A pocos días de conocerse la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), promovida por el gobierno nacional, cuatro entidades del sector solicitaron un amparo ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza, para frenar la derogación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), al advertir que la medida “desbarata derechos de propiedad, rompe contratos de maquila y bloquea la recaudación de aportes previsionales” de la vendimia. Desde el Ministerio de Desregulación respondieron que, entre otros puntos, la “afectación al derecho de propiedad es falso”.
Se trata de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas (Carpa), quienes interpusieron una acción de amparo solicitando la nulidad de la resolución 37/2025 firmada por el presidente del INV, Carlos Raul Tizio Mayer, que elimina 973 normas y deja de controlar todo el proceso productivo para enfocarse solo en el producto final. La movida impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, busca eliminar 140.000 permisos y 3000 inspecciones anuales para bajar costos productivos de la actividad.
En la mencionada resolución, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, se establece la obligatoriedad del CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC-05), que se reemplazaría por una certificación unilateral de cosecha o un documento de tránsito vegetal (DTV). Según el escrito judicial, la eliminación del “CIU no es una simple simplificación burocrática” como arguye el Gobierno, sino que “conlleva el desbaratamiento del derecho de propiedad” de los productores. El amparo se solicitó dada la inminencia de la vendimia 2026, que comienza en febrero y cuya intención es “evitar daños irreparables en la próxima cosecha”.
El argumento central que esgrimen las entidades peticionantes es que el CIU funciona como la “partida de nacimiento” del vino. Para los viñateros que no tienen bodega propia y elaboran bajo el sistema de maquila (entregando su uva a un tercero), este documento es el único comprobante oficial que certifica cuántos kilos entregaron y de qué calidad, algo determinante para cobrar luego su producto.
La presentación judicial sostiene que el nuevo sistema propuesto por el INV permite que la bodega haga una declaración jurada unilateral, rompiendo la “bilateridad” del control y dejando al productor primario, el eslabón más débil de la cadena, a “merced de lo que declare el industrial”, sin herramientas para defender su propiedad.
Entre otros puntos, la solicitud de amparo alerta sobre el desfinanciamiento del sistema de seguridad social rural. Actualmente, la Tarifa Sustitutiva (el mecanismo simplificado por el cual los productores pagan los aportes de sus trabajadores a través del Convenio de Corresponsabilidad Gremial) se calcula y recauda automáticamente basándose en los datos del CIU. En ese sentido, las entidades advierten que, al eliminar este documento, “se frustra absolutamente la recaudación”, lo que empujará al sector nuevamente a la informalidad laboral, aumentará la evasión y dejará sin cobertura de obra social y jubilación a miles de trabajadores de viña.
En términos legales también acusan al INV de “desviación de poder” y “arbitrariedad manifiesta”. Sostienen que una resolución administrativa no puede derogar leyes nacionales superiores, como la Ley de Vinos (14.878), la Ley de Maquila (25.133) y la Ley de Contratistas de Viña. “No resiste lógica alguna el argumento de evitar la adulteración para justificar la derogación del CIU”, se desprende del documento y agrega que “se cambia un instrumento de control probado por un sistema de declaraciones unilaterales que promueve la especulación”.
Días atrás, varias entidades del sector enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para advertir sobre el impacto de estos cambios. En el documento se pidió preservar los instrumentos de trazabilidad que aseguran calidad, transparencia y derechos de propiedad en toda la cadena. La misiva fue firmada por los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa, y por entidades vitivinícolas que solicitaron el amparo judicial, advirtiendo sobre el “error” técnico que implica desmantelar el sistema actual. Dijeron que la desregulación del digesto “impacta directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinícola, un sistema que el sector ha construido y perfeccionado durante muchos años y que constituye la base para garantizar transparencia, control y seguridad en todos los eslabones de la cadena”.
