Las acusaciones de corrupción que involucran a Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, han puesto en cuestión la legitimidad de su elección y la transparencia en el manejo de instituciones estatales clave.
Fernández fue elegido magistrado en octubre de 2023 tras un proceso que, de acuerdo con declaraciones en poder de la Fiscalía, se vio marcado por millonarios sobornos gestionados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, según el medio Semana.
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El caso comenzó a ganar visibilidad a partir de las declaraciones de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, sobre este tema.
Ortiz, durante su colaboración con la Fiscalía, describió cómo facilitó el movimiento de pagos que alcanzaron los 3.000 millones de pesos.
Este dinero, según las investigaciones, habría sido entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name, como parte de un acuerdo para incluir en la agenda legislativa la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Ortiz detalló que la entrega de una parte de esos fondos, 1.500 millones de pesos, fue esencial para “agilizar el trámite de las reformas sociales y garantizar la elección”, según las pruebas reveladas por el medio.
El 13 de octubre de 2023, Ortiz organizó un desayuno en la oficina de Name, al que asistieron Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y el propio Vladimir Fernández. Según los testimonios recopilados por la Fiscalía y divulgados por Semana, esta reunión ocurrió solo un día después de una transacción clave que involucró fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En mensajes de texto presentados como evidencia, Ortiz escribió a Fernández: “Saliendo para la reunión. Te esperamos”. A lo que Fernández respondió: “Acá estoy esperando”. El seguimiento de estas conversaciones prueba, según la publicación, el papel central de Ortiz en la coordinación del supuesto esquema.
