En una decisión tan amañada como cuestionable, el Senado de la provincia de Buenos Aires otorgó recientemente media sanción a una reforma regresiva, inaceptable desde todo punto de vista, por la que habilita la reelección indefinida de legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Esta infame maniobra sobre un proyecto que resta debatir en Diputados no solo atenta contra el principio republicano de alternancia en el poder, sino que además ha violentado el propio reglamento interno de la Cámara alta, exponiendo un grado de descomposición institucional que debería alarmarnos a todos los ciudadanos por igual, testigos recientes, además, de la degradación que destapó el caso de Chocolate Rigau.
La votación terminó en un empate: 22 a 22. En ese punto, el artículo 102 del Reglamento Interno del Senado es categórico: en caso de empate, debe abrirse una nueva discusión y repetirse la votación. Solo ante un nuevo empate se habilita el voto de la presidencia del cuerpo, en este caso, a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario. Pero la funcionaria lo hizo prescindiendo del procedimiento legalmente exigido. Desempató sin más trámite, sin convocar a la segunda votación, desnaturalizando la legitimidad del proceso. Fue una transgresión deliberada y premeditada. No hubo olvido ni incompetencia, sino una decisión política de avanzar con la perpetuidad de las reelecciones a como diera lugar.
Si se confirma finalmente que Diputados no tiene los votos suficientes para terminar de coronar este disparate, cabe preguntarse: ¿cuál ha sido el propósito oculto de la maniobra de los senadores? ¿Acaso demostrar hacia la interna partidaria que cumplieron con alguna componenda oculta?, ¿posicionarse como ganadores con un vil proceder aunque el resultado final sea el fracaso?, ¿o la provocación por la provocación misma?
Lo que debió ser objeto de una nueva deliberación se resolvió con una premura funcional al oportunismo político. ¿El resultado? Una norma con serios indicios de nulidad, un doble retroceso bochornoso.
Claramente, la urgencia demostrada por aprobarla no responde a las necesidades sociales que, día tras día, castigan a los bonaerenses, sino a los intereses mezquinos de una dirigencia desconectada de la realidad, más preocupada por sus cargos que por los flagelos de la inseguridad, la pobreza, el colapso educativo o el sanitario. Que esta ominosa reforma no haya incluido, por el momento, a los intendentes municipales revela, además, el cálculo segmentado del reparto del poder. Mientras que a decenas de legisladores de casi todas las fuerzas políticas cuyos mandatos vencen este año esa ley los favorecería, los intendentes no están tan urgidos porque sus gestiones vencen en 2027. Pero hay otro aspecto saliente de la fragmentación: las categorías de legisladores, concejales y consejeros en este proyecto fueron impuestas por el kirchnerismo, dejando afuera a los alcaldes, cuya permanencia eterna en el cargo es fomentada por Axel Kicillof. Otro toma y daca manipulado y tan explícito que no requiere abundar en el análisis.
Los defensores de la iniciativa apelan a una argumentación cargada de cinismo: la Constitución –dicen– no prohíbe las reelecciones indefinidas. Pero el basamento de la república no reside en las omisiones de la letra legal, sino en los principios éticos que la sostienen. La alternancia es uno de ellos. Pretender que la ciudadanía tiene derecho a elegir eternamente al mismo legislador es una falacia construida sobre un razonamiento incompleto: no hay libertad auténtica si se manipulan las condiciones de la competencia, si se utiliza el aparato estatal para condicionar el voto o para perpetuar figuras que hace tiempo que han dejado de representar algo más que sus propios intereses.
El argumento de que “la gente elige” se transforma, en este contexto, en una máscara para justificar privilegios inadmisibles. Con el mismo razonamiento, podríamos abolir todos los límites y permitir que una familia herede eternamente un escaño entre sus miembros, cuestión que suele verificarse con demasiada frecuencia con los cargos dependientes de no pocos poderes ejecutivos en el país donde el nepotismo es la regla. No es la gente la que elige con libertad cuando el sistema ha sido deliberada y nauseabundamente digitado por los que están en el poder.
Quienes hoy reclaman la nulidad de la sanción del Senado bonaerense, como los bloques de Pro y La Libertad Avanza, aseguran que lo actuado carece de validez. La omisión de la segunda votación no es un tecnicismo: es una fractura del procedimiento que hace inviable cualquier legitimación posterior. El reglamento tiene fuerza normativa; ignorarlo o fingir que su cumplimiento es optativo degrada el valor de las reglas del juego democrático.
Si la Justicia no actúa antes, la Cámara de Diputados bonaerense debería ahora devolver la viciada media sanción al Senado poniendo fin a este doble desvarío político-legislativo.
