Después de casi un año de discusión, un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados dio a luz un dictamen de mayoría que reforma el régimen penal juvenil el cual, si bien tiene como foco la baja de la edad de imputabilidad -actualmente es de 16 años-, incluye una serie de medidas para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.
El dictamen de mayoría -que reunió 77 firmas de oficialistas y opositores- tomó como base un proyecto del Poder Ejecutivo, aunque recibió numerosas e importantes modificaciones por parte de los legisladores. Entre ellas, la edad de imputabilidad: los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, proponían que se estableciese en 13 años; los diputados la fijaron en 14.
La iniciativa propiciada por el oficialismo tuvo el apoyo pleno de los bloques de Pro, la UCR y de Innovación Federal. Los diputados de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica la acompañaron, aunque con disidencias: advirtieron que el dictamen, si bien es un paso adelante, no resuelve un tema clave: la instrumentación del nuevo régimen en las provincias ante la falta de garantías presupuestarias en el dictamen.
El debate, que estuvo comandado por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal Laura Rodríguez Machado (Pro), tuvo momentos acalorados por el rechazo férreo del kirchnerismo, contrario a bajar la actual edad de imputabilidad. A tal punto llega su resistencia que, a último momento, la cúpula del bloque dispuso reemplazar a los tres diputados que responden a Sergio Massa en la comisión -Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez y Marcela Passo-proclives a acompañar la iniciativa.
El jefe de la bancada, Germán Martínez, pidió en vano que se postergara la firma del dictamen mientras que un coro de voces alertaba que el proyecto del oficialismo adolece de un claro sesgo punitivo contra los adolescentes y tiene un claro fin electoralista.
“Nadie elige ser delincuente -exclamó, en un quiebre de voz, la diputada Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social-. Un pibe que sale de chumbo a los ocho años no elige ser delincuente. No fuimos capaces desde la política de poder brindarle un escenario diferente. Nadie elige portar un arma a los seis años, nadie elige ser violado, nadie elige no tener una familia. Necesitamos más Estado, no cárceles”.
Puntos claves
El dictamen que alumbraron las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y Presupuesto y Hacienda es el resultado final de 15 proyectos de ley presentados por distintos legisladores, además del que envió el Poder Ejecutivo. Los puntos más importantes son los siguientes:
- Penas. El menor sólo cumplirá pena de cárcel efectiva, con límite máximo de 15 años, si el delito que cometiese está penado con diez o más años de prisión. Si el hecho cometido tiene pena de hasta tres años de prisión, el menor no irá a la cárcel: en este caso el juez deberá elegir entre un abanico de castigos alternativos que van desde la amonestación, la prohibición de salir del país o la prestación de servicios a la comunidad. La misma sanción podría caberle si el delito cometido supera los tres años de prisión hasta un máximo de diez, siempre y cuando no se trate de un homicidio, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos.
- Principios, derechos y garantías generales. Se garantiza la legalidad, debido proceso y derecho a defensa del menor en conflicto con la ley desde el inicio. La privación de libertad es concebida como última ratio, con alojamiento sólo en establecimientos especializados.
- Reconocimiento y derechos de las víctimas. Éstas son consideradas como sujetos activos del proceso penal juvenil, por lo cual se les garantiza el derecho a ser escuchadas y contar con patrocinio jurídico, además de asistencia psicológico.
- Estándares del régimen de detención. Cuando se disponga la privación de libertad, el adolescente será alojado en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva. Además, se garantiza el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión, y se prohibirá expresamente el alojamiento con adultos. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
“Este proyecto es el resultado de un trabajo transversal. Escuchamos a todos los sectores y tomamos en cuenta sus aportes -exaltó la diputada Rodríguez Machado-. El dictamen es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli destacó la labor de consenso aunque marcó algunas disidencias. “La baja de edad por si sola no resuelve nada -advirtió-. Por eso el enfoque es integral con una mirada no punitiva sino socioeducativa. De todas maneras, exigimos que ningún fiscal ni juez pueda aplicar una medida privativa de la libertad hasta tener los institutos adecuados para alojar a menores”.
Desde Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal también anticipó su apoyo, aunque con también con disidencias ante la falta de garantías presupuestarias para la instauración del nuevo régimen. El legislador destacó que el dictamen modifica casi íntegramente el enviado por el Poder Ejecutivo ya que establece una aplicación progresiva y escalonada de penas para los menores delincuentes.
“Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable del Gobierno de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto”, asestó.
Desde Unión por la Patria llegaron las críticas más duras. “Se busca criminalizar al adolescente: frente a un Poder Ejecutivo que desfinancia los presupuestos para la niñez, la educación y la salud, difícilmente este nuevo régimen respete sus derechos. Es un retroceso”, enfatizó Mónica Macha, mientras Natalia Zaracho, del mismo bloque, enfatizó que solo se trata de una bandera electoralista del oficialismo.
Desde Encuentro Federal, tanto Margarita Stolbizer como Natalia De la Sota marcaron también reparos. “El dictamen es desprolijo y contradictorio, además de no garantizar su puesta en marcha en las provincias. Esto explica la cantidad de disidencias que reunió”, advirtió Stolbizer.
“Se pone el foco en la edad de imputabilidad, lo que es un error -dijo De la Sota-. Los adolescentes no son el problema de la inseguridad, lo dicen todas las estadísticas. Hay alternativas al encierro que son más eficaces para alejar a los menores del delito”.
