Dentro de la enorme cantidad de temas que conforman la agenda legislativa bonaerense y que se encuentran pendientes de resolución, un extendido grupo de legisladores ha decidido preocuparse y ocuparse por uno que grafica cabalmente cuál es su principal misión en la esfera política: atornillarse en el cargo.
Así lo demuestra el proyecto del kirchnerismo, que aspira a su pronta sanción, por el que se dispone la habilitación de las reelecciones indefinidas para senadores y diputados provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Desde hace ya varios meses que ese tema ronda los despachos legislativos: la idea primigenia fue que se habilitara conjuntamente la reelección indefinida para los intendentes bonaerenses, pero esta “batalla”, tal como la definieron varios de los alcaldes de casi todos los partidos, será dejada para más adelante por dos razones claves: la primera, porque el mandato de los intendentes vence recién en 2027. La segunda –y no menos importante ya que es la que ha venido trabando el avance de las negociaciones–, porque los chispazos internos en el peronismo provincial no auguran una rápida definición del tema en beneficio de los intendentes peronistas y del resto de alcaldes de otros partidos que se verían beneficiados de aprobarse esa reforma.
El apuro de diputados, senadores, concejales y consejeros se explica fundamentalmente en que la fecha de caducidad de sus mandatos se producirá este año y no en 2027. En el caso de los primeros, la normativa actual “afecta” a unos 40 legisladores bonaerenses.
Por cierto, se trata de un debate que viene de lejos y que, en un principio, derivó en una ley que aspiraba poner las cosas en orden, evitando que esos representantes surgidos de elecciones se eternizaran en los cargos. Precisamente, en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal y con el aval de los legisladores que respondían a Sergio Massa, se sancionó una norma que permitía la reelección consecutiva de intendentes, legisladores, concejales y consejeros por una única vez, debiendo dejar pasar un período antes de intentar volver a postularse .
Fue una buena norma que empezó a sufrir improcedentes cambios. Tres años después de sancionada, Vidal la reglamentó mediante un decreto que disponía que esa ley era de aplicación para quienes hubieran ejercido más de dos años “continuados o alternados” del segundo mandato. ¿En qué derivó eso? En que varios intendentes hicieran trampa y tomaran licencia poco antes de cumplir con los últimos cuatro años de gestión para así cortar el segundo mandato. Es decir, ya no entraban en la prohibición y podían volver a candidatearse para un tercero sin que apareciera como tal. Aprovecharon ese lamentable resquicio una veintena de intendentes. Dos años después, los menos pícaros, que por una razón u otra se quedaron fuera de esa vil maniobra, presionaron para que, de alguna manera, ellos también tuvieran una nueva oportunidad. Lamentablemente, lo lograron. La Legislatura modificó el sano espíritu de la ley de 2016 y determinó que los mandatos que se iniciaron como resultados de las elecciones de 2017 y 2019 serían considerados primer período de dos consecutivos. En el caso de los iniciados como producto de las elecciones de 2021, se computarían como primer período solo en el caso que no se hubiera ejercido un mandato anterior.
Es decir, casi un centenar de intendentes que no hubieran podido volver a presentarse en los comicios de 2023 por haber asumido en 2015 volvieron a hacerlo, entre ellos, la mitad de Juntos por el Cambio, un poco menos del Frente de Todos y un puñado de vecinalistas.
Hacia fines del año último, el tema de la reelección indefinida de intendentes, legisladores, concejales y consejeros volvió a estar en el centro del debate entre los poderes Legislativo y Ejecutivo bonaerenses. Axel Kicillof, en sus encontronazos con el kirchnerismo, recibió el apoyo de un importante grupo de intendentes para avanzar en cuestiones de su interés. Eso derivó en que La Cámpora, que si bien ve con buenos ojos las reelecciones indefinidas, recelara del gobernador y, por el momento, pusiera en pausa la arremetida de los jefes comunales. No obstante su apoyo a las re-reelecciones, allegados a Kicillof aseguran que el mandatario no las impulsará en la Legislatura, precisamente por el costo político que ello implica, sino que dejará que sean los propios interesados los que avancen.
La cuestión para los intendentes parecería haber quedado hoy temporalmente en un freezer. Muy distinta es la situación de los legisladores y demás funcionarios que enfrentan elecciones en pocos meses más y están vedados de volver a competir por el mismo cargo, ya que asumieron el primero en 2017. De ahí la maniobra para apurar los tiempos. Fuentes bonaerenses estrechamente ligadas a este vil operativo creen que, si se da el primer paso habilitándolos, se habrá sentado un precedente para que los alcaldes obtengan lo mismo después. Dicho en otras palabras: el interés de perpetuación es fuerte y compartido por muchos bloques y no hay tiempo que perder porque, si no se modifica la ley vigente, a fines de este año indefectiblemente deberán procurarse un trabajo.
Una de las absurdas justificaciones que esgrimen los funcionarios de espíritu perenne es que están siendo proscriptos y que es la ciudadanía en condiciones de votar la que debe definir si merecen seguir o no en el cargo. Son los que reniegan de la sana alternancia electoral porque les quita privilegios que de otro modo no conseguirían y, entre otros muchos aspectos, los que claramente han decidido obturar la posibilidad de participación y crecimiento de nuevos dirigentes y generaciones entendiendo que los cargos les pertenecen cuando en rigor deberían estar de paso dejando como legado buenas gestiones y dando el ejemplo en todo sentido.
Es de esperar que adefesios como el proyecto kirchnerista de permanencia perpetua en cargos públicos sean reemplazados por el tratamiento de temas urgentes que demanda una ciudadanía que no hace más que confirmar –con insistencia– que su dirigencia solo se preocupa por sí misma.
