El Gobierno argentino presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una supuesta operación de inteligencia ilegal. La denuncia se produjo tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Debido a ello, el Ministerio de Seguridad solicitó allanamientos a periodistas y un canal de streaming.
¿A quiénes apunta la presentación judicial por los audios de Karina Milei?
La denuncia del Gobierno, impulsada por el Ministerio de Seguridad, señala a varias personas como presuntos responsables de la difusión de los audios. Entre ellos se encuentran los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el principal accionista del canal de streaming Carnaval, Pablo Toviggino, y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. El Gobierno acusa a Bindi de ser el supuesto responsable de la filtración de los audios.
Medidas solicitadas por el Gobierno a la Justicia tras la difusión de los audios
El Ministerio de Seguridad solicitó a la Justicia allanar el canal de streaming Carnaval, el cual fue el primero en difundir los audios. Además, pidió allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi.
Adicionalmente, el Gobierno consiguió una medida cautelar que ordena el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Esta medida busca evitar la propagación de las grabaciones a través de cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual o redes sociales.
Los argumentos del gobierno sobre la filtración de los audios de Karina Milei
Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, a la que tuvo acceso LA NACION, la filtración de los audios forma parte de una supuesta operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y “desestabilizar” el proceso electoral. El Gobierno sostiene que la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
La presentación judicial califica las conductas ilícitas como un “ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520 (de Inteligencia)”. Además, se argumenta que el propósito de los autores de la supuesta operación es “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
La presentación del Gobierno destaca que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”. Además, se sugiere que esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, “con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó a través de la red social X que “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido“.
El marco legal: la Ley de Inteligencia Nacional
La denuncia del Gobierno se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas. En este sentido, la presentación solicita “medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.
