Un juez federal con pasado en la policía, una carrera ascendente en el Departamento de Justicia y un historial vinculado a decisiones polémicas reactivó un mecanismo que podría afectar a millones de personas en Estados Unidos. Trevor Neil McFadden, designado por Donald Trump en 2017, avaló esta semana el requerimiento de que todos los extranjeros sin residencia legal registren su presencia ante el gobierno federal, una medida que forma parte del endurecimiento de la política migratoria de la actual administración.
Una carrera construida entre la ley y el poder: ¿Quién es Trevor Neil McFadden?
Trevor Neil McFadden forjó una trayectoria que combina experiencia legal en las más altas esferas con práctica directa en las fuerzas de seguridad. Según los datos publicados por United States District Court for the District of Columbia, se graduó con honores en Wheaton College, Illinois, en 2001, para luego obtener su título en derecho en la Universidad de Virginia en 2006, donde formó parte de la prestigiosa Virginia Law Review y fue reconocido como miembro de la Orden del Coif, un distintivo reservado para los estudiantes con mayor rendimiento académico.
Tras completar sus estudios, inició su camino como secretario judicial del juez Steven Colloton en la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito. Luego, ingresó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde sirvió como consejero del vicefiscal general y como fiscal federal auxiliar en el Distrito de Columbia.
Su perfil profesional incluye además un paso destacado por el ámbito privado, cuando trabajó como socio del estudio jurídico Baker & McKenzie en Washington D.C., especializado en investigaciones de delitos de cuello blanco. Durante esa etapa, también fue coautor de un tratado sobre herramientas de resolución de casos corporativos, en el que abordó los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés), los Acuerdos de No Enjuiciamiento (NPA, por sus siglas en inglés) y los mecanismos de cooperación legal.
En 2017, Donald Trump lo nominó como juez de distrito para la Corte del Distrito de Columbia, cargo que desempeña hasta hoy. Antes de su designación, McFadden había regresado al Departamento de Justicia como vicefiscal adjunto, donde dirigió las divisiones de fraudes y apelaciones. En paralelo, se desempeñó como oficial del Departamento de Policía del Condado de Fairfax y como alguacil en Madison County, ambos en Virginia.
McFadden, Trump y el fallo sobre el muro fronterizo
En uno de los fallos más controversiales de su paso por el tribunal federal del Distrito de Columbia, el juez McFadden decidió en junio de 2019 desestimar una demanda de la Cámara de Representantes que intentaba bloquear el uso de aproximadamente US$6000 millones en fondos originalmente asignados para proyectos militares y programas antidrogas.
La primera administración de Trump había propuesto redirigir ese dinero a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, una de las promesas insignia de su mandato. La Cámara, bajo control demócrata, argumentó que ese desvío violaba la Cláusula de Asignaciones de la Constitución, que limita el uso de los fondos públicos a lo autorizado por el Congreso.
Sin embargo, McFadden consideró que la Cámara no tenía legitimación legal para iniciar el litigio y, por lo tanto, no se pronunció sobre el fondo del caso.
Una decisión para migrantes que reactiva una norma olvidada
El jueves 10 de abril, el juez McFadden permitió al gobierno de Trump avanzar con una medida que exige a todas las personas que se encuentren en el país norteamericano sin estatus legal registrarse ante el gobierno federal. La resolución no abordó la legalidad de fondo del programa, sino que desestimó la demanda interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes al considerar que no tenían la capacidad legal para litigar el caso.
Según informó AP, el fallo dejó en firme la exigencia que comenzará a aplicarse de inmediato. Aquellos que ya hayan superado los 30 días dentro del territorio estadounidense deberán registrarse sin demoras, y el gobierno advirtió que la disposición se aplicará con todo rigor.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que:
- La obligación alcanza a todas las personas mayores de 14 años que se encuentren sin documentación legal.
- Quienes se registren deberán presentar su dirección, huellas digitales y portar documentación en todo momento.
- Las familias serán responsables de registrar a menores de 14 años bajo su tutela.
- Incluso los ciudadanos canadienses que permanezcan en Estados Unidos más de 30 días, como los conocidos snowbirds que pasan el invierno en Florida, también deberán anotarse.
La medida se apoya en normativas preexistentes, como la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Sin embargo, estas obligaciones habían caído en desuso y se aplicaban únicamente de forma esporádica, con el antecedente más significativo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En aquel momento, el gobierno implementó el Sistema de Registro de Entrada y Salida para la Seguridad Nacional, que obligaba a varones no ciudadanos de 16 años en adelante, provenientes de 25 países (todos menos uno de mayoría musulmana), a inscribirse. Aunque el programa no derivó en condenas por terrorismo, impulsó más de 13.000 procesos de deportación antes de ser eliminado en 2016.
Según las proyecciones del gobierno de Trump, el fallo de McFadden y la aplicación de la medida podría afectar entre 2,2 y 3,2 millones de personas. En ese marco, quienes no cumplan con el registro podrían enfrentar multas o incluso penas de prisión. La administración ya habilitó un sistema para crear una cuenta en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), desde donde se realizará el procedimiento obligatorio.
