El Senado de Colorado confirmó la aprobación de la medida SB25-276, un proyecto de ley que busca reforzar las protecciones para inmigrantes indocumentados en el estado. En general, esta legislación amplía las restricciones existentes sobre la cooperación entre las autoridades locales y federales en materia de inmigración, lo que representaría un desafío directo a las renovadas políticas del presidente Donald Trump.
Qué plantea la medida SB25-276 en Colorado para ayudar a las personas indocumentadas
De convertirse en ley, la SB25-276 (también conocida como la “Protect Civil Rights Immigration Status Act”), limitaría las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Colorado. En específico, protegería a los inmigrantes indocumentados en situaciones en donde su integridad, libertad o estadía en el país estuviera en riesgo, lo cual incluye los siguientes escenarios:
- Prohibición de detenciones prolongadas: impediría que las autoridades locales retengan a individuos más allá de lo necesario.
- Restricción de acceso sin orden judicial: prohibiría que los agentes federales de inmigración ingresaran a áreas no públicas de cárceles, escuelas, hospitales y centros de cuidado infantil sin una orden judicial.
- Protección de datos personales: extendería la prohibición de compartir información personal identificable (fechas de nacimiento, números de identificación fiscal y registros de vehículos).
- Eliminación de requisitos de declaración de estatus migratorio: revocaría la exigencia de que personas sin estatus legal presenten una declaración jurada de intención de regularizar su situación, ello, al solicitar matrícula estatal para diversos trámites.
Principales promotores y opositores de la ley SB25-276 para proteger inmigrantes ilegales en Colorado
Los principales impulsores de la SB25-276 son legisladores demócratas, todos ellos encabezados por la senadora Julie Gonzales (Denver) y por los representantes Mike Weissman, Lorena García y Elizabeth Velasco. A través de numerosos posicionamientos en público y en el estrado, estas tres figuras principales argumentan que la ley es esencial para proteger los derechos civiles de todos los residentes de Colorado, independientemente de su estatus migratorio.
Adicionalmente, organizaciones como la Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) también respaldan la medida, ya que sostienen que la ley fomentará la confianza en las instituciones públicas, y con el tiempo, también reducirá el temor entre las comunidades inmigrantes en varios aspectos de su rutina.
Por otro lado, la oposición de la SB25-276 proviene principalmente de senadores republicanos como Rod Pelton y Byron Pelton, quienes votaron en contra de la medida. Además, organizaciones como SAFE Colorado y la Asociación de Jefes de Policía del estado, se manifestaron por considerar que la “Protect Civil Rights Immigration Status Act” salvaguardaría incluso a aquellos inmigrantes con antecedentes penales.
La iniciativa debe ser ahora probada por la Cámara de Representantes de Colorado. Luego será ley si obtiene la firma del gobernador, el demócrata Jared Polis.
Población de inmigrantes indocumentados de Colorado en cifras
Aunque es difícil identificar el número exacto de personas indocumentadas que viven en Colorado al día de hoy, las estimaciones del American Immigration Council concluyeron que en 2023 había alrededor de 169.300 inmigrantes sin estatus migratorio en el estado, lo que representa alrededor del 3% de la población total en él.
En términos de economía local, los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente al crecimiento de Colorado, según las estimaciones de la CIRC:
- Las personas indocumentadas representan US$5,8 mil millones en poder adquisitivo total.
- De los ingresos de las personas indocumentadas en Colorado, se estima que se destinaron US$1.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales durante 2023
Entre diciembre de 2022 y finales de 2023, Denver experimentó la llegada de más de 33.000 inmigrantes, principalmente de Venezuela, Colombia y República Dominicana. Este incremento suele atribuirse en parte a la reubicación de migrantes desde estados como Texas y Florida, en donde las políticas migratorias locales se tornaron más rígidas.
