejo discrecional y arbitrario de fondos públicos. No se encontraron reglamento ni disposiciones claras sobre el mecanismo de adjudicación de obras ni la selección de beneficiarios, lo que ha generado descontrol en la administración de recursos.

Muchas organizaciones sociales beneficiarias no completaron las obras asignadas, como viviendas y galpones, y en algunos casos ni siquiera las iniciaron. Además, se otorgaron pagos anticipados del 30% para obras que no se ejecutaron.

La falta de una base de datos precisa sobre la ubicación de las obras y los beneficiarios ha dificultado la verificación y control de las asignaciones financieras. También se encontraron irregularidades en Consorcios Rurales y de Ladrilleros, muchos de los cuales presentaron balances vencidos y carecían de rendición de cuentas. A pesar de ello, se continuó asistiendo a consorcios en situaciones irregulares.

Se favoreció a organizaciones sociales que malversaron fondos públicos, mientras que los sectores productivos recibieron montos ínfimos en comparación. Se observó un patrón de discriminación política, donde coordinadores de zona priorizaron municipios afines al gobierno, dejando de lado a otros. Además, se detectó el uso indebido de herramientas y maquinarias adquiridas con fondos públicos, así como donaciones no registradas que no contaban con la documentación correspondiente.

Los beneficiarios también han presentado denuncias por no recibir las viviendas prometidas. Muchas fundaciones construyeron obras que no coincidían con los prototipos establecidos, como salones y quinchos con piscina, en lugar de viviendas. Proyectos como viviendas rurales, electrificación y perforaciones quedaron sin materializarse, reflejando una falta de planificación y ejecución en la gestión.

Los programas más afectados por estas irregularidades fueron el Programa de Soluciones Habitacionales, que representó el 64% del presupuesto en 2023, con muchas viviendas no iniciadas o no terminadas y falta de base de datos sobre beneficiarios y ubicaciones; el Programa de Infraestructura Social Básica, con el 16% del presupuesto, adjudicaciones discrecionales y falta de rendición de cuentas, y el Programa ReciTodos-Chaco 3R que representó el 13% del presupuesto, destinado al reciclado de residuos y limpieza, pero también con irregularidades en la administración de fondos.