El Perú se acerca a romper la regla fiscal por tercer año consecutivo. “Si bien el déficit fiscal ha mostrado una tendencia descendente, el déficit fiscal anualizado a setiembre de 2025 ascendió a 2,4% del PBI; es decir, el déficit fiscal anualizado se encuentra por encima de la meta fiscal para este año”, resalta el Gobierno peruano.
Es por eso que —“en una situación donde los ingresos fiscales son menores a los estimados y el gasto público continúa incrementándose; destacándose que persiste la existencia de riesgos a la baja asociado principalmente al incremento de las devoluciones tributarias, con lo cual se dificulta cumplir la meta de déficit fiscal para el presente año”— el Ejecutivo, a cargo de José Jerí, con su ministra de Economía Denisse Miralles, ha decidido aprobar un decreto de urgencia que busca la “austeridad”.
Este plan de austeridad significa que el gobierno de Jerí busca hacer cumplir la regla fiscal para este año, para lo que buscará con una serie de medidas ahorrar S/1.200 millones al Estado.
Plan de austeridad en marcha
“La medida permitirá fortalecer la disciplina fiscal, priorizar el uso responsable de los recursos del Estado y asegura el cumplimiento de la regla fiscal de 2,2 % del PBI al 2025“, resalta el MEF.
El Gobierno del Perú aprobó el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, que establece medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Estas disposiciones permitirán generar ahorros estimados en S/1.200 millones durante el presente año fiscal, con el objetivo de cumplir la regla fiscal del 2025 (déficit máximo de 2,2 % del PBI) y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que las medidas buscan asegurar una gestión eficiente y responsable del gasto público. “La austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol del Estado se utilice con eficiencia y transparencia. Estas medidas son necesarias para cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana”, precisó la titular del MEF.
Así, el Decreto de Urgencia, aplicable a todos los pliegos del Poder Ejecutivo, dispone tres medidas prioritarias:
- Un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras, contados desde la publicación de la norma
- Modulación del gasto en bienes y servicios no críticos, como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos
- Priorización del gasto en inversiones en ejecución, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales ni el funcionamiento regular de las entidades.
Estas restricciones temporales se aplican tanto al gasto corriente como al de capital, asegurando que los recursos públicos se concentren en sectores productivos y servicios esenciales. La medida no afecta obligaciones sociales ineludibles, como las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, el Programa Llamkasun y el Seguro Integral de Salud (SIS).
Reasignarán recursos
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos generados por la aplicación del decreto hacia la Reserva de Contingencia, fortaleciendo la capacidad del Estado para responder ante eventualidades sin comprometer el equilibrio fiscal.
En materia de inversión pública, la norma prioriza los proyectos con expediente técnico aprobado o contrato suscrito, asegurando la continuidad de las obras en curso y evitando la creación de nuevos compromisos sin sustento técnico o presupuestal.
Con la aprobación de este decreto, el Poder Ejecutivo refuerza sus herramientas para preservar la sostenibilidad fiscal, consolidar la confianza de los inversionistas y promover un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
La ministra Miralles subrayó que este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica, condición indispensable para mantener el grado de inversión del país y las condiciones favorables de financiamiento, permitiendo destinar más recursos a las prioridades sociales y a la reactivación económica con responsabilidad fiscal.