Tras avanzar con el proceso, el ministro Sturzenegger también viajó a Mendoza, donde mantuvo una reunión en la sede del Instituto con representantes de las cámaras empresarias del sector vitivinícola. En ese contexto, se conoció un informe en el que se detalla que la Argentina tiene 200.000 hectáreas de vid plantadas, mientras que Chile tiene 117.000 hectáreas (un 41% menos de superficie). Así, ambos países producen el mismo volumen de vino: unos 900 millones de litros al año.
En rigor, los cambios más significativos implican la eliminación de los permisos de traslado para vino a granel, además, los productores ya no deberán esperar la aprobación previa del INV para sus etiquetas. El único trámite obligatorio que se mantiene es la solicitud de “Libre circulación”, cuyo único fin es verificar que el vino es apto para consumo humano.
Respuesta oficial
Tras conocerse el pedido de amparo judicial, desde la cartera de Sturzenegger señalaron que la desregulación del INV recibió un apoyo amplio, transversal y contundente. “No es casualidad: el sector vitivinícola argentino viene arrastrando por años una maraña de trabas, costos inútiles y reglas obsoletas que frenaban la producción, encarecían la operatoria y castigaban la competitividad. Era un sistema hecho para otro siglo. Por eso, todo el sector venía reclamando una reforma profunda, y las más de 900 normas derogadas son un paso histórico para modernizar la industria, mejorar la competitividad y dejar de penalizar a quienes producen», indicaron.
Según mencionaron, el amparo presentado cuestiona dos de esas más de 900 normas eliminadas y lo hace apoyándose en “premisas falsas”. Aclararon que el CIU no se elimina, sino que continúa vigente bajo el nombre “Declaración Jurada de Certificación de Cosecha” y seguirá disponible para todos los productores que lo necesiten.
Resaltaron que el CIU es un trámite ante el INV para garantizar la trazabilidad de la uva en la certificación de origen y varietal de los productos vitivinícolas. En ese sentido, dijeron que lo que cambia es que el CIU pasa a ser optativo para quienes busquen trazabilidad comercial.
“El productor podrá elegir la frecuencia de presentación: por camión, semanal, mensual o anual. Esto implica que quien lo valore como herramienta contractual puede seguir usándolo exactamente igual que hoy, y quien no lo necesite deja de estar obligado a un trámite que no agrega valor a su operatoria”, dijeron. Indicaron que un dato clave es que “el 40% de los CIU no se usan para certificar origen, añada ni varietal, porque corresponden a uvas destinadas a vino genérico, que no requiere esa certificación”.
Para el Gobierno, la “afectación al derecho de propiedad es falso”. Dijeron que “ningún productor pierde ningún derecho”. Precisaron que el CIU sigue disponible y la documentación comercial tradicional también. “En todas las demás cadenas agroindustriales argentinas —granos, carnes, horticultura, lácteos— los derechos de propiedad se acreditan mediante documentación comercial común, sin necesidad de certificaciones obligatorias otorgadas por un organismo estatal», manifestaron.
Sobre el CEC 05 advirtieron que es incorrecto que en el amparo se afirme que eliminar el formulario CEC 05 afectaría la trazabilidad: “El CEC 05 no garantiza calidad ni salubridad, la aptitud para consumo se acredita con el Libre Circulación, que sigue plenamente vigente. El régimen de corresponsabilidad gremial se mantiene, el amparo sostiene que la opcionalidad del CIU afectaría la determinación de la Tarifa Sustitutiva de los aportes previsionales. Eso también es falso. El CIU no es esencial para el régimen: es solo una de las posibles fuentes históricas de información. La Secretaría de Trabajo se encontraba implementando los métodos necesarios para obtener los datos necesarios para calcular los aportes».
En consecuencia, mencionaron que “la continuidad del régimen de corresponsabilidad gremial no depende del carácter obligatorio del CIU, y la información seguirá siendo administrada mediante los mecanismos que establezca la autoridad laboral».
