Preocupación sindical ante decreto nacional que suprime la figura del sereno en buques amarrados.
Dirigentes gremiales de distintos sectores portuarios se reunieron este martes con la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, para expresar su preocupación ante la pérdida de fuentes laborales derivada del Decreto 37/2025, que elimina la obligatoriedad de contratar serenos en los buques amarrados en puertos argentinos.
Participaron del encuentro Darío Olivera (Sindicato de Encargados y Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina), Aldo y Julio Fernández (Mesa Portuaria) y Gabriel Vera (representante de los serenos de buques), quienes manifestaron que 16 familias en Necochea han quedado sin trabajo de manera repentina, y que la medida afecta a más de 800 familias en todo el país.
Olivera señaló que, si bien en abril se logró una continuidad parcial mediante gestiones gremiales, la Justicia terminó avalando el decreto, rechazando su inconstitucionalidad. Afirmó que “con voluntad política y una mesa de diálogo provincial” podría alcanzarse una solución parcial, aunque reconoció que el conflicto excede las competencias locales.
El dirigente también advirtió que la ausencia de serenos compromete la seguridad operativa de los buques, el resguardo de las instalaciones portuarias y la protección ambiental. “Hoy, si surgiera un problema en un buque, no hay nadie que dé aviso a las autoridades. Esa es función del sereno”, remarcó.
Por su parte, Jimena López recordó que Puerto Quequén fue el primero en emitir una resolución acompañando el reclamo gremial, pero aclaró que se trata de una disposición nacional, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que la Provincia no tiene facultades para revertirla. “La injerencia sobre zona primaria de la Nación no podemos resolverla desde Provincia”, explicó.
La presidenta del Consorcio instó a los gremios a canalizar el reclamo ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, y destacó que el decreto deja la contratación de vigilancia a discreción de las agencias marítimas. Coincidió con Olivera en que el costo del servicio es mínimo y que la decisión empresarial de no contratar serenos responde a una lógica de ahorro que no contempla el impacto social ni operativo.
Ambas partes coincidieron en que el problema requiere una solución en el ámbito nacional, y que la eliminación de esta figura laboral representa no solo un perjuicio económico para cientos de familias, sino también un riesgo estructural para la seguridad portuaria
