El Ministerio de Igualdad informó que ya se ha puesto en marcha más de la mitad de las 461 medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el pasado 26 de febrero, gracias a la colaboración de los ministerios involucrados y las distintas administraciones. Sin embargo, advirtió que la Comunidad de Madrid corre el riesgo de perder 17.085.000 euros correspondientes a los fondos asignados para el año 2025, debido a la falta de justificación de los recursos recibidos en 2024.
Según reportó el diario El País, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó en un vídeo-comunicado difundido por su departamento que Madrid no ha cumplido con los requisitos de rendición de cuentas establecidos, lo que pone en peligro la llegada de los fondos del próximo ejercicio. Redondo expresó preocupación por lo que calificó como “incumplimiento y desobediencia sistemática de la ley” por parte del ejecutivo regional, responsabilizando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de esta situación. Según la ministra, esta conducta implica dejar a las mujeres madrileñas sin acceso a políticas de igualdad y protección, añadiendo que Madrid se encuentra en riesgo de afectar la continuidad de programas clave para la prevención y erradicación de la violencia machista.
La titular de Igualdad subrayó, según detalló El País, que la mayoría de las comunidades autónomas cumplen con la correcta administración de los fondos del Pacto de Estado, realizando seguimiento de las políticas de igualdad y ejecutando los recursos conforme a los criterios establecidos. Redondo quiso destacar que se trata de una responsabilidad compartida entre todas las administraciones y recalcó que el pacto constituye una política estatal para avanzar en la eliminación de las violencias machistas en España.
De acuerdo con la información proporcionada por el propio Ministerio, en la actualidad se han iniciado 235 de las 461 medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, representando un 51% de ejecución. El Ministerio de Igualdad gestiona 347 de estas medidas, siendo corresponsable en 211, responsable exclusivo de 56 y partícipe en otras 80. De las iniciativas bajo su responsabilidad compartida, ya han comenzado 113, lo que constituye un 54% de avance en este ámbito durante el año en curso. La inversión asignada por Igualdad para la aplicación del acuerdo supera los 53 millones de euros.
Dos organismos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y el Instituto de las Mujeres (IM), lideran la ejecución de estas políticas. La DGVG es responsable en exclusiva de 159 medidas, con 90 ya en marcha, y comparte responsabilidad sobre 21 iniciativas junto al Instituto, que además se ocupa de nueve de forma exclusiva, tres de las cuales ya han sido impulsadas durante 2025.
Entre los proyectos desarrollados se cuentan medidas para detección, prevención y erradicación de la violencia de género, como el Anteproyecto de Ley Orgánica de violencia vicaria, el aumento hasta 20 millones de euros de la convocatoria de subvenciones para proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras acciones orientadas a asegurar un uso adecuado de los fondos transferidos tanto a administraciones autonómicas como locales.
En el ámbito del Instituto de las Mujeres, las acciones implementadas incluyen la gestión de la red ‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’, que fomenta la inserción laboral de víctimas de violencia machista, y el impulso de la versión digital de la ‘Guía de Buenas Prácticas: comunicar con perspectiva de género’.
Otras iniciativas relacionadas con el Pacto involucran a diferentes ministerios. De acuerdo con la información aportada por El País, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha presentado el Proyecto de Ley para proteger a menores en entornos digitales, con la colaboración de otros departamentos como Juventud e Infancia, Derechos Sociales y Agenda 2030, Transformación Digital y Función Pública, además del propio Ministerio de Igualdad.
El gasto total del Estado vinculado a la ejecución de las medidas del Pacto renovado supera los 82 millones de euros en 2025 aportados por la Administración General. A esta cantidad se suman 200 millones transferidos a otras administraciones, de los que 160 millones corresponden a las comunidades autónomas y 40 millones a entidades locales, lo que garantiza la financiación de las acciones contempladas en el acuerdo aprobado, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.
En ese contexto, la advertencia del Ministerio de Igualdad resalta el impacto potencial de la falta de justificación de fondos por parte de la administración madrileña, advirtiendo sobre las graves consecuencias financieras y programáticas que supondría la pérdida de recursos específicos dirigidos a la protección y el apoyo de víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid.
