En un claro intento de ponerle límites al gobierno de Javier Milei, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con una visión restrictiva que obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumento
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor, incluida la bancada del kirchnerismo, que durante los últimos 20 años se negó a modificar la legislación, que establece la vigencia de los decretos hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso.
Sólo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.
El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.
Pero, además, la norma que redactó de puño y letra la por entonces senadora y primera dama obliga al rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. De hecho, basta la aprobación de una de ellas para dejar firme un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.
Ahora, la situación podría dar un giro de 180 grados. Es que el texto aprobado por la Cámara alta esta tarde marcha en sentido contrario a la reglamentación vigente.
Así, el proyecto termina con la sanción ficta al establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen los decretos. Si en ese plazo no consigue ese respaldo, queda derogado de manera automática.
Como si fuera poco, la iniciativa establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
Según fuentes legislativas, la iniciativa fue impulsada por los gobernadores para mostrar poder de fuego ante Javier Milei tras la ruptura de relaciones acelerada en los últimos meses por el traumático cierre de listas y alianzas electorales en varias provincias. El encargado de llevarla a cabo en el Senado fue Carlos Espínola (Las Provincias Unidas-Corrientes).
Otras tres reformas que impulsa el proyecto parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.
Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico.
La segunda también parece inspirada en el megadecreto emitido por Milei a poco de asumir la presidencia, ya que habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.
La tercera, establece de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo, que opera el 1° de marzo de cada año. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.
Si bien muchos de los oradores aseguraron que la modificación no apunta a este Gobierno, lo cierto es que durante el debate se escucharon críticas al “abuso” de la administración libertaria en el uso de los decretos de necesidad y urgencia.
“El Gobierno tomó la excepción como regla y se dedicó a gobernar por decreto y ahora, cuando le va mal porque el Congreso le rechaza sus decretos, quiere ir a la Justicia. Esto es el absurdo del absurdo”, sentenció la kirchnerista Florencia López (La Rioja).
En la misma sintonía se manifestó Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), quien dijo que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla”. “Los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a un manual de uso común”, sentenció el senador bonaerense.
El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) dijo que la intención del proyecto es “terminar con la pésima costumbre de los gobiernos de hacer uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia”, pero no se olvidó de recordar el cambio de postura del kirchnerismo, de quienes dijo que fueron “acérrimos defensores” de la ley 26.122. “Enhorabuena, siempre tiene uno tiempo para arrepentirse”, se congratuló.
La primera voz en contra de la iniciativa fue la de Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), quien ubicó el impulso del proyecto como parte de un “plan de desestabilización al gobierno de Javier Milei”.
“No se bancan que gobierne con las mismas reglas que gobernaron ellos”, disparó la senadora alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en dirección a la bancada peronista.
Le salió al cruce el radical Martín Lousteau (Capital): “Lo único que faltaba era escuchar a la senadora defender una ley del kirchnerismo en nombre de la República”, sentenció.
El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) también cuestionó el apuro por modificar la normativa vigente. “Todos han utilizado decretos de necesidad y urgencia, justo ahora es cuando molestan”, afirmó el senador oficialista, antes de desafiar al recinto a que “tengan la valentía de decirlo” si es que la iniciativa “tiene intereses subyacentes”.
“No les importa el contenido de la ley, les importa romper al Gobierno”, denunció Ezequiel Atauche (Jujuy), jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien aseguró que el Gobierno usa los DNU “para escuchar a los argentinos en contra de la casta política, que no representa a los argentinos”.
Por su parte, la neuquina Lucila Crexell recordó que desde 2015 viene bregando por modificar la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner para terminar con un instrumento que, aseguró, “desnaturaliza los principios rectores de la Constitución y que fue introducido por la ventana durante la reforma constitucional” de 1994.
El contenido del proyecto dibuja el peor escenario para este Gobierno, que hoy es minoría en las dos alas del Congreso y que, con suerte y algunas alianzas parlamentarias de por medio, podría llegar a tener mayoría en la Cámara de Diputados a partir de diciembre próximo si es que lo acompaña el resultado en las elecciones de medio término del 26 de octubre.
De todas maneras, el proyecto todavía deberá superar el debate en Diputados, que actuará como cámara revisora. Esto le da al Gobierno tiempo para negociar o intentar bloquear su sanción definitiva.
