Pese a las objeciones de Ron DeSantis, la Cámara de Representantes de Florida dio luz verde a un proyecto de ley que busca transformar radicalmente el modo en que se eligen las autoridades universitarias en el estado. Con un abrumador respaldo bipartidista, la iniciativa desafía directamente la influencia del gobernador en el sistema de educación superior y pone sobre la mesa una serie de reformas que, aunque se presentaron como un intento por brindar mayor transparencia, generaron un profundo sismo político.
Una ley que va en contra del gobernador: qué dice el proyecto que DeSantis no respalda
El proyecto de ley HB 1321 fue aprobado por 104 votos afirmativos contra ocho negativos, a pesar de que DeSantis había amenazado con vetarlo si superaba el trámite legislativo. Durante un acto público en Pensacola, el gobernador aseguró que la normativa debilita el control que el estado necesita ejercer sobre las universidades. “Elimina nuestra capacidad de garantizar que las universidades no se descarrilen”, expresó, segùn citaron desde Tampa Bay Times.
La autora del proyecto, Michelle Salzman, legisladora republicana por Pensacola, negó que se tratara de un ataque contra DeSantis. En ese sentido, afirmó que su objetivo era reconstruir la confianza pública y dar señales claras sobre el compromiso del poder legislativo con la transparencia. “Esto no se trata de lo que tenemos, sino de mostrarle a los votantes lo que estamos haciendo”, enfatizó.
La normativa aprobada desarma varios pilares del sistema que rige las designaciones de autoridades en las universidades públicas de Florida. Entre los puntos más relevantes, se encuentran:
- Fin del secretismo en las búsquedas presidenciales: se revoca la ley de 2022 que permitía ocultar los nombres de los candidatos a presidentes universitarios durante el proceso de selección. Hasta ahora, solo los nombres de los finalistas se hacían públicos, lo que generaba cuestionamientos por falta de transparencia.
- Reducción del poder del gobernador: la norma impide al mandatario, así como a otros altos funcionarios estatales, intervenir en las búsquedas de candidatos. No podrán conversar con los miembros de los órganos encargados ni abogar por postulantes.
- Eliminación del poder de veto del Consejo de Gobernadores: este órgano, que debía confirmar las decisiones tomadas por los consejos directivos de cada universidad, pierde su autoridad en este proceso.
- Límites a la permanencia en los cargos: se introducen topes en la duración de los mandatos para los miembros del Consejo de Gobernadores, el Consejo Estatal de Educación y los consejos de administración de universidades.
El origen de la nueva ley de Florida para universidades: un sistema de favoritismo bajo la lupa
La normativa recibió el respaldo público del presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, republicano de Miami, quien en una intervención ante el Consejo de Gobernadores comparó el sistema actual con un “sistema de prebendas”. Esta denuncia llegó tras años en los que varias figuras vinculadas al poder político ocuparon puestos clave en universidades del estado.
Entre los casos mencionados por Tampa Bay Times, se destacan:
- Adam Hasner, exlíder de la mayoría en la Cámara, fue nombrado presidente de Florida Atlantic University.
- Richard Corcoran, expresidente de la Cámara, asumió la conducción de New College of Florida.
- Mel Ponder, exrepresentante estatal, quedó al frente de Northwest Florida State College.
- Tommy Gregory, también exlegislador, tomó el mando de State College of Florida, Manatee-Sarasota.
- Fred Hawkins, con trayectoria en la legislatura, lidera South Florida State College.
Además, la exvicegobernadora Jeanette Nuñez fue designada presidenta interina de Florida International University en febrero. Actualmente, la University of Florida, la Florida A&M University y la University of South Florida se encuentran bajo gestiones interinas.
El futuro de la ley sobre designaciones en Universidades de Florida: camino al Senado
Mientras el proyecto HB 1321 avanza con fuerza en la Cámara de Representantes, una versión similar, la SB 1726, ya fue aprobada en dos comités del Senado. Solo resta que sea tratada por el Comité de Reglas antes de ser sometida a votación en el pleno.
La situación plantea una confrontación directa entre el poder legislativo y el gobernador DeSantis. Esta vez, incluso dentro de su propio partido republicano, la presión por limitar su injerencia y promover reglas más abiertas logró romper filas.
El desenlace aún está por escribirse, pero el mensaje de los legisladores quedó claro: la autonomía de las universidades y la transparencia en los procesos pesan más que la voluntad del Ejecutivo, al menos por ahora. La última acción quedará en manos de DeSantis, que deberá firmar o vetar la norma.
